Desde el punto de vista de la lucha por los derechos laborales el año 2005 fue un año que se caracterizó por un sinnúmero de sucesos relacionados a la lucha de las reivindicaciones sociales y salariales de las y los trabajadores.

A partir del mes de marzo de 2005 se inició la discusión del salario en Comisión Nacional del Salario Mínimo presidida por el Ministerio del Trabajo, discusión que se alargo durante todo el mes de abril, debido a que las partes trabajadores y empresariales no se ponían de acuerdo, la propuesta de salario mínimo para los trabajadores del sector agropecuario que la Asociación de Trabajadores del campo ATC presentó fue de C$ 1,500.00 (un mil quinientos córdobas) mensuales, más el derecho de alimentación establecido en el artículo 202 del Código del Trabajo, al final los empleadores en conjunto con el Ministerio del Trabajo acordaron un aumento del 15%, dicha resolución no fue firmada por las organizaciones sindicales por considerarlo un aumento irrisorio. Esto significó un aumento al salario de los trabajadores del Campo de cien córdobas mensuales (C$ 100.00), pasando de 669 a 769.35 córdobas, que no cubre ni el 20% del valor de la canasta basica.

De igual manera se realizó una ardua labor por la lucha de la percápita alimenticia del sector agropecuario habiendo avances sustantivos, así como la lucha por el cumplimiento de la normativa del corte de café, que trataremos de explicar en el desarrollo del presente informe, entre otros.

También este año 2005 se caracterizó por la constante violación a los derechos de las y los trabajadores sobre todo en la zona norte de nuestro país, con despidos arbitrarios, así como el desconocimiento de los derechos laborales y sindicales tanto en el norte como en el pacífico mayormente en los departamentos de la región IV (Carazo, Masaya, Granada) y el departamento de Managua.
A pesar que se siente una cierta reactivación del sector agropecuario, de acuerdo al PNUD (Programa de las naciones Unidas para el desarrollo) la PEA del sector agropecuario se calcula en 1,800,000 personas, con salarios promedios por debajo de 2.00 dólares diarios (45.23 dólares mensuales) considerado este sector en extrema pobreza, con una cobertura de la seguridad social de 4.3%.

Podemos analizar que no existe una política de gobierno de tutela coercitiva de los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores y fomento a la producción, poca voluntad de los empresarios en mejorar y diversificar sus productos para garantizar estabilidad laboral y mejores condiciones a las y los trabajadores, no hay recalificación de la mano de obra y no existe interés por parte de los empleadores de garantizar la capacitación a los trabajadores, existe irrespeto a los derechos laborales mínimos, libertad sindical y negociación de convenios colectivos, poca inversión en la salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente laboral, explotación de mano de obra infantil, inestabilidad laboral en todo el territorio nacional, migración masiva de las y los trabajadores (Costa Rica, El Salvador, Honduras) en busca de mejores salarios y Seguridad social, no se ve por ningún lado mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, por lo que existe una desigualdad en la distribución de la riqueza, que se ha concentrado en pocas manos, abriéndose más la brecha entre pobres y ricos.