Carta abierta de los movimientos sociales urbanos a los ministros de vivienda y urbanismo de América Latina y el Caribe

XV Asamblea General de MINURVI (Montevideo, 4-6 de octubre de 2006)

Señores Ministros:

La mayoría de los Estados de nuestro continente han firmado convenios y tratados mediante los cuales se han comprometido no solo a satisfacer la necesidad de vivienda e infraestructura a sus habitantes, sino a cumplir y hacer cumplir el Derecho a la Vivienda, considerado como un Derecho Humano Fundamental para todos los habitantes del planeta. Tales compromisos se han reiterado en muchas cumbres y eventos, incluso en los más recientes resientes, como es el caso junio del presente año, cuando se cumplieron 30 de la Primera Cumbre Mundial de Hábitat, realizada en Vancouver, Canadá, así como 10 años de Hábitat II, llevada a cabo en Estambul Turquía. Otra ha sido la Declaración de los Objetivos del Milenio donde se establece crear alojamiento seguro para unos 100 millones de personas viviendo en la calle, lo que según estudios en vez de cumplirse amenaza con crecer hasta 700 millones para el 2020.

Es decir, no obstante todos estos compromisos internacionales, desde entonces a la fecha mucha agua ha corrido bajo los puentes del Derecho a la Vivienda. Veamos a la luz de los hechos, que tales objetivos no se han cumplido: abandono de los Estados de las políticas habitacionales populares a favor de los sectores inmobiliarios y financieros, la persistencia de los desalojos forzosos en numerosos países los cuales son ejecutados a veces de manera directa por los propios gobiernos o en complicidad con sectores inmobiliarios, casos denunciados constantemente en varios países (ejemplo, República Dominicana); aumento de la inseguridad de la vivienda, costes del alojamiento no soportable, empeoramiento de la calidad de vida urbana.

Los movimientos sociales del continente tenemos una lectura sobre las causas que producen esta inseguridad para la vida humana en nuestros países, y quisiéramos compartirlas con ustedes, hoy que algunos gobiernos de nuestro continente asumen posiciones a favor de contribuir a solucionar situaciones como las enunciadas. Veamos:

Causas:

• las políticas implementadas por la mayoría de los gobiernos del continente ha estado al servicio de las orientaciones desacertadas de los organismos internacionales (Banco Mundial, BID, FMI, TLCs) las cuales dan la prioridad al pago de la deuda externa, para cuyo servicio se destina en promedio en cada uno de nuestros países algo más del 25 por ciento de los presupuestos nacionales, lo cual impide que los presupuestos nacionales sean un instrumento al servicio del desarrollo de nuestros pueblos;

• las inversiones especulativas en el sector urbano, la construcción de grandes infraestructuras a modo de megaproyectos como el Plan Puebla Panamá, por ejemplo, la agresión turistico-imobiliaria a la naturaleza (el modelo de turismo de arena, playa y cruceros), financiadas principalmente por inversiones extranjeras;

• las migraciones internas e internacionales debido a la destrucción de los pueblos originarios por la monocultura agrícola y el sector de pesca industrial;

• el abandono del Estado de bienestar social por procesos de privatizaciones y liberalizaciones del sector inmobiliario, de la renta y los servicios básicos;

• los factores geopolíticos de distinta naturaleza que se dibujan en América Latina, como las guerras internas (principalmente Colombia y México en Chiapas y ahora Oaxaca) y el bloqueo económico de Cuba, la presencia de la narcopolítica entre otras.

Los resultados de la llamadas políticas de hábitat de los gobiernos de nuestro continente, en lo fundamental han tenido como orientación básica el modelo neoliberal, que han privatizado el mercado del suelo y la vivienda oficiales. Cuyos impactos a todas luces, nuestras ciudades, muestran una realidad que topan, con una inexorable barrera social, económica, racial y de genero excluyente. Los programas de vivienda oficiales, han tenido como interlocutor esencial al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos créditos se han orientado a los sectores medios y altos, excluyendo de los mismos a los sectores pobres de la ciudad.

Quienes se han visto obligados a resolver sus problemas de vivienda a partir de sus propios esfuerzos autogestionarios, siendo la autoconstrucción la experiencia practica de producción social del hábitat. Configurando con ello, los rostros de la ciudades en el continente.

