Bolivia: Marcha Bloque Oriente "María Esther Chiqueno Picanerai"
para impedir la consolidación del latifundio improductivo y la
entrega de los bosques indígenas a las madereras

Después de 12 reuniones con diferentes representantes del
Gobierno nacional, desde el 24 de abril hasta ayer 11 de mayo,
para que nos den soluciones a nuestra Plataforma de Demandas,
los resultados son frustrantes para nuestras organizaciones:

Engañando a la opinión pública general y anunciando diariamente
que esta Gran Marcha "ya ha firmado un acuerdo con el Gobierno",
la verdad de la situación es bien distinta:

Respecto al tema del saneamiento agrario de nuestras
comunidades, sindicatos y territorios indígenas, las demandas
consistían en que el Gobierno acelere actuaciones procesales
detenidas arbitrariamente por el anterior INRA desde hacía
varios años. Estas actuaciones procesales representan muchas
veces la dictación de resoluciones administrativas del INRA para
propietarios terceros, inspecciones a campo, notificaciones o
franqueo de fotocopias legalizadas. Era de esperar que, después
de varios días de caminata y ante planteamientos tan lógicos
como justos las autoridades se allanen a estas peticiones.

Sin embargo tres temas centrales respecto al proceso agrario han
quedado irresueltos:

1º.- Anulación del Convenio CAO – CONFEAGRO – GOBIERNO, de fecha
5 de abril de 2004.-

a) Se solicitó que el Gobierno se comprometa a promover ante
el Parlamento un proyecto de ley derogatorio de la Ley Nº
2493 aprobada por Sánchez de Lozada en agosto del 2003. La
Disposición Adicional Segunda de esa Ley, de forma
arbitraria e ilegal pretende establecer que la Función
Económico Social en el saneamiento agrario sea probada
mediante los Planes de Ordenamiento Predial (POP), hechos
por un consultor pagado por el propietario y homologado por
la Superintendencia Agraria y no ya mediante verificación
que el INRA hace en las pericias de campo, en flagrante
violación a la Constitución y la Ley y con la intención de
evitar controles para consolidar latifundios improductivos.

b) La Marcha solicitó al Gobierno elevar a rango de resolución
administrativa del INRA, una comunicación interna que
reafirma los principios constitucionales y legales de que
la pericia de campo y verificación en terreno es el
principal medio de comprobación de la Función Económico
Social (FES). Nosotros queremos que se impida de esta forma
consolidar el latifundio improductivo, y que no sean
papeles como certificados de vacuna, conciliaciones
ilegales y los Planes de Ordenamiento Predial los que
prueben la existencia de trabajos agrarios para la
consolidación de los predios.

c) Finalmente habíamos exigido la no reglamentación de la
Disposición citada de la Ley 2493, solicitando el
compromiso expreso del Gobierno de no dar más seguimiento a
este acuerdo irresponsable y sectario, y que se comprometa
formal y públicamente a no dictar ninguna disposición legal
que pretenda operativizar la Disposición indicada.

Pero ante esto, el Gobierno, más allá de los compromisos
verbales, no ha dado cumplimiento a ninguno de estos
planteamientos, que son fundamentales para el destino de las
tierras en el país y la reconducción del proceso agrario en su
conjunto, el que se vería gravemente distorsionado. Por el
contrario, a través de sus funcionarios sobrevivientes del
anterior régimen, TIENEN PREPARADO UN DECRETO REGLAMENTARIO DE
LA LEY 2493 PARA OPERATIVIZAR EL POP Y SIGUEN DANDO APLICACIÓN
AL CONVENIO CON LA CAO, RIÉNDOSE DE NOSOTROS, DE NUESTRA
MOVILIZACIÓN.

2º.- Recorte de las concesiones forestales sobrepuestas a los
territorios indígenas, que debe realizar el INRA dentro del
proceso de saneamiento:

Existen varias concesiones forestales entregadas en 1997 por
sobre comunidades, TCO, y sindicatos campesinos y núcleos del
MST. Por ello la Ley INRA, el reglamento de la Ley Forestal y
finalmente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de
5 de mayo de 2000, indican clara y expresamente que estos
conflictos de sobreposición se deben resolver en el marco del
proceso de saneamiento, por la autoridad competente que es el
INRA y haciendo prevalecer los derechos agrarios de comunidades,
TCO, sindicatos, propiedades agrarias, por sobre los contratos o
concesiones forestales.

a) Nuestra demanda es entonces concreta, exigimos que el INRA,
en aplicación a la normativa citada, dentro del proceso de
saneamiento, libere nuestras comunidades y territorios de
las concesiones sobrepuestas, y se nos consolide esa
superficie sobrepuesta.

b) Los territorios que actualmente se encuentran con problemas
gravísimos de sobreposición con concesiones forestales y
para los cuales pedimos una solución inmediata, puesto que
el INRA tiene competencias administrativas para ello son:
TCO MONTE VERDE, TCO BAJO PARAGUÁ, TCO PANTANAL, TCO
GUARAYOS, TCO ESECATATO AUNA KIICSH (Chiquitana de San Rafael
de Velasco).

