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En Guatemala los grupos de poder, a través del gobierno actual, pretenden modificar la Constitución Política de la República para favorecer sus intereses y consolidar su poder. No existe otra lectura posible. Seis meses han sido suficientes para comprobar que este gobierno está al servicio de los sectores con poder, y en contra de los intereses de la gran mayoría de guatemaltecos. Este gobierno pro militar y servil a la oligarquía conservadora y emergente, carece de legitimidad para emprender un proceso de reformulación de la norma fundamental en la que se sustenta este Estado.
Reformar la constitución requiere de un gran acuerdo que establezca los mecanismos para que la voz de todo el pueblo  sea escuchada. También requiere de gobernantes que tengan la legitimidad y visión de ser incluyentes. El gobierno del general Otto Pérez ha demostrado ser solo un operador político del poder económico, que nos presenta una propuesta de reformas a la constitución parcializada y emanada desde la “soberbia del poder”.
Su principal argumento es que “el Est