En medio de una
serie de multitudinarias manifestaciones de descontento y rechazo de
varios sectores organizados del país, el presidente
guatemalteco Oscar Berger tomó el mes pasado la decisión,
que Plataforma Agraria señaló como “autoritaria”,
de ratificar la aprobación que ya había hecho el
Congreso de la República al Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos.
El
TLC es parte del “paquete” negociado, en el 2003,
apresuradamente y a espaldas de la mayor parte de las organizaciones
de la sociedad civil a excepción de las empresariales, entre
Estados Unidos y cinco naciones centroamericanas. En las últimas
rondas de negociación se unió República
Dominicana.
Para
Plataforma Agraria la entrada en vigencia del TLC tendrá
serias implicaciones en el modelo de sociedad de Guatemala, porque
refuerza una estructura productiva agro-exportadora primaria que ha
permitido el crecimiento económico pero con el costo de
mantener a la mayoría de la población alejada de las
posibilidades del desarrollo económico y social.
El
TLC tiene implicaciones más allá del comercio porque
regula las inversiones, los derechos de propiedad intelectual y la
solución de controversias, abre el sector de los servicios y
las compras gubernamentales, que redefinen muchas de las
orientaciones del Estado guatemalteco. Por lo anterior, el TLC es un
instrumento jurídico que dará paso a la pérdida
de facultades soberanas y refuerza “las reformas económicas
basadas en el mercado”[1].
Es ampliamente conocido que estas medidas han provocado la ruina de
las economías campesinas y de pequeños productores en
los países signatarios del NAFTA (North American Free Trade
Agreement) y privilegiado las ganancias y procesos de fortalecimiento
de empresas transnacionales en México, Estados Unidos y
Canadá[2].
1.
La base económica que se fortalece
Estados
Unidos es el segundo principal destino de las exportaciones de
productos guatemaltecos. Los productores han aprovechado los marcos
de tratamiento comercial especial como la Iniciativa de la Cuenca del
Caribe, el Sistema Generalizado de Preferencias y la Ley de
Asociación Comercial para la Cuenca del Caribe para sumar, a
partir de la década de los 90s, a los tradicionales banano,
café y azúcar (que en el 2003 se constituyeron en un
37.5 % de lo exportado a ese país) el vestuario maquilado, así
como algunas frutas y legumbres.
La
estructura productiva de las llamadas “exportaciones
tradicionales” del país está basada en la
permanencia de extensos latifundios (0.15% de los propietarios posee
un 70% del área agrícola cultivada según cifras
oficiales), bajos salarios (menos de US$4 diarios) y la venta de
productos con escaso valor agregado a pocos países que cuentan
con marcos comerciales oligopólicos o monopólicos.
Mientras que la mayoría del resto de productos, especialmente
los alimentos básicos, se producen en unidades productoras
campesinas minifundistas o en medianas propiedades con problemas de
acceso a crédito, tecnología, información de
mercados o técnicas administrativas que les permitan
aprovechar el mercado externo.
La
maquila textil está dominada por empresas de capital
extranjero (60% de las 350 empresas son coreanas) que trabajan sin
pagar impuestos (tienen una exoneración de 10 años al
pago del Impuesto Sobre la Renta y otras cargas impositivas) en
regímenes de trabajo intensivo y reiteradas violaciones a los
más elementales derechos laborales[3].
Esta
base productiva generó décadas de crecimiento económico
cuyos beneficios se concentraron en una pequeña porción
de la población, ya que mientras el valor de la producción
se multiplicó por 4.5 entre 1950 y 1980, la pobreza se
expandía en el país del 60% en 1960, a un 79% en 1980,
llegando a acumular al final de esa década un 87%[4].
2.
TLC: más de lo mismo
En
términos de posibilidades de exportación para la
economía guatemalteca el TLC con Estados Unidos no significa
cambios importantes. Los beneficios comerciales son prácticamente
los mismos que se tenían con los sistemas preferenciales
arancelarios, pues se consolidó el acceso inmediato del 99.4%
de las exportaciones a ese país, agregándose productos
como el vidrio, calzado, atún y tabaco. En el caso del azúcar
no se logró eliminar el arancel, solamente una cuota
adicional. Para la maquila textil se estima que los acuerdos
alcanzados sólo le servirán para sobrevivir frente a la
apertura del mercado mundial del 2005 y el esperado crecimiento de
