El clamor generalizado contra la Ley Trole II exhibe buenas razones: los procedimientos antidemocráticos para su promulgación, las inobservancias a la Constitución, los afanes privatizadores sin transparencia ni visión estratégica, las implicaciones para la soberanía y el ambiente, los perjuicios económicos para el Estado, el uso arbitrario de “participación ciudadana”, entre otras. Desde los ámbitos empresarial, político, profesional, pueblos indios, organizaciones de mujeres, de trabajadores, de ambientalistas, iglesia católica, y ciudadanía en general, se coincide en señalar como trasfondo de esta compleja Ley la ambición desmedida de unas cuantas personas,

Lo que en estos días está en juego no es sólo el acceso a la presidencia o el control parlamentario, sino este tema estratégico para el país en tanto compromete sus posibilidades de desarrollo y equidad. En esta intensa coyuntura tiene especiales connotaciones la acción de las mujeres congresistas, aunque su protagonismo haya sido lamentablemente desdibujado.

Así, salvo en un reportaje de este diario que enfoca los ataques hacia las diputadas (9/08/00), la prensa transmitió los hechos confundiendo a agresores y agredidas, tratándolos de manera indiferenciada como causantes de hechos bochornosos, mostrando fotos que inducían a atribuir a las mujeres un rol conflictivo. Pero no sólo fue un sesgo de la prensa, el propio Presidente de la República, lejos de condenar tal proceder violento y antidemocrático de los socialcristianos, reiteró su alineamiento con ese bloque, y dijo que hacia afuera no queda la imagen de un pueblo “bueno, digno, aguantón” sino la de “Cecilia Calderón agarrada de los pelos” (Hoy, 14/08/00, 3A).

Con este tipo de expresiones además se abonó deliberadamente al descrédito del Congreso, buscando, más allá de toda crítica justificada, su debilitamiento. En medio del desprestigio sobredimensionado de esta institución, no se aprecian en su debido valor los esfuerzos de las mujeres diputadas para impedir la imposición de la Trole II, desde su compromiso con los intereses nacionales.

En su tratamiento y en sus contenidos esta Ley ha implicado afectación de derechos de las mujeres. El primero de agosto en el Congreso se atentó contra un derecho Constitucional básico, el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de toda persona. Por otro lado, las políticas públicas en el país han tendido a colocar a las mujeres en el ámbito de lo social, minimizando así su calidad de actoras económicas y su derecho de conocer y decidir sobre los asuntos macroeconómicos. Nada más distante que esta Ley para promover participación femenina y ciudadana, aunque contra toda coherencia lleve ese nombre. Ha sido aprobada sin atender planteamientos expresos de las mujeres, encaminados hacia el Congreso y hacia la Presidencia de la República, y en ella se prevé concentrar el poder de decisión en el Presidente, quien podrá disponer de bienes y recursos en un estilo autoritario y excluyente.

Por estas y otras consideraciones hemos manifestado desacuerdo con la Ley en su conjunto, subrayando que el empobrecimiento que conlleva redundará, dadas las injusticias de género prevalecientes, en mayores perjuicios para las mujeres, y que sus efectos comprometen la vigencia de derechos económicos, sociales y ambientales, es decir aquellos asuntos que sí deben constituir eje de una verdadera modernización.

* Magdalena León T., Mujeres Transformando la Economía, núcleo Ecuador