Sin embargo, acorralado por los intereses de madereros (Familias
Antelo, Roda, Roig, y otros barones de la madera) e
instituciones internacionales que les apoyan (Cooperación EEUU,
Suecia, Holanda, Dinamarca y otros países), EL GOBIERNO SE
RESISTE A OBSERVAR LA LEGALIDAD AGRARIA VIGENTE, PUESTO QUE A
TRAVÉS DE SU OBSERVANCIA ESTRICTA, RECUPERARÍAMOS NUESTROS
BOSQUES ANCESTRALES ATRAPADOS DENTRO DE LAS CONCESIONES,
queriendo llevar este conflicto fuera del proceso de saneamiento
inviabilizando la solución legal, justa e inmediata a nuestra
demanda.

3.- Dotación y redistribución de las tierras declaradas
fiscales y las improductivas a indígenas, campesinos,
originarios y del MST que no tienen tierras o a poseen
insuficientemente.

Nuestra demanda concreta fue que se aprobara un Decreto
Supremo que establezca literalmente que todas las tierras
declaradas fiscales hasta la fecha y las que sean en el
futuro, quedan exclusivamente destinadas a su dotación a
favor de pueblos y comunidades indígenas y originarias,
comunidades campesinas y de colonizadores, así como familias
sin tierra.

La demanda hasta la fecha no tiene respuesta concreta,
significando que las tierras fiscales irán a engrosar las
posesiones de los terratenientes ilegales, relegándose una vez
más nuestro anhelo de vivir con tierra suficiente para
desarrollarnos como bolivianos.

Ante esta grave situación y con el dolor que nos ha provocado la
muerte de nuestra hija María Esther Chiqueno Picanerai, nos
vemos obligados a determinar lo siguiente:

1.- Continuar la Gran Marcha del Bloque Oriente hasta la
consecución de nuestros objetivos centrales plasmados en nuestra
plataforma de demandas.

2.- De inicio al procedimiento parlamentario para aprobación de
una Ley abrogatoria de la Disposición Adicional Segunda de la
Ley Nº 2493 de 4 de agosto de 2003.

3.- Liberación de las sobreposiciones de nuestros territorios
Monte Verde, Bajo Paraguá, Pantanal, Esecatato auna Kiicsh con
las concesiones forestales, por parte del INRA, dentro del
proceso de saneamiento y aplicando la Ley INRA, el reglamento de
la Ley Forestal y la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de 5 de mayo de 2000.

4.- Promulgación de un Decreto Supremo que establezca que todas
las tierras fiscales identificadas y por identificar sean
reservadas a la dotación, para pueblos indígenas, comunidades
campesinas, colonizadores, y el Movimiento Sin Tierra.

NUESTRA HIJA NO HA MUERTO EN VANO

Pailón, 12 de mayo de 2004

Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC); Pueblo
Chiquitano Organización Indígena Chiquitana (OICH) CICC, CIPSJ,
CICOL, CIBAPA, CICHIPA. CIRPAS. CICHGB; CCISM, ACISARV, ACISIV;
Pueblo Ayoreo Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano
(CANOB) Pueblo Guarayo Central Inter- Étnica de Ascensión de
Guarayos (CIEA) Central Comunal de Urubichá (CECU) la Central
Indígena de Mujeres Guarayas (CMIG Ascensión) Pueblo Yuracaré
Mojeño Consejo de Pueblos Yuracaré Mojeños (CPIM), Central de
Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEM-B) Subcentral Bella Selva
Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz y del Gran Chaco (MST-SC y
MST-B) Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Santa Cruz de la Sierra (FSUTC SC) Federación de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz (FMC-BS) Federación
Departamental de Colonizadores de Santa Cruz, (FDCSC) Federación
Especial de Colonizadores San Julián (FEC-SJ) Central
Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo (CEDETAC)