La María, Piendamó, Cauca, abril 27 de 2012
 
Recogiendo la decisión de diferentes organizaciones sociales y la iniciativa CRIC en desarrollo de los mandatos de los congresos regionales indígenas del Cauca, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Territorio, Productividad, Ambiente y Minería, realizado durante los días, 24, 25, 26 y 27 de abril de 2012, en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil de La María, Piendamó, Cauca.
 
Como antecedentes de esta actividad, uno, se remite al año 2010, cuando más de 5 mil indígenas se congregaron en el Páramo de Pisno en contra de la minería y en defensa del espíritu del agua, dos, la Junta directiva de Jambaló, realizada a comienzo de 2012, donde se expresó la necesidad de atender el llamado de la madre tierra para detener la arremetida de las multinacionales mineras, proteger los territorios, defender las culturas y fortalecer los planes de vida, y como tercero, la dinámica de organizaciones sociales del orden nacional que preocupadas por el desarrollo de políticas del Estado a favor de la gran minería y la arremetida del capital multinacional en detrimento del medio ambiente, el territorio y la vida de las comunidades, han planteado la necesidad de acciones conjuntas, en especial de los sectores campesino, afros e indígenas.
 
El Encuentro, que contó con la participación de más de mil personas, delegadas de cerca de 40 organizaciones indígenas, afros y campesinas, así como de ONGs ambientalistas y de derechos humanos del orden regional y nacional, aparte de manifestar su rechazo rotundo a las leyes del despojo, se centró en el análisis conjunto de la realidad rural en cuanto a: uno, tierra y territorio; dos, productividad y modelos económicos alternativos; tres, medio ambiente y, cuatro, minería.
 
Tierra y Territorio
 
Temas como derechos colectivos, conflictos interétnicos, la denominación de tierras baldías, consulta previa, reforma agraria y desarrollo rural; coordinación intersectorial, conflicto armado y la intervención de actores externos e internos que tratan de quebrar nuestra unidad, fueron analizados y debatidos, indicando la necesidad de mesas rurales regionales que sirvan como soportes a la comisión nacional de territorios y a la mesa nacional de concertación, igual que la realización de encuentros de los sectores populares del campo para buscar propuestas de paz y convivencia en nuestros territorios.
 
Con relación a los derechos comunales sobre la tierra y territorios de los grupos étnicos, se pidió profundizar en el principio del territorio vital de los pueblos indígenas, explicando que no es solo un derecho inalienable sino que es un derecho superior al interés de otras personas, grupos sociales o a la puesta en marcha de proyectos de inversión, demandando de la sociedad y del Estado el reconocimiento del derecho a la vida y a la existencia de los pueblos como un asunto de interés general. En esta lógica se dijo que la realización del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas exige atender y priorizar sus requerimientos en cuanto a la constitución, ampliación, saneamiento y clarificación, amojonamiento y delimitación de resguardos; así como el reconocimiento pleno de los resguardos coloniales y de las zonas de reserva indígenas.
 
Frente a la problemática interétnica e intercultural, se dijo que era una estrategia promovida por el gobierno para no afectar la gran propiedad y romper la unidad entre campesinos, efros e indígenas, así como a nivel interno de estos sectores, que se apoya en las dificultades derivadas del problema estructural del acceso a la tierra que se vive en las zonas de frontera territorial y con la intención clara de generar conflictos mediante mecanismos como la doble titulación, el desconocimiento o la negación de títulos ancestrales o tradicionales, el destierro, el despojo y la división de las organizaciones indígenas, afros, campesinas y de los movimientos sociales creando falsos conflictos y organizaciones paralelas.
 
Los análisis mostraron como hace 40 años el gobierno daba créditos para que el indígena se volviera campesinos y hoy pareciera pretender que el campesino se vuelva indígena, lo cual aparte de no ser cierto es usado para disculpar la ineficiencia gubernamental y ocultar la falta de voluntad política del gobierno para cumplir los acuerdos suscritos con las organizaciones indígenas y sociales producto de las movilizaciones, por lo cual se propone hacer de la mesa interétnica una mesa territorial para que incluya a las comunidades campesinas y sirva como mecanismo para una solución autónoma de las diferencias; concluyendo que si bien existen diferencias entre organizaciones también hay claridad frente al compromiso de defender el territorio, dificultándose el cómo, para lo cual se indicó que debe profundizarse en el uso y manejo de la función social de la tierra y avanzar en tareas de unidad, conocimiento, organización y la definición de convocatorias de interlocución, exigencia de derechos y términos jurídicos.
 
Se sugirió no compartir el término de tierras baldías usado por la institucionalidad por negar la presencia de comunidades y pueblos que han habitado esos territorios centenariamente; igual que apropiarnos de propuestas de de origen popular, indígena, afro y campesino, como el mandato agrario y el proyecto ley de tierras que se opone a la iniciativa del gobierno nacional
 
Al enfocar el tema de la concentración de la tierra y el microfundio, se analizaron situaciones problemáticas referidas a los damnificados de invierno y a los desplazados por la violencia que generó, en la última década, el abandono forzado 8,5 millones de hectáreas; preguntando cómo se responderá al 94 por ciento de desposeídos y pequeños propietarios, ahora que se están discutiendo las políticas de restitución de tierras y la Ley del Plan y estrategias de desarrollo rural con equidad, donde proponen reformar la Unidad Agrícola Familiar, cuando se conoce que la tierra en Colombia se concentra en grandes propietarios que tienen macrofundios que abarcan desde 500 hasta 30.000 hectáreas.
 