gigantes mundiales como China e India (que esperan acaparar
conjuntamente un 65% del mercado mundial de vestuario y textiles)[5].
Si
se analiza la distribución del ingreso entre los diversos
agentes económicos a lo largo de la cadena de comercialización
de cada producto se llega a la conclusión de que los más
favorecidos con las nuevas preferencias arancelarias acordadas en el
TLC, son una serie de empresas estadounidenses y otras nacionalidades
que operan en Guatemala y el resto de la región, ya sea
produciendo con altos niveles de componentes importados (la maquila
textil) o comercializando productos agropecuarios de escaso valor
agregado.
El
fenómeno se repite con cada uno de los productos que se
analiza. Con el café el productor directo sólo recibe
un 3% del precio final al consumidor, mientras que el comercializador
tostador se queda con un 90% del ingreso que se genera[6].
En los productos no tradicionales (base de la estrategia de
crecimiento económico del actual gobierno) resalta el caso del
melón, del que el 75% del precio final es apropiado por la
empresa distribuidora (transnacionales Dole o Chiquita) y al
productor directo le corresponde un 1%. El ramo de la maquila no
escapa de esa lógica, ya que diversos estudios han documentado
que el margen de ganancia del capital transnacional invertido en el
país es superior al 40%[7]
(50% sobre ventas según un estudio de AVANCSO)[8].
Así
pues, los beneficios de un eventual aumento de exportaciones a
Estados Unidos promovido por el TLC recaería mayoritariamente
en empresas transnacionales, por un lado, y en menor grado en los
latifundios productores que aprovechan su gran extensión y
poder político para imponer a sus trabajadores condiciones de
expoliación con jornadas laborales extensas y salarios
insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. De ahí
los altos índices de pobreza en el país que reflejan
las carencias de la población.
Ese
fenómeno se reproduce a nivel de toda la economía del
país, pues según las cifras del Banco de Guatemala, el
monto de las ganancias empresariales ha absorbido históricamente
entre un 55% y un 60% del total del ingreso nacional, mientras que la
proporción correspondiente a los salarios se ha mantenido en
alrededor de una tercera parte del mismo[9].
3.
Mientras se fortalece el latifundio y se consolida el capital
transnacional la economía campesina es devastada
Aunque
las negociaciones excluyeron la desgravación del maíz
blanco para el caso de las importaciones a Guatemala, el resto de
granos básicos y productos agropecuarios estadounidenses
ingresarán al mercado nacional tarde o temprano para competir
con la producción local (incluso el maíz blanco
estadounidense podrá entrar en ese marco de competencia debido
al llamado efecto triangulación causado porque Costa Rica dejó
libre el ingreso de ese producto que podrá llegar así
al resto de la región).
El
problema básico reside en que el TLC estará poniendo al
mismo nivel de competencia a dos sectores productivos con estructuras
y condiciones totalmente disímiles. Por un lado, al productor
agro-comercial estadounidense que cuenta con medianas y grandes
extensiones de tierras planas y fértiles, aptas para el
cultivo intensivo, acceso a crédito bancario con bajos
intereses, producción tecnificada y mecanizada con una alta
productividad y el apoyo del gobierno Federal a través del
subsidio agrícola de 21 mil dólares anuales por
productor. Por el otro lado, están los aproximadamente 800 mil
productores guatemaltecos de granos básicos, la mayoría
de ellos pequeños y medianos, que se caracterizan por tener
parcelas pequeñas en terrenos cuya vocación no es
agrícola sino forestal, producen con técnicas
tradicionales sobre la base del uso de fuerza humana, con alguna
posibilidad de acceso al crédito usurero y sin ningún
apoyo gubernamental.
Sólo
el efecto de los subsidios a la exportación estadounidense
provoca que su maíz se venda a un 20% por debajo de su costo
de producción, condiciones bajo las cuales no puede competir
el campesinado nacional[10].
Estas desventajas proyectan que con el TLC el sector agrícola
estadounidense ampliará sus exportaciones en US$1 mil millones
anualmente[11],
beneficiando con ello principalmente al 10% de fincas estadounidenses
más grandes. El panorama que se vislumbra sobre la base de esa
información es de devastación para la producción
campesina e indígena de Guatemala, que es la que concentra los
mayores índices de marginación en el país[12].

