En un esfuerzo por cambiar la situación que se le ha vuelto desfavorable para la suscripción del TLC, el gobierno está moviendo todos sus hilos y acudiendo a las amenazas, la descalificación, la desinformación y el chantaje para conseguir apoyo a su proyecto. Mientras tanto aumentan las discordias, cada día surgen nuevos sectores críticos y se pone de relieve tanto la inconveniencia del tratado como el pésimo papel del equipo negociador en las mesas.

Una semana después de la Ronda de negociaciones del TLC en Cartagena, Regina Vargo declaró en una videoconferencia que el TLC no se había firmado por culpa de los países andinos pues estos no habían entendido que Estados Unidos solo firmaría un tratado que fuera similar a los otros tratados firmados por esa potencia. De hecho los negociadores estadounidenses no tienen mucho margen de maniobra y su legislación exige que la negociación se ciña estrictamente a la autorización expedida por su Congreso. Por la forma rigurosa como el Congreso norteamericano examina estos tratados y debido a que la administración Bush tiene otras prioridades legislativas, a estas horas, no tiene garantizada la aprobación del tratado con Centroamérica, el cual no se ha atrevido a presentar al congreso para su estudio.

Desde el comienzo de las negociaciones hemos señalado que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer como resultado final las preferencias que ya tienen los países andinos en el ATPDEA, siempre y cuanto estos hagan concesiones similares o mayores a las que hizo Centroamérica o Chile. De esta forma estos tratados son el verdadero piso de la negociación y el techo sería el ATPDEA con algunas pocas gabelas adicionales. La negociación ha sido entonces un sainete en el cual los andinos se limitarán a adherir al texto norteamericano como lo señaló recientemente el expresidente de Telecom. Eduardo Pizano.

Sobre el futuro de la negociación el gobierno de Uribe, por boca del ministro de Comercio Exterior ha planteado que la “negociación técnica ya culminó y que ha llegado la hora de negociar el tratado, no en las mesas sino por medios políticos, acudiendo entre otros al Congreso estadounidense y al lobby. En realidad este proceso de apelar a las vías políticas, ya se ha realizado en varias oportunidades. Uribe lo intentó cuando Bush visitó Cartagena y el mandatario colombiano recibió como única respuesta que recordara que el tratado también debería ser aceptable para el Congreso de los Estados Unidos. En otras oportunidades los norteamericanos se han referido al mismo tema afirmando que una cosa es la ayuda y otra el comercio. También han manifestado que en las negociaciones comerciales priman los intereses económicos. El hecho que en una forma aparentemente inconexa, Bush haya propuesto al Congreso la destinación de 600 millones de dólares para una nueva fase del Plan Colombia y de que Colombia haya suscrito un nuevo acuerdo con el FMI, pesa en la negociación ya que el gobierno americano va a argumentar que para la paz y los cultivos ilícitos e incluso para el ajuste económico ya están los dineros y que las negociaciones comerciales son otro problema. Por otra parte el famoso lobby ante el Congreso Americano enfrenta el problema de que los congresistas de ese país, como es natural, defienden al milímetro los intereses de los sectores productivos que podrían ser eventualmente afectados, vigilan que el tratado tenga ganancias netas para Estados Unidos que sufre el peor déficit comercial de su historia y necesita ante todo aumentar sus exportaciones y tienen otras prioridades más allá de enredarse en negociaciones interminables con países que no acaban de ponerse de acuerdo consigo mismos, que enfrentan una creciente oposición, que están abocados a procesos electorales y oscilan entre arrodillarse o ponerle conejo a algunos aspectos de las exigencias norteamericanas. De esta forma, es un empeño inútil y demagógico plantear que por medio del lagarteo Estados Unidos va a variar sus posiciones.

El reconocimiento del gobierno colombiano de que la popularidad de los tratados de libre comercio está cayendo y que este puede ser el último que se firme en varios años, se suma a la creciente oposición al TLC en la región andina. De esta forma, el escenario de la suscripción del Tratado está cambiando y nada nuevo se va a definir en las mesas, todo queda supeditado a decisiones políticas de los gobiernos.

La nueva tesis del gobierno es que los que piden que el tratado no se firme, están defendiendo intereses egoístas o sectoriales. Según esta posición el gobierno defiende el bien común más allá de los intereses parciales y por esa razón hay que firmar el tratado. Esta afirmación contradice la evidencia de que el TLC beneficia a unos cuantos sectores exportadores y a las grandes multinacionales norteamericanas y perjudica al resto del país. Hasta ahora aun los estudios oficiales han revelado que el TLC afectará el bienestar de la población, los ingresos fiscales, la soberanía alimentaria, el desarrollo industrial, la capacidad del Estado de promover políticas de desarrollo, comercializa el medio ambiente, entre otros efectos negativos.

El gobierno tozudamente se obstina en firmar a cualquier costo, aun contra la evidencia no solo de su inconveniencia sino de su creciente impopularidad. El mismo embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Alberto Moreno reconoce que cada día aumenta la oposición a los tratados. La opinión pública observa con desconcierto como al tiempo que el gobierno descalifica la consulta indígena considerándola fruto de la ignorancia y la desinformación, el experto Kenichi Ohmae, autor de cerca de 50 libros y considerado por “The Economist” como uno de los cinco gurus gerenciales del mundo y quien defiende el libre comercio, señalo en una reunión con 500 empresarios que Colombia no se encuentra preparada para firmar un TLC con Estados Unidos y que si este se materializa “sería una especie de colonialismo industrial, un país desarrollado con empresas desarrolladas tomarían el control de empresas claves”.

En la ronda de Washington, que algunos han calificado de minironda, no se esperan noticias nuevas, la negociación se está dispersando y descentralizando. La coordinación de los gobiernos andinos es una entelequia y los asuntos sustanciales como el agro se negocian por separado. Los países andinos irán con su consabida lista de ofrendas y Estados Unidos no se moverá de sus posiciones iniciales. Para forzar la generosidad norteamericana, los andinos harán nuevas concesiones y la largueza norteamericana no se verá por ninguna parte.

La población andina prepara nuevas luchas. Los peruanos han promovido inmensas manifestaciones tanto de los sindicatos como de los productores agrarios y aun en el parlamento crecen las voces exigiendo que se pongan límites a las negociaciones y no se firme apresuradamente. En Ecuador todos los días centenares de personas adhieren a la exigencia de que se cite un referendo y la popularidad del TLC cae con el derrumbe de la imagen del primer mandatario. En Colombia los indígenas en una votación democrática rechazaron por abrumadora mayoría el TLC y abrieron la compuerta de una exigencia popular de que no se firme y alimentaron significativamente con esta conducta el torrente de la oposición al tratado.

No cabe otra cosa que exigir al gobierno que se levante de la mesa de negociación y no someta al país a mayor escarnios y humillaciones.

En momentos en los cuales se cocina el relanzamiento del ALCA para abril y ante el aumento de la inconformidad con el TLC, lo que se requiere es una intensificación de la protesta popular y un fortalecimiento de la coordinación andina de los movimientos sociales y la unidad de todos los críticos y opositores al TLC para aguarle la fiesta a estos mandatarios títeres.

* Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca.

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