Cuando revisamos la Política Nacional de Salud, su presupuesto, sus instituciones y su forma de regulación, uno no se extraña que sea el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el ente encargado de gestionarla. Lo mismo ocurre en el caso de la Política Nacional de Educación.

En este periodo no es un tema de agenda el cuestionar la condición pública de la gestión de estas dos políticas estratégicas para el desarrollo del país. En ambos sectores existen florecientes negocios vinculados a la prestación de servicios de salud y educación privado que han podido coexistir y prosperar, pese a no tomar las decisiones sobre la orientación de la política respectiva. Este tema formó parte de la vieja pugna entre el Estado y el mercado, lo público o lo privado, que fue una moda en la década de los 90´s en el país, y que llego a su fin con el intento fallido de privatización de la salud.

En esa época el mercado salió victorioso, pues, en su nombre se vendieron a precio de me-lo-llevo, casi en su totalidad, las empresas públicas, desde bancos, ingenios azucareros, exportación de café, hoteles, distribuidoras de electricidad, generación  termoeléctrica, telecomunicaciones, entre otros negocios; que en su momento representó una nueva acumulación originaria de capital.  También en nombre del mercado se redujeron al mínimo las capacidades del Estado, primordialmente la capacidad de regulación del mercado y la tutela de los bienes públicos como el agua, el bosque, el aire, el suelo y el subsuelo.

Esta reducción de las capacidades del Estado tuvo su impacto en el incipiente proceso de gestión del agua que se construía con la aprobación de la Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en el año de 1981[1].  Este proceso llega a su fin con la supresión del Ministerio de Planificación (MIPLAN), en el gobierno de Alfredo Cristiani, y la derogación del reglamento de la Ley en el año de 1995, durante la gestión de Armando Calderón Sol. Con ello, la gestión del agua queda en manos de las leyes del floreciente mercado, modelo que ha regido desde entonces hasta estos días, y que explica en buena medida la profundización de la crisis del agua que actualmente enfrenta el país.

Ahora, veinte años después, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el partido ARENA se presentan ante la sociedad salvadoreña con un discurso falaz y anacrónico, como en un cuento surrealista, nuevamente planteando la privatización como la solución mágica al problema del agua.

Esta posición, es la razón que sustenta las argumentaciones que los partidos de derecha, encabezados por ARENA, utilizan desde 2013 para mantener bloqueada la discusión del Anteproyecto de Ley General de Aguas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático (CMACC), de la Asamblea Legislativa en El Salvador.

Esta posición está contenida en la propuesta de Ley de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, presentada en marzo 2013 por un miembro de una de las Asociaciones de Regantes de Atiocoyo, La Libertad, que luego fue negada por el resto de miembros de las mismas, y respaldada por la ANEP hace un par de meses en el Encuentro Nacional de la Empresa privada (ENADE) 2014.

El centro de la argumentación de la propuesta de ANEP es crear una Autoridad Hídrica, con carácter de empresa autónoma en la que tengan representación instancias públicas del ejecutivo como: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), también la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), pero, donde la mayoría absoluta de decisión la detenten los referentes de gremiales empresariales (universidades, agropecuarias, industriales y turísticas). Es decir, el argumento de la autónoma, es simplemente la fachada con que ocultan la privatización.

En el fondo, la propuesta de ANEP es legalizar el actual modelo privado de gestión del agua que se comenzó a implementar desde mediados de los 90´s por parte del partido ARENA

Privatización del agua políticas fracasadas a nivel mundial

Los esquemas de privatización del agua han fracasado a nivel mundial y están regresando a esquemas públicos y municipales; después de 25 años en manos privadas, en 2010 la gestión del agua en París, Francia, vuelve a manos del Ayuntamiento, quien decidió quitar el negocio a las transnacionales Veolia y Suez. Esta decisión representa un ahorro de al menos 30 millones de euros para el Ayuntamiento. En Cochabamba, Bolivia (1998), después de seis meses de privatizar la gestión del agua y el abastecimiento, otorgándolo a la transnacional Bechtel, da paso a la primera guerra del agua, que por los altos costos en tarifas y cánones por el uso del agua, terminó revirtiendo la privatización.

A la base de este retorno a la gestión pública, municipal y comunitaria, se encuentra un principio fundamental que nos dice que el mercado no sirve para la gestión de los derechos humanos. La garantía de fuentes de agua limpia, accesible y asequible para los usos domésticos, agrícolas, industriales y otros, corresponde prioritariamente al Estado.

Pese a las tendencias y la experiencia internacional sobre las deficiencias en la gestión privada del agua, ANEP quiere sorprender a la sociedad salvadoreña centrando la discusión de la Ley en la gestión privada, usando para ello los viejos estribillos sobre sus ventajas.

El verdadero centro de discusión de la Ley General del Agua debe girar alrededor de las siguientes preguntas ¿Cuál es el tipo de gestión pública que se adapta a nuestra condición de crisis? ¿Cuáles deben ser los mecanismos de participación ciudadana y sectorial? ¿Cuánto se debe pagar por los usos industrial, comercial y turístico del agua? ¿Cuáles son los usos estratégicos a los que debemos destinar el agua escasa que tiene el país?

- Carlos Flores/UNES –San Salvador– El Salvador.