“Mientras los cinco permanezcan en las cárceles, no habrá justicia y seguirá el terrorismo”

2005-11-03 00:00:00

Luego de culminado el panel sobre Militarización y Terrorismo realizado este miércoles, se llevo a cabo una conferencia en el Centro de Prensa del Estadio Polideportivo de Mar del Plata que contó con la presencia de Camille Chalmers de Haití, Deborah James de la organización Global Exchange de Estados Unidos y de Olga Salanueva y Carlos Permuy, integrantes de la delegación de Cuba a la III Cumbre de los Pueblos, victimas del terrorismo desplegado sistemáticamente por Estados Unidos sobre la isla.

Carlos Permuy es hijo de Manuel Permuy, quien fuera el jefe de la delegación del equipo juvenil de esgrima que viajaba “en el avión que fue explotado en pleno vuelo en las costas de Barbados con 73 personas a bordo el 6 de octubre de 1976. Las 73 personas fallecieron en ese atentado”.

Olga Salanueva es esposa de René González, uno de los cinco patriotas cubanos detenidos en Miami, que narró la experiencia que vive junto a los otros familiares que desarrollan una actividad intensa para denunciar y dar a conocer las circunstancias del proceso penal que fue realizado en primera instancia en la ciudad de Miami.

“Son cinco historias, son madres que tienen bastantes años y que deben recorrer el mundo para buscar justicia y apoyo, que no les dejan ver normalmente a sus hijos; se trata también de parejas, y se trata de hijos que crecen sin sus padres”.

“En 46 años de revolución, el imperialismo norteamericano no ha cesado en su agresión constante contra nuestro pueblo. Yo solo soy una víctima mas”, puntualizó Permuy.

“En esta política de Estado de los Estados Unidos contra Cuba, hay una figura que es clave como Luis Posada Carriles, que es uno de los autores intelectuales del atentado de Barbados, que vivió libre en Centroamérica cobijado por los peores regímenes de El Salvador, y Honduras y que hoy se encuentra preso en El Paso, Texas, acusado no de terrorismo como correspondería, sino simplemente por entrada ilegal al territorio de los Estados Unidos”. Este connotado terrorista, es prófugo de la justicia venezolana, ya que por medio de sobornos escapó de la cárcel donde cumplía condena como autor intelectual de la voladura del avión civil que fue derribado por una bomba junto a las costas de Barbados en 1976, por lo que Venezuela ha solicitado al gobierno norteamericano la extradición en virtud de acuerdos bilaterales y de las normas internacionales vigentes, sin embargo la administración Bush que se dice en guerra contra el terrorismo, esta de hecho protegiendo a este criminal terrorista y no ha dado debida respuesta a la solicitud venezolana.

Salanueva por su parte describió las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que el sistema judicial y el gobierno estadounidense en general han aplicado a Antonio Guerrero, René González, Fernando González, Gerardo Hernández y Ramón Labañino.

“Desde 1998 guardan prisión estos luchadores contra el terrorismo. En estos siete años los familiares nos hemos dedicado a recorrer todos los escenarios posibles para denunciar esta injusticia. Ellos fueron sometidos a un juicio ilegal y condenados a largas penas, incluida la cadena perpetua”.

Luego de la detención del 12 de setiembre de 1998, “los cinco” debieron esperar dos años para que se iniciara el proceso penal, lapso durante el cual permanecieron año y medio en celdas de castigo sin haber cometido ningún tipo de indisciplina. Las normas carcelarias de Estados Unidos disponen hasta 60 días de aislamiento para los actos de indisciplina.

Otra de las graves irregularidades del proceso fue que el juicio se desarrolló en la ciudad de Miami, a lo que los abogados defensores denunciaron desde el inicio del proceso que no existían garantías de un juicio justo en un lugar con tantos prejuicios y rechazos hacia Cuba.

“No obstante la jueza negó el cambio de sede, cosa que es práctica del derecho y la normativa judicial norteamericana cuando se descubre que existen prejuicios y no hay garantías de determinar un jurado imparcial”.

Las sentencias fueron apeladas luego de una espera de tres años, y nuevos jueces, esta vez de la ciudad de Atlanta –Estado de Georgía- anularon el juicio y revocaron las sentencias. “Nosotros pensábamos que ellos venían ya en libertad, pero los vericuetos del sistema legal hace que tengamos que esperar el resultado de la apelación que la Fiscalía interpuso” dijo Olga Salanueva.

En este momento, con antecedentes contundentes de organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que declaró favorablemente a los reclamos de las familias de los detenidos y solicitó que le fueran reparados los daños causados, la situación se sigue explicando en base al atropello que Estados Unidos despliega sistemáticamente contra los pueblos que se le resisten.