Nuestro mundo no está en venta

Primero está la Soberanía Alimentaria de los Pueblos

¡Fuera la OMC de la Agricultura y la Alimentación!

La agricultura y la alimentación son fundamentales para los pueblos y
la gente en todo el mundo, tanto en términos de la producción y
disponibilidad de cantidades suficientes de alimentos nutritivos y
seguros, como en cuanto pilares de comunidades, culturas y ambientes
rurales y urbanos saludables. Todas esas funciones están amenazadas y
vienen siendo socavadas por las políticas económicas neoliberales que
con ímpetu creciente impulsan las grandes potencias como Estados
Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE), a través de instituciones
multilaterales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En lugar
de garantizar la alimentación de toda la población del mundo, esos
organismos presiden un sistema que multiplica el hambre y diversas
formas de desnutrición, y la exclusión de millones de personas del
acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el agua,
las semillas, las tecnologías y el conocimiento. Se requieren cambios
urgentes y fundamentales a éste régimen mundial.

La soberanía alimentaria es un derecho fundamental de los
pueblos

Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos
los pueblos del mundo, es crucial que los alimentos sean producidos
mediante sistemas de producción diversificados, de base campesina. La
soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus
propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a
proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el
mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, y
a decidir en qué medida quieren ser autosuficientes sin volcar sus
excedentes en terceros países mediante la práctica del ‘dumping’. La
soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien
defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas
comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer
de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente
sustentable.

Para conseguir y preservar la soberanía alimentaria de los pueblos y
garantizar la seguridad alimentaria, los gobiernos deberán adoptar
políticas que fomenten una producción sustentable, basada en la
producción familiar campesina, en lugar que un modelo industrial, de
altos insumos y orientado a la exportación.
Ello implica adoptar las siguientes medidas:

I. Políticas de mercado

- Garantizar precios remunerativos para todos los productores
agropecuarios;
- Ejercer el derecho a proteger los mercados nacionales de los
productos importados a bajo precio;
- Regular la producción en el mercado interno a fin de evitar la
generación de excedentes;
- Abolir todo tipo de apoyos y subsidios directos e indirectos a las
exportaciones;
- Eliminar progresivamente aquellos subsidios a la producción
nacional que promuevan sistemas agropecuarios insustentables y
patrones inequitativos de tenencia de la tierra y, en cambio,
brindar apoyo a las prácticas agropecuarias sustentables y a
programas de reforma agraria integral.

II. Medio ambiente y calidad y seguridad de los alimentos

- Controlar adecuadamente la proliferación de pestes y enfermedades,
garantizando al mismo tiempo la seguridad e inocuidad de los
alimentos;
- Prohibir el uso de tecnologías peligrosas como la irradiación de
los alimentos, que genera toxinas en ellos y disminuye su valor
nutritivo;
- Fijar criterios de calidad de los alimentos adecuados a las
preferencias y necesidades de la gente;
- Establecer mecanismos nacionales de control de calidad de los
alimentos, de manera tal que cumplan con normas ambientales,
sociales y sanitarias de alta calidad;
- Garantizar que todas las funciones de inspección de alimentos sean
llevadas a cabo por organismos gubernamentales adecuados e
independientes, y no por empresas privadas o concesionarias.

III. Acceso a los recursos productivos

- Reconocer y hacer valer los derechos jurídicos y consuetudinarios
de las comunidades en lo que refiere a tomar decisiones acerca del
uso de los recursos locales y tradicionales, aun cuando
jurídicamente no hayan gozado previamente de esos derechos;
- Garantizar el acceso equitativo a la tierra, las semillas, el agua,
el crédito y otros recursos productivos;
- Prohibir cualesquier formas de patentamiento de materia viva y
cualquiera de sus componentes, y la apropiación del conocimiento
asociado a la agricultura y la alimentación mediante regímenes de
propiedad intelectual;
- Proteger los derechos de los productores agropecuarios, los pueblos
indígenas y las comunidades locales sobre los recursos
fitogenéticos y el conocimiento asociado, inclusive el derecho de
los agricultores a intercambiar y reproducir semillas.

IV. Producción-Consumo

- Desarrollar economías alimentarias locales, basándose en la
producción y el procesamiento local y la creación de puntos de
venta locales.