Los informes identificaron que las nuevas políticas institucionales en materia de desarrollo rural promueven la desterritorialización y el repoblamiento desde las indicaciones neoliberales, indicando la necesidad de una política de desarrollo humano rural y de crecimiento productivo que venza el prejuicio de la improductividad de la pequeña producción y que glorifica la supuesta competitividad de los macrofundios agroindustriales o ganaderos, ya que el 50 por ciento de los desplazados son microfundistas y pequeños agricultores, por lo cual debería hablarse de desarrollo rural desde la equidad y la redistribución, es decir, dando soluciones de tierra, vivienda y servicios, tecnología, capacitación del recurso humano, crédito, infraestructura, tributación progresiva y gestión. Otra estrategia del gobierno identificad es la extranjerización de la tierra que se vende al capital transnacional.
 
Se habló de dos proyectos de ley sobre tierras que se han presentado para consulta y posterior entrega al Congreso de la República, diciendo que uno es propuesto por gobierno nacional y el otro por las organizaciones campesinas de la mesa de unidad agraria; destacando que el proyecto del gobierno mantiene el “saneamiento de la falsa tradición”, que permite legalizar despojos e insiste en la figura del “derecho de superficie”, que podría servir para que los desplazados cedan por décadas sus tierras y las mismas puedan comerciarse en el mercado financiero”. Subrayando del proyecto alternativo que “parte de los objetivo de la soberanía alimentaria, la defensa de la diversidad étnica y cultural y los derechos territoriales de los grupos étnicos; reivindica la importancia del fortalecimiento de la economía campesina y el papel de la mujer rural, así como el establecimiento de medidas que conduzcan a la protección del ambiente, el adecuado aprovechamiento del suelo y la reversión de la extrema concentración de la propiedad de la tierra a su redistribución”. Se propuso que dicho proyecto sea acogido por la Mesa Permanente de Concertación Nacional e incorporado a los proceso de consulta de manera paralela como contrapropuesta para que sea analizado y enriquecido por las comunidades
 
Al analizar el desarrollo de la política gubernamental se vio que se busca cambiar la relación campo – ciudad para incrementar la capacidad de productividad y de consumo e individualizar a los pobladores rurales con el objetivo de convertirlos en consumidores y proveedores de fuerza de trabajo, por lo cual, se informó que el INCODER está haciendo titulación de predios y apoyo a proyectos productivos, atándolos a la modalidad de alianzas estratégicas entre productores rurales y empresarios, denunciando que en el Chocó, una modalidad es el arrendamiento de los territorios colectivos a terceros. Otra estrategia gubernamental es la extranjerización de la tierra, lo que significa compra por parte de las multinacionales para tener control sobre recursos estratégicos.
 
Al entender que el Estado pretende ejercer el “control del territorio” por la vía militar, jurídica, política y cultural, se dijo que la Autonomía es la capacidad de un actor social para controlar el territorio, en consecuencia las propuestas en este tema sugirieron apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, y presentado en este encuentro, por considerar que éste recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana; se invitó también a realizar foros conjuntos en las zonas para explicar la problemática a los distintos actores sociales, reconociendo que ya hay territorialidades construidas; recomendando, finalmente, que la Mesa Territorial se haga realidad a partir de un taller donde se defina: a) caracterización de la mesa b) Composición y C) criterios para su funcionamiento.
 
Se presentaron algunos disensos en torno al tema de las reservas campesinas, ZRC. Se diferencian las ZRC que son legítima aspiración de comunidades campesinas de las que el gobierno quiere ligar con los CCAI, referidas a la estrategia de seguridad y de las zonas de consolidación; invitando a continuar su proceso de análisis y exigencia, buscando evitar que con su implementación se afecten los intereses y la convivencia con los demás sectores. Unido a este tema se sugiere no compartir el término de tierras baldías y ampliar la iniciativa de coordinación interétnica al sector campesino.
 
Con relación al tema ambiental territorial se explicó que Parques Naturales Nacionales, sigue siendo una estrategia de desterritorialización y control del manejo económico de las zonas ambientales, comprometiéndose aquí a no se dejar que se cambie su vocación de conservación y productividad agroambiental por los intereses mineros.
 
Si bien hubo intervenciones que cuestionaron los procesos de consulta previa, mencionando que hay dificultad para que los temas de discusión nacional y la información llegue a las bases, y que ésta está siendo utilizada para anteponer el derecho general sobre el particular y legitimar las propuestas del gobierno; se sostuvo que ésta es un derecho ganado por los procesos de movilización, el cual ha sido reconocido en Colombia por ser parte del orden jurídico internacional y examinado por la corte Constitucional que indica que la Consulta debe ser un procedimiento obligatorio en territorios indígenas y afros, debiendo ser aplicado con consentimiento previo libre e informado. Se propuso entonces, avanzar en términos de hacer vinculante el derecho a la Consulta a otros sectores y que frente a lo legislativo la Mesa nacional de concertación suspenda este proceso hasta tanto no haya garantías.
 
