Francisco Cortés y los dirigentes campesinos e indígenas
bolivianos son presos políticos!

Del 7 al 10 de junio del 2004, se realizo la Misión
Internacional Campesina por la Justicia y los Derechos
Humanos en Bolivia, integrada por José BOVE, vocero de Vía
Campesina, Rafael ALEGRIA, Coordinación Internacional Via
Campesina, Jean Marc Defilhes de la Confederación Campesina
de Francia, Piedad CORDOBA, Senadora de Colombia, Frei
Sergio GORJEEN, Diputado del Brasil, Gloria FLOREZ,
defensora de derechos humanos y Belén TORRES representante
de la organización campesina ANUC UR de Colombia,

Cese de la persecución contra dirigentes sociales
bolivianos y la libertad de los dirigentes campesinos,
Francisco Cortés de Colombia, Claudio Ramírez y Carmelo
Peñaranda de Bolivia, fueron las exigencias de la Misión
Internacional en los encuentros con el Presidente de la
República de Bolivia, los Ministros de Gobierno y Asuntos
Indígenas, el Viceministro de Justicia, La Corte Suprema de
Justicia y la Defensoría del Pueblo.

La Misión afirmó ante los medios de comunicación que en
Bolivia se está implementando una estrategia de
criminalización de los movimientos sociales mediante la
persecución sistemática, las detenciones ilegales, la
tortura y los asesinatos selectivos que responde a
intereses extranjeros. Sobre estas razones , afirma que
Francisco Cortes, Claudio Ramírez, Carmelo Peñaranda y 45
lideres campesinos e indígenas acusados de terrorismo, son
presos y perseguidos políticos.

De manera enérgica, la Misión Internacional, resuelve
iniciar una Campaña nacional e internacional, acudir a las
Naciones Unidas y Corte Interamericana para conseguir la
libertad de Francisco Cortes, Claudio Ramírez y Carmelo
Peñaranda.

(Texto completo de la declaración anexado )

FRANCISCO CORTES Y LOS DIRIGENTES CAMPESINOS E INDIGENAS
BOLIVIANOS SON PRESOS POLITICOS !

Los (as) integrantes de la Misión Internacional Campesina
por la Justicia y los Derechos Humanos realizada en
Bolivia, del 7 al 10 de junio del 2004 para exigir el cese
de la persecución contra dirigentes sociales bolivianos y
la libertad de los dirigentes campesinos, Francisco Cortes
de Colombia, Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda de
Bolivia, detenidos de manera ilegal, el 10 de abril del
2003 en El Alto, Bolivia.

DECLARAMOS:
Que en Bolivia se esta implementando una estrategia de
criminalización y judicialización de los movimientos
sociales bolivianos, que busca contener la legitima y justa
protesta social, por los derechos humanos, la dignidad, el
territorio y la soberanía. Esta estrategia se aplica con la
persecución sistemática, las detenciones ilegales, tortura
y los asesinatos selectivos.

Que Francisco Cortes, Claudio Ramírez, Carmelo Peñaranda y
45 lideres campesinos e indígenas mas, son presos y
perseguidos políticos, en tanto que los procesos jurídicos
adelantados en su contra, pretenden criminalizar su
compromiso social y político, favoreciendo a intereses
nacionales y extranjeros.

Que la Misión constato profundas irregularidades jurídicas
y graves violaciones a los derechos humanos cometidas
contra los ciudadanos Francisco Cortes (colombiano),
Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda, entre ellas:

Violaciones a los derechos humanos, al ser sometidos a
tratos crueles y degradantes por parte de los funcionarios
encapuchados, quienes vulneraron el derecho a la intimidad
al ser sacados violentamente de sus dormitorios, semi-
desnudos, amarrados y vendados.

Violación al debido proceso y del principio de presunción
de inocencia, al desarrollarse el allanamiento en compañía
de medios de comunicación que presentaron a Francisco
Cortes, Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda como
terroristas y narcotraficantes y llevado a cabo en horas
ilegales y en una dirección residencial incorrecta.

Violación del derecho de defensa, en la negación constante
al derecho de petición de pruebas contemplada en el
artículo 7 inciso h) de la Constitución Política del Estado
y la obtención de pruebas por parte del ministerio publico
y del Juez sin informar con el tiempo debido a la defensa,
violando los principios de oportunidad, contradicción e
igualdad jurídica.

Violación de la independencia de poderes, por parte del
poder ejecutivo, en particular el ex - Ministro del
Interior Yerko Kukoc, al declarar públicamente y en varias
oportunidades que Francisco Cortes era terrorista y que
disponía de pruebas, invadiendo la orbita del poder
judicial.

Violación al derecho a la vida, la integridad personal, al
recluirlo en un penal de alta seguridad destinado para reos
condenados de alta peligrosidad, sometido por más de 50
días a régimen cerrado aislado, limitando la visita de los
abogados y su familia y en condiciones infrahumanas por mas
de 10 meses, en la cárcel de Chonchocoro, agravando su
salud y poniendo en riesgo su vida.

Violación del Principio de la Territorialidad Penal, al
desplazar la competencia del Juez y fiscal de Bolivia a
Colombia para fabricar pruebas contra los detenidos sin
derecho a la defensa.

Que por lo anterior, la Misión observa con preocupación la
falta de imparcialidad con que opera la justicia boliviana,
y las faltas de garantías procesales, por tanto:

SOLICITAMOS:

Al Estado Boliviano, la liberación de Francisco Cortes,
Claudio Ramírez, Carmelo Peñaranda, y la cesación de todos
los procesos jurídicos en contra de los presos y
perseguidos políticos bolivianos, todos ellos dirigentes
políticos y sociales.

A la Defensoría del Pueblo, la elaboración de un informe
defensorial que corrobore las irregularidades en el proceso
penal contra Francisco Cortes y otros dirigentes
bolivianos.

Al gobierno Boliviano, exprese su voluntad política para
que no se criminalice la lucha social y política en
Bolivia.

RESOLVEMOS:
Iniciar una Campaña nacional e internacional hasta
conseguir la libertad de Francisco Cortes y los compañeros
bolivianos, injustamente detenidos o perseguidos..

Realizar acciones en búsqueda de justicia ante organismos
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la Organización
de Estados Americanos.

Constituir una comisión internacional de seguimiento a los
procesos jurídicos en contra de los movimientos sociales y
políticos bolivianos.

Apoyar el fortalecimiento de la comisión por la justicia y
los derechos humanos en Bolivia, responsable de seguir los
procesos, hacer las denuncias que correspondan, relacionar
a las instituciones a nivel nacional e internacional a fin
de evitar la criminalización de los movimientos sociales y
hacer defensa intransigente de los que ya están detenidos
injustamente solo por ser dirigentes sociales.

FIRMAN:

José BOVE, vocero de la Vía Campesina

Rafael ALEGRIA, Coordinación Internacional Vía Campesina

Jean Marc Defilhes, Confederación Campesina de Francia

Piedad CORDOBA, Senadora y presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado de Colombia

Frei Serge GORJEEN, Diputado del Partido de Trabajadores de
Brasil,

Gloria FLOREZ, defensora de derechos humanos de Colombia
Asociación MINGA

Belén TORRES, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos;
ANUC UR de Colombia

La Paz, 10 de Junio de 2004.