V. Organismos Genéticamente Modificados

- Prohibir la producción y comercialización de semillas, alimentos y
piensos genéticamente modificados, así como de cualesquier
productos afines.
- Alentar y promover la agroecología y la agricultura orgánica
fundadas en el saber indígena y tradicional, y otras prácticas
agropecuarias sustentables.
- Denunciar y resistir activamente los diversos métodos (directos e
indirectos) que están utilizando las grandes empresas
agroalimentarias como Monsanto, Syngenta, Aventis/Bayer y DuPont
para introducir variedades de cultivos transgénicos en el ambiente
y los sistemas agropecuarios.

VI. Transparencia de la información y leyes antimonopólicas

- Garantizar el etiquetado claro y preciso de los alimentos para
consumo humano y animal, con base en el derecho de los consumidores
y los agricultores a conocer el origen y contenidos de esos
productos;
- Fijar normas obligatorias para todas las empresas, que garanticen
la transparencia, responsabilidad pública y respeto de los derechos
humanos y las normas ambientales en sus operaciones;
- Dictar leyes antimonopólicas para evitar la formación de monopolios
industriales en los sectores agropecuario y alimentario.
- Responsabilizar ante la ley a las entidades corporativas y a sus
directores por cualesquier violaciones de las leyes sociales y
ambientales y las normas y acuerdos nacionales e internacionales.

Las reglas de comercio tienen que garantizar la soberanía
alimentaria

No se le debe conceder primacía al comercio internacional por encima
de otras metas sociales, ambientales, de desarrollo o culturales. Es
imperativo darle prioridad a la producción de subsistencia y
culturalmente apropiada de alimentos sanos, nutritivos, de buena
calidad y a precios razonables, para el mercado interno y los mercados
subregionales y regionales. La liberalización actual del comercio, que
deja en manos de las fuerzas del mercado y poderosas empresas
transnacionales las decisiones acerca de qué y cómo se producen y se
comercializan los alimentos, no puede dar cumplimiento a estas
importantísimas metas sociales.

No! a las políticas agropecuarias y alimentarias neoliberales

Los abajo firmantes denunciamos la ‘liberalización’ de los
intercambios de productos agropecuarios promovida a través de acuerdos
de libre comercio bilaterales y regionales y a través de organismos
multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC. Condenamos el
dumping de productos agropecuarios que practican los grandes
exportadores, particularmente sobre los países del tercer mundo en
donde han socavado la producción nacional para el mercado interno. Las
políticas neoliberales obligan a los países a especializarse en
productos agrícolas en los que gozan de supuestas ‘ventajas
comparativas’, y a comercializarlos con base en el mismo principio.
Así se fomenta la producción para la exportación a expensas de la
producción de alimentos para el mercado interno, y los recursos y
medios de producción se encuentran cada vez más bajo el control de
grandes intereses privados empresariales.

Los gobiernos ricos continúan subsidiando fuertemente la producción
agropecuaria de exportación en sus países, destinando la mayor parte
de esos recursos a los productores más grandes. La mayor parte de esos
dineros de los contribuyentes terminan en manos de grandes empresas –
grandes productores, grandes empresas mercantes y grandes cadenas
minoristas—que desarrollan prácticas agropecuarias y comerciales
insustentables, en lugar que en manos de los productores familiares de
pequeña escala que producen principalmente para el mercado interno, a
menudo con estrategias y prácticas productivas más sustentables.

Esas políticas de fomento a las exportaciones han dado origen a
precios de mercado para los productos que son mucho menores que los
costos reales de producción. Eso alienta y perpetúa la práctica del
dumping, y permite que las empresas transnacionales (ETNs) compren
productos agropecuarios a muy bajos precios, para vendérselos después
a precios mucho más altos a los consumidores tanto del Sur como del
Norte. Los fuertes subsidios agropecuarios de los países ricos son en
realidad subsidios para la industria agroalimentaria, las grandes
empresas mercantes, las grandes cadenas minoristas, y para una minoría
de los mayores productores.

Los efectos adversos de esas políticas y prácticas se revelan cada vez
con mayor claridad. Ellas conducen a la desaparición de la agricultura
familiar de pequeña escala tanto en el Norte como en el Sur; la
pobreza ha aumentado, especialmente en las zonas rurales; los suelos y
el agua están contaminados y degradados; y ha habido pérdidas
irreparables de diversidad biológica y destrucción de hábitat.