Sinceramente les decimos que si los gobiernos cifran su atención fundamental por los habitantes y no por seguir profundizando una deuda social a la cual han contribuido a aumentar significativamente estos organismos internacionales, resulta fundamental revisar críticamente dichas políticas implementadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Conviene, en consecuencia oír a la voz de los sin voces, los habitantes humildes que reclaman por todas partes el cumplimiento de los compromisos asumidos en los eventos internacionales antes mencionados, entre ellos la Meta del Milenio n. 7-11, y respecto a su propia legislación en unos casos, y crearlas, en otros, para garantizar un lugar seguro donde los habitantes puedan vivir en paz y con dignidad.

Ante esta acuciante realidad de pobreza y exclusión derivada del neoliberalismo, los movimientos sociales urbanos del Continente, nos dirigimos a ustedes los participantes en la XV Asamblea de Ministros de Vivienda de los Gobiernos de América Latina y el Caribe en los términos siguientes:

Un Enfoque Humano sobre el Derecho a la Vivienda y el Hábitat:

• La puesta en práctica de nuevas políticas sociales de vivienda y hábitat, orientadas a resolver los acuciantes problemas de acceso a la vivienda digna dejando de lado las orientaciones neoliberales que privatizan las políticas de viviendas.

• Como relato de lo anterior, resulta indispensable en primer lugar, fortalecer los procesos de integración regional y subregionales, como la Comunidad Sudamericana de Naciones, el MERCOSUR, la Comunidad Andina, el CARICOM, así como, la no suscripción de los TLC que promueve el Gobierno de los Estados Unidos, habidas cuentas de las graves consecuencias que acarrea para la vida de nuestros pueblos.

• En este camino, los Gobiernos Locales, Regionales y Estaduales, están llamados a jugar un rol fundamental en la construcción de condiciones de justicia social para nuestros pueblos. Ello requiere superar las trabas del centralismo y el control por parte de los Gobiernos nacionales. Por tanto deben contar con una verdadera participación social y los fondos necesarios para que puedan ejercer sus funciones de verdaderos representantes de la ciudadanía en los espacios locales, particularmente impulsando los presupuestos participativos.

Conscientes de la importancia de la XV Asamblea de Ministros de Vivienda de América Latina y Caribe, demandamos de uds. un compromiso responsable frente a la grave problemática de la vivienda y el hábitat, para lo cual les proponemos la siguiente Plataforma:

1. Reconocer irrestrictamente el Derecho Humano a la Vivienda, establecido por el art. 11 del Pacto Internacional de los Derecho Economicos, Sociales y Culturales, en acuerdo con los Comentarios generales n. 4 y 7; el art. 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos ratificada por todos los países de América Latina y el Caribe, y el apoyo a la toma de palabra de los habitantes, los verdaderos hacedores de la ciudades, a los intercambios de experiencias y el partenariado.

2. Aprobar la Carta del Derecho a la Ciudad anexada a la presente

3. Declarar la moratoria continental de los desalojos, a través de:

• la institucionalización de los territorios “Libres de Desalojos”;

• el bloqueo de las inversiones nacionales o extranjeras en infraestructura y especulativas que provoquen desalojos sin reubicación digna y concertada;

• apoyo de la cooperación internacional a procesos de paz con justicia en los territorios de guerra.

4. Formular y adoptar planes de desarrollo barrial, municipal y metropolitanos de forma participativa que garanticen el acceso a la tierra urbana al conjunto de los y de las ciudadano/nas

5. Establecer Mesas de concertación de suelo y vivienda a nivel local, nacional y regional para:

• la regularización y la titulación no especulativa de la tenencia de la tierra;

• el desarrollo de planes por la vivienda social pública y cooperativa basados en el principio de la casa como derecho humano;

• la puesta en marcha de políticas de vivienda social;

• la constitución de Fondos Populares por la Tierra y la Vivienda financiados por la cancelación de la deuda exterior, que contribuyan a dar seguridad del suelo y la vivienda a los habitantes;

• el reasentamiento acordado y digno, pago de indemnización a las comunidades movilizadas, inclusas las afectadas por desastres.

6. El bloqueo de las liberalizaciones del sector inmobiliario, la privatizaciones de los recursos naturales hídricos y de las empresas publicas de servicios.

Señores Ministros:

Nos dirigimos a cada uno de ustedes y a ustedes en conjunto ofreciendo estas reflexiones y propuestas sobre las que estamos disponibles a confrontarnos y a colaborar posteriormente.

Tenemos confianza en la abertura de este diálogo y quedamos a la espera de vuestras respuestas, individuales y colectivas, sobre las que definiremos nuestra actitud y las iniciativas que asumiremos en los distintos países y a nivel continental.

Atentamente

Cesare Ottolini
coordinador AIH

ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES
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