El clamor de miles de campesinos, por la solución al tema de la propiedad comenzó a ser encausado de manera definitiva hace cuatro años cuando teniendo como base la experiencia del Instituto Jurídico de la Propiedad(IUS), fue integrado por varias organizaciones el Foro de la Propiedad.

El propósito inmediato del foro ha sido la aplicación de la ley 278,sobre la propiedad urbana y rural, que fue producto de un enorme consenso en la Asamblea Nacional, entre las fuerzas más representativas, pero este esfuerzo ha tenido sus limitaciones nos explicó el doctor Francisco López, director Ejecutivo del IUS.

Entre estas dificultades podemos señalar disposiciones que no han sido reglamentadas, situaciones que no están establecidas por la ley, disposiciones que han sido afectadas por la transformación institucional dejando desatendidas las garantías establecidas y la dificultad institucional creada por la misma ley al establecer un complejo sistema de instituciones involucradas en su aplicación lo que redunda en la dispersión de los esfuerzos y recursos del Estado aparejado de mayor dificultad para la gestión de los beneficiarios de la ley, explica López.

Se pueden observar aspectos de orden que inciden en la aplicación de la ley, a nivel interno las principales dificultades económicas que enfrenta el país y la polarización política que determinan el accionar de las instituciones públicas y a nivel externo las presiones políticas por la atención al problema y la exigencia de solución para el aumento de la inversión extranjera.

El foro de la propiedad integrado por el IUS, LA ATC, LA FENACOOP, LA UNAPA, LA UNAG,ARNIG Y LA CENOR, a buscado viabilizar la superación de las dificultades en contradas para ayudar a la solución del tema de la propiedad en el ámbito jurídico y social del país a favor de la población más desfavorecida, pero estos esfuerzos aseguró el doctor López no han sido suficientes, se requiere de un esfuerzo institucional de fondo.

Falta de voluntad política

Le preguntamos a donde estaba el problema y fue categórico en afirmar que la “falta de voluntad política del gobierno del presidente Bolaños”
Explicó, que El IUS, ha creado a un grupo de 78 promotores de la propiedad en todo el país que son líderes comarcales y con vida política en las diferentes organizaciones que conforman el foro, capacitados sobre la ley 278,el orden jurídico vigente y son facilitadores de trámites para agilizar la legalización de las propiedades de cooperativas, individuales y comunidades indígenas.

Organos establecidos en la ley no cuentan con recursos

El doctor López, lamentó que la voluntad del Gobierno por incumplir la ley, lo haya llevado a crear cerca de 14 instituciones y delegaciones en los lugares de mayores conflictos y en donde no tienen ni para el combustible de los vehículos para poderse transportar hacia los interesados.

Puso como ejemplo la Oficina de Titulación Rural (OTR) en Matagalpa y Jinotega donde existe un poco más de 4 mil quinientos casos y en cada delegación laboran un funcionarios y un asistente con una motocicleta pero sin combustible asignado.

En Managua, la Oficina de Titulación Urbana(OTU), paso este año sin coordinador siete meses. Estas instituciones tienen cerca de 35 mil casos en el aire, en una total incertidumbre y que son el principal factor de inestabilidad y estancamiento para el desarrollo económico y de bienestar de miles de familias.

El foro de la propiedad con el acompañamiento técnico del IUS, ha hecho hasta lo imposible por tratar de encontrar vías rápidas a través del Vice ministerio de Hacienda y Crédito Publico(MHCP) pero según el doctor López, una día dicen una cosa, después acuerdan otra y finalmente no hace nada y en ese ir y venir de reuniones y conversaciones y aparentes motivaciones de solución, el tiempo transcurre y la verdadera respuesta se estanca.

No se estanca por falta de recursos si no de voluntad política ya que los recursos existen y se refirió al proyecto de la propiedad del Banco Mundial (PRODEP), inicio hace dos años con 45 millones de dólares, para el ordenamiento de los registros, se trata de un préstamo que pagaremos los nicaragüenses pero nadie sabe que han hecho con ese dinero.

Asegura que como foro de la propiedad de quienes han tenido receptividad en su preocupación, es por la Asamblea Nacional en particular se han reunido en reiteradas ocasiones con la comisión de Propiedad y Reforma Agraria creo advirtió, por esta vía si puede darse una respuesta final

Despegue, comienza al resolver conflictos de la propiedad

Sin duda hay que crear una nueva institución que centralice los esfuerzos y le dé una nueva velocidad a los tramites de legalización
Un Instituto de la Propiedad, es valedero para dar estas respuestas.
El doctor López, comento que a pesar que la ley 278, tiene algunos pegones es una buena ley lo que hace falta es su reglamento ya que el actual tiene cinco articulo pero no dicen nada.

El equipo de especialistas en derecho con los que cuenta el IUS, ya tienen listo un anteproyecto de ley para ser presentado al parlamento nicaragüense y sea sometido al escrutinio de los diputados

Este anteproyecto de ley contempla un plazo de tres años para la titulación y solución de conflictos, le designa papeles precisos a los funcionarios y establece mecanismos para la agilización.

Campesinos urgidos de estabilidad

La ATC, es parte activa de estas propuestas y respaldamos una solución definitiva al conflicto de la propiedad como respaldamos a todos los campesinos que están en posición de tus tierras con títulos de reforma agraria y sin ellas como a los que tienen la tierra bajo contratos suscritos en estos ultimes diez años con instituciones del Estado bajo promesas de titulación definitiva.

Pero a la vez compartidos el criterio de propiedad sobre la tierra, propiedad familiar y a nombre de la mujer comentó José Adán Rivera Secretario de Organización de la ATC.

A la vez dijo que la ATC, esta de acuerdo en que el gobierno tenga que indemnizarle a los confiscados sobre una base razonable que no deje grandes compromisos a la deuda interna con la banca nacional

Pero que a los confiscados debe el gobierno revisarles sus hipotecas ya que muchos de ellos siguen reclamando sus propiedades y hasta el lucro cesante o lo que han dejado de percibir, pero hace años sus propiedades las perdieron por que no pagaron o ya fueron indemnizados por gobiernos anteriores.