1. El Congreso de la República está discutiendo dos
proyectos de regalías mineras: el dictamen de la Comisión de
Energía y Minas y el enviado por el Ejecutivo. Por un lado se
plantea aplicar una regalía de 3% al valor de la producción
facturada, mientras que el Ejecutivo pretende imponer una
mediática propuesta que va del 1% al 3%. Como ya es práctica
cotidiana, el Congreso y el Ejecutivo se envuelven en el debate
para no afectar la "competitividad del país" ni la "estabilidad
jurídica", lejos de la realidad en la que viven miles de
comunidades en las áreas de influencia de las actividades
mineras.

2. La minería es la "gallina de los huevos de oro", dice
el Ejecutivo. Devoto de los indicadores macroeconómicos, nos
llena de cifras, como que la "minería alcanzó el 51% de las
exportaciones totales nacionales", que ascienden a US$ 4,573
millones de dólares. Sin embargo, en cinco años (1998-2002)
habría pagado por impuesto a la renta, como promedio anual,
apenas el 1.9% de sus exportaciones. Y, lo que es peor, entre
1992 y 2002, tan solo aportó como canon el 1% del PBI minero.
¿Cómo se puede permitir tanto privilegio a un sector que explota
nuestros recursos y no aporta ni beneficia el desarrollo
nacional?

3. La actividad minera, desarrollada por las grandes
empresas transnacionales, viola los derechos de las comunidades
reconocidas en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas, según el cual se debe respetar el territorio comunal
y consultarnos para el desarrollo de actividades mineras en él.
El territorio para las comunidades es parte de nuestra
identidad. Por ello, hemos solicitado oportunamente que el
Estado y este Congreso de la República eliminen los privilegios
que brindan a las actividades extractivas, como los contratos de
estabilidad tributaria que se extenderían hasta el año 2020.

4. El debate por la aplicación de las regalías mineras es
una oportunidad para discutir a fondo la política económica
basada en las actividades extractivas. Históricamente está
demostrado que la minería no es sostenible ni beneficiosa para
el desarrollo local y nacional. Por ello, amparados en el
principio de sostenibilidad y de soberanía nacional, demandamos
una consulta nacional sobre la minería y sus aportes al Perú.

5. Finalmente, respecto al porcentaje para las regalías
mineras, reafirmamos que tanto el 3% fijado en el dictamen de la
Comisión de Energía y Minas del Congreso como la propuesta del
Ejecutivo, continúan sin representar el verdadero aporte que las
empresas deben dejar por la extracción de los recursos no
renovables. Es posible y necesaria la aplicación de un
porcentaje mayor, a fin de que signifique una real contribución
al desarrollo de las comunidades afectadas por las actividades
mineras.

Lima, 13 de mayo del 2004.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL