El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI, ha dado su dictamen; un laudo final del Comité de Anulación, que hizo público el lunes pasado; que ordena al Ecuador pagar el monto neto de $ 1.061’175 millones a la Oxy, fallo que refleja la inequidad de un sistema arbitral creado por los inversionistas.

Recordemos, Iván Rodríguez ex Ministro de Energía, manifestó en el 2012, que la empresa internacional (OXY) firmó el contrato bajo la Ley de Hidrocarburos vigente a la época, la misma que señalaba en el artículo 69, “… que no se puede transferir acciones sin informar al Estado ecuatoriana, cuya acción provocaría la caducidad del contrato…” ; por ende la petrolera violó el contrato de participación al no obtener la autorización del entonces Ministerio de Energía y Minas para la transferencia de derechos mediante el Acuerdo Farmout, que firmò en octubre del 2000, con la canadiense Alberta Energy Corporation (AEC), lo que en la legislación ecuatoriana era causal de caducidad.

Pero la decisión del Comité de Anulación del CIADI, no atendió los argumentos de la defensa ecuatoriana con relación al pedido de nulidad, entre ellos: la falta de competencia del Tribunal, al no ser la caducidad materia arbitrable. El Tribunal Arbitral se atribuyó una competencia que no tenía al declarar desproporcionada una norma de derecho interno.

¿Que podíamos esperar del CIADI? Cuando está presidido por un Secretario General que hasta 2009, era al mismo tiempo el Vicepresidente Senior y Asesor Jurídico General del Banco Mundial; incluso la sede y el personal del CIADI son parte del Banco; además, tradicionalmente, el Vicepresidente y Asesor Jurídico de esa institución bancaria ha sido elegido por el Consejo Administrativo del CIADI como su Secretario General.

El caso Oxy, estuvo matizado por presiones antes, durante y después de declararse la caducidad del contrato por la venta, por parte de la multinacional. Según lo publicó EL TELÉGRAFO en mayo y octubre de 2012, varios cables filtrados por Wikileaks revelaban los “mecanismos diplomáticos” que ejercieron las delegaciones de EE.UU; estos cables dejaron al descubierto que las diplomáticas estadounidenses Kristie Kenny y Linda Jawell, a su debido tiempo, presionaron a funcionarios del más alto nivel, incluido dos jefes del Estado ecuatoriano de la época.

Se utilizó como arma de presión la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y Ecuador, que se empezaba a negociar en 2004, como lo señalan los cables identificados como 05QUITO681, del 28 de marzo; 04QUITO2327, de agosto, y 04QUITO2418, del 2 de septiembre. Incluso en uno de ellos advertía al Gobierno de Lucio Gutiérrez que “una aparente represalia contra Oxy podría tener graves consecuencias para el Ecuador en las negociaciones del TLC y los beneficios del ATPDEA”.

Denunciamos ante el mundo esta forma perversa del imperio, pretende someter al pueblo del Ecuador y a su gobierno con un inmoral fallo.

Manifestamos todo nuestro APOYO y respaldo al Gobierno y en especial al compañero Rafael Correa, frente a las acciones que emprenda y demandamos fortalecer y construir nuestro propio sistema de arbitraje (UNASUR, ALBA, CELAC), que defienda los intereses de los países y de los pueblos de Latinoamericanos.

Luis Manosalvas

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