Dumping

Hay dumping cuando se venden productos en un mercado a precios menores
que el costo de producción. Ello puede ser el resultado de la
aplicación de diversos tipos de subsidios o de distorsiones
estructurales tales como el control monopólico de los mercados y la
distribución, tanto como de la falta de voluntad que exhiben las
políticas económicas actuales para ‘internalizar’ los costos de
externalidades tales como el agotamiento de las fuentes de agua, la
pérdida de nutrientes en el suelo y la contaminación que acarrean los
métodos industriales de producción agropecuaria. Bajo las políticas
neoliberales hoy predominantes, ocurre dumping tanto en el comercio
Norte-Sur como en los intercambios Sur-Norte y Sur-Sur.
Independientemente de la forma que adopte, el dumping es una práctica
que lleva a la ruina a los productores locales de pequeña escala,
tanto en los países de origen como en aquellos donde se venden los
productos.

Por ejemplo:

- Importación a la India de productos lácteos excedentes
subsidiados por la Unión Europea;
- Exportaciones de productos porcinos industrializados de Estados
Unidos a los países del Caribe, que han arruinado a los
criadores caribeños de cerdos;
- Importaciones de productos porcinos en Costa de Marfil,
procedentes de la Unión Europea a precios –subsidiados-- tres
veces menores que el costo de producción en Costa de Marfil;

- Exportaciones de hilos de seda de la China a la India a precios
mucho más bajos que el costo de producción en la India,
perjudicando muy seriamente a cientos de miles de familias
rurales del sur de la India;
- La importación a bajo precio de maíz proveniente de EE.UU. en
Méjico –el centro de origen del maíz—está provocando la ruina de
los productores mejicanos del grano. De otra parte, las verduras
de bajo precio mejicanas están arruinando a los productores
hortícolas canadienses, todo ello en el marco del TLCAN.

Es imperativo impedir el dumping. Los países importadores deben gozar
de pleno derecho a protegerse contra el dumping, y a los países
exportadores no se les puede permitir volcar sus excedentes en el
mercado internacional a precios bajos. Los exportadores deberían
responder a la demanda real de productos y bienes agropecuarios que no
socaven la producción local.

No existe un ‘mercado mundial’ de productos agropecuarios

El llamado ‘mercado mundial’ de productos agropecuarios en realidad no
existe. Lo que existe, ante todo, es comercio internacional de
excedentes de cereales y productos lácteos y cárnicos volcados al
mercado internacional principalmente por la Unión Europea (UE),
Estados Unidos (EE.UU.) y otros miembros del llamado Grupo CAIRNS de
países agroexportadores. Aparte de eso, el comercio internacional en
productos agropecuarios compromete solamente a un 10% del conjunto
total de la producción agropecuaria mundial, y constituye
fundamentalmente un intercambio entre empresas transnacionales de
EE.UU., la UE y algunos otros países industrializados. Los así
llamados ‘precios del mercado mundial’ son sumamente inestables y no
guardan relación alguna con los costos de producción. Esos precios son
sumamente bajos debido al dumping, y por lo tanto jamás podrán ser una
referencia adecuada o conveniente para la producción agropecuaria.

La OMC hace oídos sordos a los reclamos de reforma del sistema

La OMC es antidemocrática, no le rinde cuentas a nadie, ha aumentado
las desigualdades mundiales y la inseguridad, fomenta patrones de
producción y consumo insustentables, erosiona la diversidad y socava
otras prioridades sociales y ambientales. Ha demostrado ser
impermeable a las críticas respecto a su funcionamiento y ha rechazado
todos los reclamos de reforma del sistema. A pesar de las promesas de
mejoras en el sistema anunciadas durante la conferencia ministerial de
Seattle en 1999, las formas de gobierno de la OMC en realidad se han
empeorado. En lugar de encarar las iniquidades y los desequilibrios
reinantes entre los países ricos y los países pobres, el grupo de
presión de los ricos y poderosos en la OMC está buscando ampliar el
mandato de esa organización sobre nuevas áreas de la vida social como
el medio ambiente, la legislación laboral, las inversiones, las
políticas de competencia y las compras del Estado.