Al hacer referencia al tema de las bases militares se habló de la disputa por los territorios étnicos-ambientales por parte de actores armados y de negociantes desarmados, que resulta siendo la causa directa de las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas, entre ellas el desplazamiento forzado. Se dijo también que gran parte de los conflictos se derivan de la esquizofrenia de las normas y de las políticas públicas, como ejemplo se puso la legislación minera que declara de utilidad pública e interés social, la exploración y explotación de recursos, lo que implica que dichas actividades priman sobre los derechos individuales o colectivos.
 
Se invitó a recoger el acumulado de acciones y actividades realizadas por nuestros pueblos como el Mandato Agrario y otras iniciativas populares, entre las que se destacaron, el congreso nacional de tierras, territorios y soberanía realizado en Cali en el 2011; el Encuentro Campesino, indígena y Afro-descendiente por la paz realizado en Barranca el mismo año; la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que caminó desde Cauca hasta la capital del país y la Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales realizada en año 2006, actividades realizadas en unidad de los pueblos indígenas, afros y campesinos. Indicando que la construcción de propuestas de ordenamiento territorial deben reflejar nuestra autonomía frente a la minería, los mega-proyectos, el conflicto armado y los actos legislativos del Estado colombiano. También deben permitirnos identificar tanto la conveniencia como sus consecuencias, así como una estrategia de autonomía y soberanía, alimentaria, acompañada de procesos de comunicación que privilegien mensajes para nuestras bases sociales, donde se planteen nuestros objetivos de lucha, las relaciones de las comunidades con el Estado, así como las políticas del Estado frente a los sectores sociales; estableciendo continuidad y seguimiento a las recomendaciones y propuestas elaboradas en actividades como ésta.
 
Se plantean tres tareas: Una) organizativa, en términos de definir estrategias de convocatoria, representación e interlocución (movilización); Dos) de conocimiento, que permita precisar y unificar criterios y plantear argumentos en cuanto a la visión de vida vs la visión de desarrollo y a la visión de territorio, con énfasis en torno a los territorios de frontera; Tres) de orden jurídico–político, con una agenda de derechos que se anteponga a la agenda del TLC y reafirme la necesidad de una verdadera reforma agraria.
 
Dentro de las sugerencias y recomendaciones se destacan
a)    La creación de una mesa de comunidades rurales regionales, que sirvan como soportes para la comisión nacional de territorios, y para la mesa nacional de concertación.
b)    Encuentros de los sectores populares del campo para buscar propuestas de paz y convivencia en nuestros territorios que sirva para contrarrestar las consecuencias del conflicto armado y la intervención de actores externos e internos que tratan de quebrar nuestra unidad.
c)    Socializar y apropiarnos de la propuesta de reforma agraria y desarrollo rural de origen popular (indígena, afro y campesino), invitando que sea acogida por la Mesa Permanente de Concertación Nacional e incorporada a los proceso de consulta de manera paralela con el presentado por el gobierno nacional para que sea analizada y enriquecida por las comunidades.
d)    Elaborar una propuesta de ordenamiento territorial con autonomía, donde se evidencien los efectos de la minería, los mega-proyectos, el conflicto armado, y se ratifique y fortalezca una estrategia de soberanía, autonomía alimentaria.
e)    Establecer una continuidad de estos congresos y realizar un seguimiento de las recomendaciones y propuestas elaboradas y hacerlo en forma rotatoria en otros lugares
f)    Presentar las conclusiones recogidas en esta actividad en el encuentro nacional afro a realizarse entre el 20 y 22 de mayo del 2012.
 
Finalmente se recomendó analizar proyectos de ley como el estatuto de desarrollo rural, las CAR y el de conocimientos tradicionales; invitando a realizar acciones alternativas que ayuden a detener las obras que están generando afectación al territorio y al medio ambiente, dejando claro que frente a la movilización las regiones construyen sus escenarios de forma autónoma
 
Productividad
 
La discusión, inicialmente, giró alrededor de los impactos del TLC en las comunidades y en las economías propias, destacando problemas que ya habían sido advertidos por el movimiento social desde hace varios años, cuando se rechazó la firma del Tratado de Libre de Comercio con EE.UU, como los referidos a temas fitosanitarios, patentes (propiedad intelectual), mercado de semillas y control de precios para los mercados de productos que se importarían de Estados Unidos que compiten con la producción interna del país.
 
El dilema planteado fue producir para entrar en competencia con el mercado internacional, o establecer las bases de fortalecimiento de las economías propias y colectivas propendiendo por la seguridad alimentaria de las comunidades a través de intereses colectivos y no individualistas.
 
Se identificaron problemas como la precarización e informalidad del trabajo, la limitación de la producción agrícola por las nuevas regulaciones que el