Nosotras,
como representantes de organizaciones de mujeres y otros movimientos
sociales de Centroamérica y Estados Unidos, consideramos
urgente denunciar la continuación de este modelo económico
a través del Tratado de Libre
Comercio Estados Unidos-Centroamérica (CAFTA, por sus siglas
en inglés) lo cual ha sido recientemente negociado y que apoya
un modelo económico injusto para la integración
regional digna, sustentable y equitativa. Además, exigimos a
nuestros representantes legislativos no aprobar este acuerdo a causa
de los impactos negativos que tendrán para la región.
El
“libre comercio” se ha convertido en los últimos
20 años para los gobiernos en el justificante para echar a
andar políticas y medidas económicas que han
incrementado la concentración de la riqueza en pocas manos y
han producido los mayores niveles de pobreza para la mayoría
de la población del mundo. El predominio del comercio en
Centroamérica se ha fortalecido en base a los mal diseñados
Programas de Ajuste Estructural (PAEs), promovidos por las
instituciones internacionales financieras durante los 90s. Estos
programas ya han contribuido debilitando programas importantes del
gobierno. Más recientemente, el BID ha ofrecido préstamos
para apoyar al libre comercio[1].  

En
el caso de Centroamérica, nos parece que esta tendencia
continúa y nos sentimos obligadas de destacar ciertos temas
específicos. Como está basado en el texto del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el CAFTA
extendería la distribución desigual de recursos
y el modelo económico devastador del TLCAN. Las mujeres en
México, Estados Unidos y Canadá siguen sufriendo los
impactos negativos de ese acuerdo, incluyendo un aumento en el
desempleo y subempleo, la quiebra de varias empresas pequeñas
y medianas, mayor inseguridad en el empleo o reducciones en la
seguridad social, entre otros. Según un estudio reciente de
México, la pobreza en los hogares jefeados por mujeres aumentó
en un 50% desde la implementación del TLCAN[2].
En
los Estados Unidos hubo pérdidas de trabajos en todos los 50
estados durante el periodo del TLCAN. Hubo un aumento del desempleo
en los estados industriales a causa del movimiento de esas industrias
a México[3].
Con la pérdida del poder de negociar para los trabajadores y
sindicatos más débiles, el empleo se ha vuelto más
inestable y los derechos fundamentales de las trabajadoras han sido
socavados.  Muchas mujeres que perdieron empleos en el sector
industrial y encontraron nuevos empleos en el sector público
siguen sufriendo salarios bajos e inestabilidad[4].
El lenguaje sobre inversiones en el TLCAN ha permitido a las
corporaciones demandar a los gobiernos sobre leyes de interés
público. Esto ha socavado la soberanía nacional y ha
debilitado las normas ambientales locales y nacionales,
particularmente en las regiones fronterizas donde se encuentran las
zonas francas. La brecha entre los ricos y los pobres ha crecido
constantemente y las mujeres son las más impactadas por el
aumento en pobreza y los abusos físicos y sexuales en sus
comunidades[5].
Aunque
el CAFTA tendría graves impactos negativos para las mujeres,
familias y comunidades por todas partes de Centroamérica, el
gobierno de EE.UU. sigue pasando por alto estas consecuencias
potenciales porque necesita una “victoria” en el área
de comercio antes de las elecciones presidenciales estadounidenses,
en noviembre de 2004. De hecho, el CAFTA es, ante todo, importante
para EEUU debido a su significado político para el gobierno de
Bush en lograr sus metas comerciales y tiene menos que ver con alguna
ganancia económica para alguno de los países
involucrados. En realidad, los beneficios para las empresas
estadounidenses deben ser relativamente bajos.

Después
del fracaso de las negociaciones de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) en septiembre de 2003 y la incapacidad de EE.UU. de
obtener un ALCA comprensivo durante la octava ronda ministerial en
Miami, en noviembre de 2003, el gobierno de Bush ha cambiado su foco
y ahora está buscando liberalización ambiciosa a nivel
bilateral. El representante comercial para EE.UU., Robert Zoellick,
ha dicho que su país puede elegir acuerdos comerciales con los
países que “quieran hacerlo” – los países
que apoyan y están de acuerdo con los políticas
económicas, internacionales y de seguridad estadounidenses.

