Guatemala, ha empezado a sentir -en diversos sectores de su
población- la necesidad de poder contar con una legislación
moderna, rápida y justa, especialmente que le permita afrontar los
enormes retos que, palpitan aún en la actualidad, del deterioro
del entorno humano.

Nuestro país, como tantas veces lo hemos señalado, participó en la
Conferencia de Estocolmo, la preservación del medio humano (1972),
y se comprometió por intermedio de la delegación que en tal evento
participara, a adoptar todas las medidas legales e institucionales
para prevenir los efectos dañinos de la contaminaciónambiental.Sin
embargo, no fue, sino hasta el mes de noviembre, al fin, que el
legislador emitiera la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio
Ambiente Decreto 68-86, del Congreso de la República. Con un
verdadero retraso del resto de países hermanos latinoamericanos.
En ese sentido, los decisores políticos de entonces, no pudieron
cerciorarse de que con tal iniciativa ambiental, debía educarse a
la población y a los futuros profesionales -Abogados o no-, en el
conocimiento y manejo de la gestión ambiental y de la moderna
ciencia jurídica del Derecho a un entorno sano. Esa terrible
imprevisión, la venimos padeciendo profundamente en nuestros días:
enfoques desintegrados, decisiones autoritarias, resoluciones
discrecionales y fallos incongruentes con la realidad.
Asimismo, ha persistido, por ignorancia o mala fe, la actitud de
confundir la legislación ambiental casual y sectorial con la
propiamente ambiental; que, en verdad, aún no la tenemos por falta
de leyes actuales ambientales, reglamentos y ordenanzas
municipales ambientales.
En consecuencia, la Academia, algunas universidades como la
Mariano Gálvez y Rural, han incluido en sus programas de estudios
tanto a nivel licenciatura como en maestría, en especial, la
primera citada, la temática de las ciencias jurídicas ambientales.
Lamentablemente, no se ha podido lograr la inclusión equilibrada
de la Ciencia Ambiental, en todos los niveles académicos y de la
enseñanza elemental del país.
Por otra parte, la ausencia de programas de educación no formal,
ha incidido en el conocimiento popular, que sin duda, debiera
poseer el habitante del territorio nacional para prevenir los
daños de la contaminación de nuestro ambiente o entorno humano. La
realidad, es más que elocuente en nuestros días de lo
anteriormente expuesto: ruidos, basura, bocinazos, humo negro,
aguas contaminadas y biodiversidad dañada.
El único avance, sinceramente, ha sido la creación del Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que empezara a funcionar
en el mes de enero del año 2001, con muchos esfuerzos,
incomprensiones y críticas de grupos interesados en dañar toda
acción en pro del mejoramiento ambiental, pues a la fecha no
evidenciamos que tales entidades, velen por una moderna y efectiva
legislación (el resto de países de la región centroamericana ya la
poseen), sino única y exclusivamente, el de intereses particulares
excluyentes de cualquier progreso que pudiera ofrecernos la
moderna tendencia del Derecho Ambiental.

En consecuencia, resulta ilógico y falta de moral, el atacar los
efectos de las modernas disposiciones ecológicas, sin tan siquiera
ofrecer soluciones a la falta de apoyo financiero, estructural y
técnico de una institución que como la ya citada, vino a aglutinar
el funcionamiento de una comisión ya extinguida y que no poseía,
ni por asomo de duda, la reforma legislativa necesaria que las
circunstancias demandaban.

Guatemala, necesita de hijos positivos no negativos.
El pueblo de Guatemala, necesita educarse ambientalmente.
Finalmente, hacemos un nuevo llamado a los señores decisores
políticos -presentes y futuros-, a las organizaciones
ambientalistas, muchas de las que en lo personal integráramos y a
la Sociedad en general, a efecto de que cumplamos con el
imperativo moral de atender seriamente las necesidades urgentes
que a diario vienen demostrando los fenómenos del deterioro y
contaminación del ambiente. La calidad de mejoramiento del entorno
nacional, lo necesita.