Derechos de la Madre Tierra

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, se dirige al Presidente y los Directores Ejecutivos del Banco Mundial para demandar que no sea aprobado el “Programa por Resultados” (P4R por sus siglas en inglés), porque éste eliminaría las políticas de salvaguardas para los pueblos indígenas y abriría así las puertas de la impunidad para la vulneración de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas.
 
La CAOI está integrada por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ, Bolivia), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI). Formamos parte del Foro Indígena del Abya Yala junto con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), el Consejo Indígena de Centro América (CICA) y el Consejo Indígena de Mesoamérica (CIMA).
 
Las salvaguardas son normas específicas en materia ambiental y social que el Banco Mundial dice exigir al momento de otorgar financiamiento a determinados proyectos. Entre estas políticas de salvaguardia están la Evaluación Ambiental y las políticas que corresponden a su ámbito: bienes culturales; zonas en disputa; bosques y silvicultura; población indígena, aguas internacionales; reasentamiento involuntario; hábitat naturales; gestión de plagas; y seguridad de represas.
 
Desde su creación, la CAOI tiene como eje central de su trabajo la defensa y promoción del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en normas nacionales e internacionales. En este ejercicio de derechos territoriales, a la libre determinación, a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, a decidir sobre nuestros bienes naturales, entre otros, se sustenta nuestro rechazo a todo proyecto extractivo, de infraestructura y norma legal o administrativa que los vulnere.
 
Día a día nuestros pueblos indígenas de todo el continente del Abya Yala, hoy conocido como América, sufren la vulneración de sus derechos esenciales. El Banco Mundial se presta a ser cómplice de esta permanente vulneración de derechos al querer imponer el P4R sin consultarlo a los pueblos indígenas. De aplicarlo, no solo violentaría sus propias normas sino que además daría cheques en blanco a las multinacionales y los Estados, que militarizan las zonas de los proyectos y dan todo tipo de respaldo político, policial y judicial a las inversiones principalmente extractivas y de megaproyectos de infraestructura.
 
Los pueblos indígenas y sus organizaciones no olvidamos que el Banco Mundial fue uno de los mayores promotores de los cambios políticos e institucionales que se realizaron desde los años noventa para imponer el neoliberalismo en los países latinoamericanos. Tampoco que esta institución financiera internacional hizo una serie de consultas sobre sus políticas de salvaguarda que luego nunca aplicó. En la práctica, financia proyectos que impactan gravemente en las poblaciones y en el medio ambiente. No supervisa, no investiga ni resuelve esos terribles impactos.
 
Para los pueblos indígenas, este es un tema de ejercicio de derechos, cuya vulneración es la principal causa de los conflictos sociales en el continente y de la consecuente criminalización de las protestas. Son derechos reconocidos por instrumentos internacionales como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, además de una vasta jurisprudencia, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
 
Porque los derechos no se demandan sino que se ejercen, exigimos que el Banco Mundial y todas las instituciones financieras nacionales e internacionales tengan directrices vinculantes con los citados tratados internacionales de derechos humanos, sus avances y la jurisprudencia sobre ellos.  Las salvaguardas deben ser obligatorias para todas las instituciones financieras y para todo tipo de inversiones. Y deben crearse tribunales especiales para juzgar y sancionar su incumplimiento.
 
Señores ejecutivos del Banco Mundial: no aprueben, no apliquen el Programa por Resultados - P4R, no pretendan financiar proyectos en territorios indígenas sin someterlos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. No se hagan responsables de la violación de derechos y del surgimiento de nuevos conflictos sociales.
 
Lima, 17 de noviembre del 2011.
 
Por el Consejo Directivo de la CAOI:
 
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI