El Comité de Unidad Campesina repudia una vez más las actitudes de algunas fiscalías del Ministerio Público, como es el caso de la fiscalía de Nebaj que está acusando injusta e ilegalmente a siete campesinos indígenas de la comunidad “El Molino”, municipio de Cunén, el Quiché, pretendiendo despojar a la comunidad indígena de sus tierras ubicadas dentro del Ejido de Cunén.
Hoy en el Tribunal Penal de Santa Cruz del Quiché se realiza el cuarto debate oral del caso donde están acusados de “usurpación agravada” y “amenazas” nuestros compañeros MARIANO CHILISNA CAMAJA, JUAN CHILISNA CAMAJA, PEDRO CHILISNA CAMAJA, GREGORIO RODRÍGUEZ TUM, FELICIANO HERNÁNDEZ PALACIOS, MARTIN HERNÁNDEZ PALACIOS Y JORGE ALBERTO PU PÉREZ a pesar de no haber cometido delito ninguno.
El Ministerio Público no debiera someter a los siete campesinos a juicio, cuando la ubicación de sus tierras dentro del ejido municipal ha sido claramente probada por un estudio registral y catastral realizado por la Secretaría de Asuntos Agrarios-Contierra Regional Quiché, el que evidencia que las tierras de “El Molino” son parte de los territorios de los pueblos k’iche’s.
Las 24 familias indígenas y campesinas tienen décadas de cultivar las ocho manzanas de terreno de la comunidad, donde fueron objetos de cobros ilegales de “arrendamiento” de parte de “supuestos propietarios”, hasta que el estudio registral determinara que la propiedad estaba inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble a favor de la Municipalidad de Cunén desde hace más de un siglo.
Denunciamos la falsedad de las acusaciones de la señora Felipa Botón Bach, quien alega supuestos derechos que le fueran otorgados por la familia Botrán, los que fueron los verdaderos usurpadores de dichos terrenos, ya que sin título alguno por décadas cobraron un "arrendamiento" ilegal a la comunidad indígena. Asimismo, el “sospechoso” apoyo prestado a la Sra. Botón por el Ministerio Público de Nebaj, por medio del agente fiscal Juan Curruchiche Asijtuj, aún y cuando no existe delito que perseguir en este caso, porque la ubicación de la finca propiedad de la denunciante es técnicamente imposible.
Éste paradigmático caso muestra cómo durante la historia de los pueblos indígenas en Guatemala, familias de la oligarquía terrateniente los han venido despojando de sus territorios, simplemente "de hecho", en este caso incluso sin ninguna "legalidad" del propio sistema legal, y cómo continúan los despojos aún hoy día, sin ninguna legitimidad ni legalidad.
La complicidad de los organismos del Estado es evidente, cuando el Ministerio Público y tribunales de justicia - en vez de perseguir la realización de justicia con objetividad e imparcialidad - busca criminalizar la lucha por la defensa legítima de los territorios de los pueblos indígenas, sin tomar en cuenta la realidad histórica y la evidencia contundente que muestra la inexistencia de derechos de la denunciante y de delitos de los procesados.
EN CONSECUENCIA DE TODO LO ANTERIOR:
Al Ministerio Público del municipio de Nebaj, exigimos:
Que el agente fiscal Juan Curruchiche Asijtuj cumpla con las obligaciones que le impone la ley, que actúe con objetividad dentro del proceso y que no perjudique más a los campesinos que poseen legalmente la tierra.
Que el Fiscal General ordene la investigación de las responsabilidades penales y administrativas que corresponden.
Al Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Quiché exigimos:
Que emita una sentencia apegada a ley, que valore correctamente las pruebas presentadas y tome en cuenta los derechos históricos de los campesinos sobre la tierra de la comunidad "El Molino".
A las demás organizaciones indígenas y campesinas, organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional, llamamos:
A solidarizarse con los hermanos campesinos procesados penalmente, como consecuencia de la ilegal y arbitraria persecución penal que el Estado de Guatemala ha iniciado en su contra.
COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–
MIEMBRO DE WAQIB’ KEJ, CNOC, CLOC Y LA VIA CAMPESINA