En su visita a Washington, el gobierno colombiano anunció la
iniciación de negociaciones de un tratado bilateral con Estados
Unidos para el 18 y 19 de mayo. Para los colombianos no puede haber
peor noticia y más grave aun cuando se ha trasmitido con euforia y
como un triunfo gubernamental. Con el inicio de estas negociaciones,
el gobierno de Uribe está lanzando el país al abismo.

La negociación, a pesar de las promesas gubernamentales de que se
tomaría todo el tiempo posible, se realizará de manera rápida. La
duración de la negociación será de máximo 10 meses, se realizarán 8
o 9 rondas de dos días cada una lo cual totaliza en el mejor de los
casos 18 días de negociación y esto busca que la administración
Bush, la cual termina en diciembre su periodo, sea la que haga la
mayor parte de las negociaciones ya que esta considera a Uribe "un
gran aliado en la lucha contra el terrorismo internacional". El
tratado deberá ser ratificado por el Congreso norteamericano entre
febrero y junio del 2005 ya que en ese mes termina la autorización
que ese congreso dio al ejecutivo para negociar tratados por la "Vía
rápida". La negociación comenzará con Colombia, a menos que Ecuador
y Perú, presionados por estas fechas se apresuren a solucionar los
litigios que tienen con empresas norteamericanas, si no lo hacen,
Colombia, el país más obsecuente hacía los Estados Unidos marcará el
paso y ellos tendrían que plegarse a las definiciones que se
adopten.

La estrategia negociadora del gobierno colombiano insistía en
utilizar el argumento de que la lucha contra el terrorismo y el
narcotráfico permitiría obtener concesiones comerciales o ablandar
la dura posición negociadora de Estados Unidos. De hecho la
respuesta norteamericana fue que una cosa es una cosa y otra cosa es
otra cosa: que las definiciones en materia de libre comercio las
tomaría Estados Unidos desligadas de las del Plan Colombia y que en
este tema se tomaría su tiempo, previendo una reacción parlamentaria
adversa en plena época electoral, con lo cual la "astucia"
gubernamental quedó nuevamente en entredicho.

El gobierno colombiano aceptó negociar todos los temas y todo el
universo arancelario, con lo cual retrocede con respecto a las
definiciones de la OMC que han excluido de las negociaciones
comerciales temas como inversión, compras estatales o servicios y
aun retrocede con respecto al proceso del ALCA en los cuales varios
países han exceptuado temas ante la intransigencia norteamericana en
poner en la mesa sus ayudas internas al agro y ceder en la
protección de su industria. Colombia negociará sobre los temas
propuestos por Estados Unidos y parte de la base de ni siquiera
intentar doblegar las exigencias norteamericanas. Es decir pone toda
la economía del país en la mesa y Estados Unidos se reservan ni más
ni menos el derecho de proteger su industria y su agricultura.

Hace unos meses el gobierno presentaba estos tratados como una
panacea para que el país creciera al 5 por ciento, hoy cuando se ha
demostrado el fracaso de la experiencia mexicana, se argumenta que
es necesario un plan de desarrollo complementario a los tratados
para garantizar que sean aprovechados, pero en ninguna oficina del
gobierno hay rastros de en que consiste este plan.

Reconociendo tácitamente su falta de preparación, el ministro
Botero, que ha recorrido varias veces el país predicando sobre las
ventajas del libre comercio, señaló que se está preparando un nuevo
estudio sobre los efectos del tratado sobre el bienestar de la
población y la política macroeconómica. Cuando ya decenas de
organizaciones han alertado sobre los nefastos efectos que este
acuerdo tendrá en materia de bienestar para la población y cerca de
500 organizaciones hemos entregado un documento al gobierno
exigiéndole que no suscriba el acuerdo bilateral y documento que se
entregó al Congreso y se leyó en los dos foros regionales de
Medellín y Barranquilla en los cuales, como es la costumbre
gubernamental, el ministro habla una hora y da dos minutos a los
críticos de los acuerdos.

Esta conducta gubernamental, a menos de dos meses de tomar las
primeras definiciones, revela nuevamente que en la mira
gubernamental no está la defensa del interés nacional, que hace
oídos sordos a los reclamos de la población y que está dispuesto a
negociar a cualquier, costo por esta razón nuestra exigencia es que
abandone la pretensión de iniciar esta pantomima de negociaciones,
ante lo cual la única salida que queda es una fuerte resistencia
popular en contra de esta grave amenaza que se cierne sobre el país.

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