A partir del golpe de estado del 2009, comenzó una ofensiva neoliberal en Honduras, teniendo como uno de sus objetivos primordiales a los pueblos indígenas del país. La ofensiva ha sido destinada a apropiarse de nuestros territorios, biodiversidad y culturas; para lo cual el estado de Honduras ha venido emitiendo una serie de leyes y decretos inconsultos, que colocan en peligro nuestra sobrevivencia como culturas diferenciadas

 

Desde la masacre perpetrada por la DEA y la Policía Nacional de Honduras de indígenas Miskitos en Ahuas, pasando a la construcción de represas inconsultas, la entrega de la plataforma marítima para la explotación petróleo, hasta la disolución de los títulos comunitarios expedidos; es parte del legado de la recién finalizada administración "nacionalista" de Porfirio Lobo

 

La administración Lobo, a través de la creación de instancias con rango ministerial, se consagró a la venta de una imagen trastocada de apoyo paternalista a las comunidades indígenas, además de una supuesta aplicación de justicia, en uno de los países más violentos y corruptos del planeta.

 

La puesta en marcha del Proyecto Mesoamérica y sus múltiples facetas de intervención, viene afectando a los pueblos indígenas en Honduras y al resto del istmo centroamericano. La apropiación de los bienes comunes y el desconocimiento del derecho a la consulta-consentimiento previo, libre e informado, se ha convertido en una amenaza de muerte para los 59 pueblos que habitamos desde Guatemala a Panamá.

 

La dictadura civil en Honduras durante los últimos cuatro años, ha venido entregando los bienes comunes por retazos, no precisamente a los mejores postores. El poder Legislativo emitió una serie de leyes de corte entregista, algunas de ellas diseñadas para socavar la de ya por sí debilitada soberanía nacional. La declarada inconstitucional Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y su sustituta La Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) la Ley de Reconversión de la Deuda Pública (Ley Hipoteca), permiten la entrega de franjas del Territorio Nacional al capital extranjero y el saqueo de los denominados "recursos naturales"

 

La Ley de Propiedad y la disolución de los títulos comunitarios

 

La Ley de Propiedad (2004) fue creada a instancias del Banco Mundial y está encaminada a avalar el desmembramiento de los títulos comunitarios emitidos en las últimas décadas a favor de los pueblos indígenas. La ley permite la individualización de la propiedad comunitaria, a través de su artículo 100, el cual ha sido invocado para desmembrar terrenos de los territorios comunitarios. Entre uno de los casos más sonados, se encuentra el de un terreno en la Laguna Negra en Triunfo de la Cruz, desmembrado a través de un patronato paralelo creado por la municipalidad de Tela.

 

En el caso del desmembramiento de la Laguna Negra El Instituto de la propiedad emitió en octubre del 2010, un dictamen a favor de dicho procedimiento, alegando que no existía impedimento legal alguno, y se encontraba enmarcado en el Art 69 y 100 de la Ley de Propiedad.

 

El Capítulo III de la Ley de propiedad, ha sido diseñado para finiquitar la propiedad comunitaria y proceder a diluir las salvaguardas existentes en los títulos de no permitir la transacciones de tierras a foráneos, condición que había permitido hasta la fecha salvaguardar nuestros territorios

 

El Instituto de la Propiedad, ente financiado durante más de una década por el Proyecto de Administración de Tierras de Honduras PATH del Banco Mundial se encuentra a punto de ser privatizado, situación que pone en peligro aún más la propiedad comunitaria reconocida en los títulos expedidos a los pueblos indígenas por el Instituto Nacional Agrario (INA).

 

Las Leyes ZEDE e Hipoteca y los futuros despojos.

 

Desde el inicio de la administración Lobo, el poder legislativo comenzó a emitir una serie de leyes y decretos supuestamente destinados a promover "desarrollo y generación de empleo". No obstante el supuesto desarrollo que se promueve es a costa de nuestros bienes comunes, los que se han convertido en objetivos de empresas extractivas, proyectos de "energía limpia" y megaturismo.

 

La destrucción de la independencia de poderes, a través de la defenestración de la Corte de lo constitucional (12-12-2012), consumada por el Congreso Nacional como represalia ante la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), ratifica la condición de indefensión en que nos encontramos los pueblos indígenas.

 

Con el nuevo cambio de administración gubernamental efectuado en días pasados, es de esperar que el expresidente del Congreso Nacional, ungido como nuevo mandatario, acelere la subasta del país, tal como lo promovió desde el poder legislativo, donde apadrinó las Leyes RED, ZEDE e Hipoteca.

 

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo mandatario, es la desaparición de los ministerios de Justicia y Pueblos Indígenas (SEDINAFROH), entes de cartón creados para lavar la imagen del desastre en materia de derechos humanos, posterior al golpe de estado. La administración Lobo utilizó las instancias desaparecidas como instrumentos de propaganda, y en el caso de los pueblos indígenas de división, corrupción y neutralización de reclamos ante los despojos.

 

 

- Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, ODHPINH, http://observatorio-indigenas-honduras.tumblr.com/, @odhpinh