Los
gobiernos centroamericanos son aliados importantes para la agenda
comercio de los EE.UU. Sin embargo, por el desequilibrio de poder
entre estos países, el desigual acceso al mercado y la amenaza
de retener la cooperación económica como elemento
táctico de la negociación, hacen que los gobiernos
centroamericanos tengan pocas opciones. Además, éstos
perdieron mucho de su poder de negociar cuando abrieron gran parte de
sus economías a través de la condicionalidad de los
préstamos y la condonación de la deuda. La negociación
para el CAFTA sólo duró un año, algo muy
distinto a la situación del TLCAN, que fue negociado durante
siete años, y de las negociaciones para el ALCA, que, tras 10
años, todavía están en proceso. El Presidente
Bush informó al Congreso de EE.UU. que va a presentar el CAFTA
ante esa institución para su aprobación mientras los
gobiernos de Centroamérica también están
haciendo lo mismo.
La
Falta de Democracia
La
mayoría de los estadounidenses no tiene ninguna idea sobre lo
que es el CAFTA. No hubo ningún debate nacional en los EE.UU.
sobre los elementos positivos y negativos de este acuerdo comercial
con Centroamérica. La oficina estadounidense del
representativo de comercio (USTR) ha hablado con algunas ONGs y
empresas pero no ha empezado ningún foro público para
animar a la gente estadounidense a contribuir a un debate público
alrededor del país. La administración ha dicho que ha
respondido a las preocupaciones de
sociedad civil porque ha puesto los resultados de las rondas
negociadoras de todo el año en su página web. Sin
embargo, el texto del acuerdo no fue difundido hasta el final de las
negociaciones por razones de seguridad nacional. No está claro
para los grupos de la sociedad civil qué significa seguridad
nacional en este contexto- ¿seguridad para quién?
Los
gobiernos centroamericanos y la USTR se han reunido con ciertos
grupos de la región para obtener sus reacciones del acuerdo;
un proceso que, sin embargo, ha sido desacreditado por resultar
inútil. El hecho de que los grupos de la sociedad civil no
tuvieran la oportunidad de revisar el texto del acuerdo durante las
negociaciones, cuando ellos serán los más gravemente
afectados, es otro ejemplo del proceso antidemocrático e
inaceptable de la negociación del CAFTA.
Todos
los gobiernos quieren aprobar el acuerdo antes de que la oposición
de los movimientos sociales pueda ser movilizada. En los EE.UU.
el presidente Bush está trabajando para
la aprobación del CAFTA antes del final de este año de
elección presidencial. Por eso, debemos unir nuestras voces
ahora y decir más claro y fuerte “NO al CAFTA”
porque este acuerdo sólo va a debilitar la democracia y el
desarrollo por todas partes de Centroamérica y hacer más
débiles las relaciones socio-económicas y políticas
entre los EE.UU. y Centroamérica.
Haciendo
la Conexión entre el Género, el Desarrollo y el
Comercio
Nuestra
contribución específica al diálogo sobre el
comercio reside en nuestro énfasis en la equidad y el
desarrollo, que deriva de un análisis sensible a los impactos
del comercio y otras políticas macroeconómicas en el
desarrollo social y en el bienestar de mujeres, familias y
comunidades. En este contexto, la equidad no sólo tiene que
ver con la equidad de género sino también con la
equidad racial y étnica; la equidad entre las personas y las
naciones del mundo.