La OMC es una institución completamente inadecuada para hacerse cargo
de los problemas de la agricultura y la alimentación. Los abajo
firmantes no vemos que sea posible que la OMC se someta a una reforma
profunda que la haga sensible a los derechos y necesidades del pueblo
y el común de la gente. En consecuencia, los abajo firmantes
reclamamos que todo lo relativo a la alimentación y la agricultura sea
excluido del ámbito de jurisdicción de la OMC, mediante el
desmantelamiento del Acuerdo sobre Agricultura (AoA, por su sigla en
inglés) y la exclusión o enmienda de otras cláusulas afines y acuerdos
de la OMC, entre los que se incluyen el acuerdo sobre Aspectos de la
Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC, mejor conocido
como TRIPS, por su sigla en inglés), el acuerdo sobre Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (SPS, por su sigla en inglés), el acuerdo
sobre Barreras Técnicas al Comercio (TBT, por su sigla en inglés), el
acuerdo sobre Restricciones Cuantitativas, el acuerdo sobre Subsidios
y Medidas Compensatorias (SCM, por su sigla en inglés), y el Acuerdo
General sobre Comercio en Servicio (GATS, por su sigla en inglés).

¿Pueden las normas de comercio desempeñar un papel positivo en las
políticas agropecuarias y alimentarias?

El comercio internacional puede desempeñar un papel positivo, por
ejemplo en tiempos de inseguridad alimentaria regional, o para el caso
de productos que sólo se pueden cultivar en determinados lugares del
planeta, o para el intercambio de productos de calidad. No obstante,
esas normas de comercio deberán respetar el principio de precaución en
todas las políticas a todos los niveles, así como reconocer los
procesos democráticos y participativos en la toma de decisiones y la
primacía de la soberanía alimentaria de los pueblos por encima de los
imperativos del comercio internacional.

Un régimen institucional alternativo

Es evidente la necesidad, como complemento al papel de los gobiernos
locales y nacionales, de un nuevo régimen institucional alternativo
de reglamentación multilateral para la producción sustentable y el
comercio de bienes agropecuarios y alimentarios. Ese nuevo régimen
deberá respetar los siguientes principios:

1. La soberanía alimentaria de los pueblos;
2. El derecho de todos los países a proteger su mercado interno,
regulando a tal efecto todas aquellas importaciones que socaven
su soberanía alimentaria;
3. Normas de comercio que apuntalen y garanticen la soberanía
alimentaria;
4. Equidad de género e igualdad en todas las políticas y prácticas
referidas a la producción alimentaria;
5. El principio de precaución;
6. El derecho a la información acerca del origen y contenido de los
productos alimenticios;
7. Mecanismos internacionales de participación genuinamente
democráticos;
8. Prioridad para la producción alimentaria nacional, las prácticas
agroecológicas sustentables y el acceso equitativo a todos los
recursos;
9. Apoyo a los pequeños productores agropecuarios para que obtengan
la propiedad y ejerzan suficiente control sobre los medios de
producción alimentaria;
10. Prohibición eficaz de todas las formas de dumping, a fin
de proteger la producción alimentaria nacional, mediante la
aplicación de mecanismos que eviten la generación de excedentes
por parte de los países exportadores y el ejercicio del derecho
de los países importadores a proteger sus mercados internos
contra los productos importados a bajo precio;
11. Prohibición de la biopiratería y las patentes sobre
materia viva –animales, plantas, el organismo humano y otras
formas de vida— y cualquiera de sus componentes, e incluso al
desarrollo de variedades estériles mediante procesos de
ingeniería genética;
12. Respeto por todos los convenios de Derechos Humanos y
otros acuerdos multilaterales afines bajo jurisdicción
internacional independiente.

Los abajo firmantes hacemos nuestros los reclamos planteados en otras
declaraciones de la sociedad civil tales como ‘Nuestro Mundo No Está
en Venta: OMC, Someterse o Desaparecer’ y ‘Frenemos Ya el Ataque del
GATS’. Reclamamos que los gobiernos aprueben las siguientes medidas de
manera inmediata:

1. Cesar las negociaciones tendientes al lanzamiento de una nueva
ronda de liberalización comercial y frenar las discusiones
tendientes a incorporar ‘nuevos temas’ o sectores al ámbito de
jurisdicción de la OMC, tales como inversiones, normas de
competencia, compras del Estado, biotecnología, servicios,
normas laborales y medio ambiente;
2. Cancelar las negociaciones para una mayor liberalización del
comercio agropecuario en el ámbito del Acuerdo sobre Agricultura
de la OMC, inclusive a través de la llamada ‘agenda incorporada’
u ordinaria de la OMC;
3. Eliminar la aceptación obligatoria de un cupo mínimo de
importación del 5% del consumo interno; todas las cláusulas
sobre acceso obligatorio a los mercados deben ser asimismo
eliminadas inmediatamente;
4. Emprender una r