El Congreso de Estados Unidos aprobó la renovación automática del ATPDEA por seis meses, con la posibilidad de prorrogarlo por otros seis meses si antes de junio de 2007 los Congresos de ambos países han aprobado el TLC, con lo cual estarían dando el margen para tener preferencias mientras entra en vigencia a partir de enero de 2008. Esta decisión fue adoptada por 212 votos a favor y 184 en contra. Dentro de los 212 hay 120 republicanos y 92 demócratas y entre los 184 que la rechazaron hay 87 republicanos, 96 demócratas y un independiente. Entre los que votaron a favor están los demócratas Charles Rangel y Nancy Pelosi que en la próxima legislatura jugarán un papel clave en el establecimiento de la agenda legislativa del Congreso de EEUU. (Rangel y Pelosi votaron en contra del Cafta, pero a favor del TLC con Chile). La votación fue una especie de solución de compromiso pues tiene ingredientes que reflejan la posición demócrata como el hecho de no retirar estas preferencias a Ecuador y Bolivia y dar facilidades comerciales a Haití y la prórroga del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) hasta finales de 2008 y contiene otros aspectos defendidos por los republicanos como aprobar la prórroga solamente por seis meses e intentar presionar con ello tanto al Congreso norteamericano como al colombiano para acelerar la aprobación del TLC.

Al día siguiente de la votación el demócrata Charles Rangel declaró que a comienzos de la próxima legislatura intentaría aprobar una renovación del ATPDEA por mayor tiempo y no condicionada a la aprobación de un TLC, lo cual, de lograrlo implicaría un congelamiento de el trámite de este Tratado por uno o dos años. Los demócratas por su parte han señalado que en su agenda del primer semestre no está contemplado el estudio de los temas comerciales, cosa bastante improbable pues el Congreso deberá estudiar antes de junio la ley de aprobación de tratados comerciales por la vía rápida que expira a mediados de año.

Importantes voces demócratas han señalado que se deberán renegociar capítulos del TLC, especialmente el laboral. En estas condiciones la situación seguirá indefinida hasta mediados de enero cuando los demócratas presenten su plataforma legislativa, pero la suerte del TLC en Estados Unidos es incierta y la incertidumbre se prolongará por lo menos durante el primer semestre, a menos que Bush insista en la aprobación del TLC con Perú y Colombia y los demócratas se transen. La composición del nuevo Congreso de mayoría demócrata en ambas cámaras dificultará aún más el trámite de nuevos TLC, pero no hay que olvidar que todos los demócratas que votaron a favor del Cafta fueron reelegidos y muchos de los que desplazaron a los republicanos son demócratas conservadores.

El ATPDEA ya no es una compensación por los esfuerzos hechos por Colombia en la lucha contra los cultivos ilícitos. Si fuera así, se otorgaría en forma indefinida y unilateral. Su verdadera naturaleza es la de ser un instrumento de chantaje y de presión para la adopción de un TLC. Lo cierto es que los exportadores colombianos con este mecanismo se ahorran máximo 100 millones de dólares y ni aun así tienen asegurada su permanencia en el mercado de EEUU pues la revaluación y la competencia de otros países han dificultado las exportaciones a Estados Unidos. Colombia solamente exporta 200 de los 6.000 productos que abarca este mecanismo y el 70 por ciento de lo que cubre el mecanismo es petróleo y sus derivados, el 10, 7 de lo exportado bajo ATPDEA son flores y 8,3 son confecciones. Es evidente que todos estos sectores no proporcionan los 600.000 empleos de los que habla el gobierno.

Uribe, en lugar de esperar que se defina la situación en el Congreso norteamericano, ha decidido citar al Congreso a sesiones extraordinarias y acelerar la aprobación del TLC por parte del Congreso para, en una muestra de su permanente docilidad, asegurar la prórroga a partir de junio de una nueva renovación del ATPDEA por seis meses más, mientras se clarifica el panorama en Estados Unidos con lo cual la situación para Colombia sería la aceptación total e indefinida del TLC, a cambio de una renovación por seis meses más del ATPDEA. Ni al peor de los negociantes se le ocurre una transacción tan asimétrica, a menos que le este haciendo el negocio no a los colombianos sino a los gringos.

El escenario para la población colombiana es claro. Uribe no se detiene ni un instante en su propósito de entregar la soberanía, la producción y el trabajo nacionales y no le importa que en EEUU el TLC naufrague. Por otra parte la aceleración de las privatizaciones de importantes bienes públicos y los cambios normativos que se planean, son un regalo adicional y sin contraprestación que el gobierno otorga a las empresas multinacionales.

La decisión gubernamental de acelerar el trámite en el Congreso colombiano y culminarlo durante el primer semestre del año entrante ratifica la postura claudicante de Uribe y amerita una vasta protesta popular. El año entrante será un año de lucha, donde el movimiento social tendrá que jugársela en defensa de la soberanía nacional.

Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca
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Bogotá, diciembre 18 de 2006