Nos hemos dado un compás de espera antes de pronunciarnos sobre el golpe de estado en la hermana República del Paraguay, para observar la forma en que los actores nacionales y la comunidad internacional se pronunciaban y actuaban. Teníamos la esperanza de que más que condenar un nuevo rompimiento de la democracia en América Latina, pudiésemos celebrar la derrota del golpe por parte del pueblo paraguayo y los países decididos a detener, para siempre, los intentos de opresión de las sectores dominantes y la intervención extranjera.
 
Nos queda claro que el pueblo paraguayo ya se ha pronunciado: una manifestación de más de 80,000 personas exige el retorno del presidente constitucional Fernando Lugo. También nos damos cuenta que los principales países de América del Sur han manifestado su rechazo al gobierno ilegítimo que se ha establecido. Lamentablemente, también observamos el silencio cómplice de los Estados Unidos y la tibieza de la Unión Europea, así como los culipandeos de gobiernos de la derecha de la región latinoamericana. El Presidente Obama genera la duda generalizada de que su país está detrás del golpe, por intereses económicos de las empresas estadounidenses, como la Monsanto, e intereses geopolíticos, más peligrosos aún, de querer contener los procesos políticos de independencia, soberanía y desarrollo propio de América del Sur.
 
La Unión Europea pretende no entender que un sistema presidencialista, como los de América Latina, no se puede manejar en la forma parlamentaria que ellos han decidido para sus países. En esos países, según sus constituciones, el Parlamento puede cambiar al Primer Ministro al emitir un voto de desconfianza. Esto es así porque el Primer Ministro no es electo por el pueblo sino por los propios parlamentarios; y, aún así, la remoción del Primer Ministro obliga a la elección de un nuevo parlamento. En el sistema presidencialista, por ser el pueblo el que elige al mandatario, solamente el pueblo puede quitarlo. El Congreso, particularmente en este caso en que dicho órgano se encuentra sumido en la corrupción y el juego politico con intereses mezquinos, no puede atribuirse la potestad de destituir al Presidente de la República. Éste hecho es tan intolerable, como el golpe militar en Honduras de meses recientes.
 
Debe respetarse la democracia en la región, porque no se puede aplicar el doble rasero de que esta fórmula es aceptable cuando conviene a los intereses de los poderosos, nacionales y extranjeros, y es descartable cuando los sectores mayoritarios la utilizan para buscar mejoras mínimas a su condición o para oponerse a la rapiña externa. En esta ocasión, los grandes países de América del Sur deben trazar la línea: debe producirse y mantenerse la expulsión del Paraguay de todas las instancias de funcionamiento internacional en que se le ha permitido estar, en tanto se irrespete la voluntad popular. En el caso de Honduras, estos países sudamericanos fueron llamados a engaño por los Estados Unidos y el resultado ha sido la muerte violenta de muchísimos líderes y militantes de la Resistencia, aún a manos de soldados estadounidenses, y condiciones cada vez peores para el puebo hondureño. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, ojalá que respaldados por Chile, Colombia, México y Centroamérica y el Caribe, no pueden permitir la salida de este nuevo zarpazo antidemocrático mediante “procesos democráticos” después del golpe, como en Honduras con la elección de un nuevo presidente. Después de todo, no debe resultar extraño que, Honduras y Paraguay, dos países que propiciaron la apertura de la región latinoamericana a Cuba, hayan pagado semejante audacia con el derrocamiento de sus gobernantes. Hay que parar ya “la caída del dominó” y defender a América de la intervención foránea.
 
Nueva York, 26 de junio de 2012
 
Red Por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)