La
liberalización comercial tiene consecuencias significativas
para los países en desarrollo y sus comunidades. Aunque el
comercio y las inversiones no sólo son las causas de la
pobreza a nivel global, pueden aumentar la brecha
entre los ricos y los pobres. Este hecho está confirmado en un
nuevo reportaje de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que demuestra que el comercio global ha creado una brecha
creciente entre ricos y pobres, y en los países en los que las
mujeres sufren más que los hombres, específicamente
mujeres como pequeñas agricultoras
y trabajadoras de comunidades que no pueden competir con las
importaciones subvencionadas por los países desarrollados[6]. 
Según el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Mujer, UNIFEM, “las mujeres –especialmente las mujeres
pobres– tienen acceso desigual a los recursos como la tierra,
el crédito y la educación. Como resultado, ellas tienen
menor capacidad para obtener beneficios de la liberalización
del comercio y son las más vulnerables a los costos de los
ajustes de reforma del comercio y la reestructuración
económica”[7]. 
Los acuerdos y políticas del comercio que no toman esto en
consideración, amenazan el desarrollo de las mujeres en todo
el mundo, siendo éstas las habitantes más pobres del
planeta. En Centroamérica las mujeres indígenas y sus
familias han sido las más vulnerables por la falta de acceso a
los recursos esenciales para sobrevivir y sus malas condiciones de
vida.
Las
mujeres son principalmente las que tienen la responsabilidad para la
‘reproducción social’; algo que abarca todo lo
invisible, el trabajo sin remuneración y subestimado,
necesario para sostener la salud, la
educación y la seguridad de la familia, y la comunidad. Este
trabajo invisible hecho por las mujeres reduce el tiempo que tienen
para obtener nuevas habilidades profesionales, para aumentar su
educación, buscar empleos con mejores salarios o disfrutar de
tiempo libre. Como consecuencia, el desarrollo personal de las
mujeres y la contribución que pueden hacer al desarrollo
futuro de sus comunidades queda disminuida.

Por
otro lado, las mujeres también se están esforzando por
mantener sus empleos en el sector formal. En Centroamérica y
EE.UU. las mujeres son las trabajadoras a las que primero se despide
cuando hay reajustes de plantilla, las más explotadas, las que
más quedan expuestas a condiciones peligrosas de trabajo y las
que reciben menos remuneración. El gobierno de EE.UU. ha
negociado el CAFTA, el TLCAN y el acuerdo bilateral entre EE.UU. y
Chile como los modelos para desarrollo positivo. El problema es que
estos modelos promueven un tipo de comercio desigual en muchos
sectores. El CAFTA no es un catalizador positivo que pueda asegurar
que los derechos humanos sean promocionados y que un tipo de
desarrollo sostenible sea implementado.
Esta
realidad nos debería de empujar a una reflexión mucho
más profunda sobre los supuestos beneficios que el
neoliberalismo trae para los países pobres y cuestionar los
impactos que los tratados de libre comercio generan para las mujeres
y los países pobres en Centroamérica y también
para las mujeres en los EE.UU.
El
CAFTA tendría impactos negativos socio-económicos para
las comunidades por todas partes de
Centroamérica y haría poco para beneficiarlas en
Estados Unidos.  Existen cuatro elementos más
dentro del CAFTA  que tienen una repercusión directa en
el incremento de la desmejora de la calidad de vida de las mujeres.
Estos son: la privatización de los servicios públicos;
la  seguridad alimentaria, los derechos de propiedad intelectual
y los derechos laborales.
Los
Servicios Básicos   
A
pesar de que todos y todas tenemos el derecho a gozar de servicios de
salud, educación y otros servicios públicos, éstos
se ven directamente amenazados por el CAFTA. En realidad, en los
artículos del CAFTA se ven claramente las intenciones
privatizadoras y se presentan figuras corporativas al estilo
estadounidense. La privatización de servicios esenciales
facilita que las corporaciones aprovechen la oportunidad para obtener
una ganancia en vez de las prioridades de desarrollo social que puede
beneficiar a todos. Esta tendencia debilita la responsabilidad de los
gobiernos en asegurar que sus ciudadanos tengan bastante dinero y
acceso a los servicios públicos como la salud, la educación,
y el agua [8].
Cuando
los servicios esenciales no están garantizados, las personas
que no pueden pagar por ellos se quedan sin recibirlos. Ya existe un
problema en Centroamérica en cuanto a la provisión de
la educación porque los gastos medios para la educación
son del 2.4% frente al 4% que está recomendado. Sin educación,
las personas y comunidades tendrían menos opciones así
como dificultades para frenar la tendencia negativa de ser usadas
como mano de obra barata en un ciclo de comercio desigual.

La
reducción en la provisión de servicios a las familias
que no pueden costearlos crea una carga doble o, a veces, triple para
las mujeres que tienen que soportar la responsabilidad financiera y
emocional para el cuido y protección de los suyos. Esto
conlleva desmejoras en su calidad de vida ya que se reducen los
espacios para su preparación profesional provocando un
abandono de los empleos -ante la necesidad de atención de sus
seres queridos- y una reducción de los tiempos de ocio y
esparcimiento.