El
caso del maíz es especialmente dramático si se
considera que es el principal producto alimenticio y generador de
empleo a nivel nacional, pues su proceso de desgravación causó
en sólo los primeros 10 años (entre 1990 y 2000) un
aumento de las importaciones de un 450% y una caída de la
producción de alrededor de un 17%. El trigo también
sirve de ejemplo, pues luego de ser el noveno mayor productor de
América Latina en los años 60, la entrada del producto
estadounidense altamente subsidiado, permitido por la eliminación
de cuotas a la importación, causó la quiebra de más
de 30 mil micro y pequeños agricultores en los que descansaba
el grueso de la producción.
La
amenaza se extiende al total de productores de granos básicos
constituidos fundamentalmente por economías campesinas
dedicadas a cubrir las necesidades de su subsistencia y en menor
medida la demanda de mercados locales, regionales y nacionales. Se
trata, según la Coordinadora Nacional de Agricultores de
Granos Básicos (CONAGRAB), de una actividad de la que dependen
800 mil productores directos que a consecuencia de la desgravación
arancelaria iniciada en el año de 1990 vienen dejando de
cultivar unas 250 mil hectáreas anuales, lo que redunda en la
pérdida de 240 mil jornales anuales del total de alrededor de
51 millones que se generaron en el año 2000[13].
4.
La experiencia del NAFTA
La
quiebra de la economía campesina y de pequeños
productores es ya una realidad a consecuencia de un instrumento
similar: el NAFTA, vigente desde hace 10 años entre Canadá,
Estados Unidos y México.
En
Canadá se reporta desde la entrada en vigencia del NAFTA una
drástica caída de los ingresos de los granjeros y
endeudamiento agrícola a causa de la sustitución de
alimentos de cultivo nacional por productos agrícolas
importados que somete al granjero canadiense a los bajos precios y
alta volatilidad de los mercados de exportación, aún
cuando la balanza comercial agrícola sigue positiva y
crece[14].
En
los Estados Unidos la agricultura familiar está resintiendo
una caída de los precios reales de los granos de hasta un 20%,
a la par que se redujeron drásticamente los programas
nacionales de mantenimiento de precios, préstamos y otros que
hacían económicamente factible la economía
familiar en el país, al protegerla de los caprichos de los
especuladores y amortiguar las inciertas fluctuaciones del mercado.
La crisis de la producción agrícola familiar es tal que
el Congreso ha tenido que asignar subsidios agrarios de emergencia,
todos los años desde que el NAFTA entró en vigencia, en
forma de leyes de socorro financiero masivo. Aún con ello más
de 33 mil granjas de pequeños y medianos agricultores han
desaparecido en el período de vigencia del acuerdo comercial.
En
México millones de campesinos se vieron obligados a abandonar
las pequeñas parcelas que aseguraban el sustento familiar para
emigrar a las ciudades o a Estados Unidos, ante la imposibilidad de
competir con las agro-exportaciones estadounidenses que han aumentado
en más de un 100% durante la vigencia de NAFTA, causando el
desplome de los precios de los granos básicos mientras el
costo de la canasta básica se incrementó en un 257%.
Desde esta perspectiva resulta dramático el caso del maíz
pues, aunque NAFTA daba 15 años para la introducción
paulatina de importaciones del grano, el gobierno mexicano abrió
el mercado en dos años. Se vendían toneladas de maíz
importado por menos del precio mínimo que el agricultor
mexicano recibía antes de que el NAFTA inundara su mercado.
Sólo entre 1994 y 1998 se proyecta que 15 millones de
cultivadores mexicanos dejaron sus tierras.
La
contra-cara la presentan muchas agroindustrias que operan en América
del Norte que aprovecharon los nuevos derechos de acceso al mercado
para productos agropecuarios y la protección que el NAFTA dio
al inversionista para comenzar a consolidarse rápidamente. Las
enormes fusiones de agroindustrias como Smithfield Foods y Murphy
Family Faros, o como la mayor productora de aves Tyson Foods con la
refrigeradora de carnes IBP, son ya una realidad de la era del NAFTA.
La agroindustria ha podido crear nuevas plataformas exportadoras que
ponen en conflicto entre sí a agricultores de Estados Unidos,
Canadá y México en la lucha por sobrevivir a medida que
los precios al productor siguen en baja. Mientras el número de
agricultores independientes se redujo entre 1993 y 2000, los gigantes
agroindustriales como ConAgra y Archer Daniels Midland obtuviron
ganancias importantes. De 1993 a 2000, las utilidades de ConAgra
aumentaron 189%, mientras las de Archer Daniels Midland aumentaron
casi el triple en el mismo período.
5.
Conclusiones
Después
de 10 años de vigencia del NAFTA y el análisis de la
estructura socio-productiva que reforzarían las disposiciones
del TLC con Estados Unidos, Plataforma Agraria plantea que el
acuerdo:
1.
Es contrario a los intereses de las comunidades campesinas.
2.
Pone en peligro la seguridad alimentaria de la mayor parte de la
población pobre del país que es indígena y
campesina,
3.
Beneficiará a empresas transnacionales y al gran productor
nacional, especialmente al latifundista que ha acaparado
históricamente la tierra, el capital y los recursos.
tecnológicos, para aprovechar las posibilidades que brinda el
mercado externo.
4.
Empeorará las condiciones laborales, profundizando la pobreza
al no contemplar mecanismos para garantizar el respeto a la
legislación laboral.
5.
Deja en manos del capital transnacional la soberanía, los
recursos naturales, hídricos y biológicos del país.
ANEXO
ESTADISTICO
Cuadro
No. 1
GUATEMALA
Indicadores
de los productos tradicionales de exportación
En
porcentajes y números absolutos
Año
2,003

Producto

Fincas

Porcentaje

Superficie

Porcentaje

Producción

Porcentaje

Empleo