Integración de los Pueblos

 

   La Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA (ALBA Movimientos), condenamos enérgicamente la represi&oacut e;n realizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de Oaxaca, México, el pasado domingo 19 de junio, donde fueron vilmente asesinadas 8 personas, 2 de ellas en el poblado de Juchitán, uno de ellos reportero de un periódico local; y 6 más durante la jornada de represión en la localidad de Nochixtlan, donde hay más de 100 heridos según los últimos reportes ?entre ellas, 45 de bala- y 22 personas desaparecidas.

 

   Estos actos de violencia gubernamental se desarrollaron en medio de las protestas del magisterio mexicano en contra de una injusta Reforma Educativa que busca socavar la educación pública y elimina los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

 

   Se asesina al pueblo mexicano que tiene justos reclamos, para defender los intereses del capital trasnacional y del gobierno de los Estados Unidos. Expresión de que el gobierno de Peña Nieto intenta sostener a fuerza de muerte y terror esa política educativa, desconociendo la propuesta de diálogo del movimiento docente.

 

   Estos hechos se suman a las miles de personas asesinadas en un contexto de sometimiento a las polít icas de seguridad de EEUU, crecimiento de la violencia, privatización y entrega de bienes públicos y territorios y criminalización del movimiento social. Esta es la política neoliberal que, al igual que en otros países del Continente, silencian las grandes cadenas privadas de medios. Es la receta que se intenta imponer en todo el continente, de la mano de la Alianza del Pacífico, los Tratados de Libre Comercio y la ?cooperación militar, de seguridad y de inteligencia con EEUU.

 

  Desde ALBA Movimientos condenamos los hechos de represión y los asesinatos en el Estado de Oaxaca. Pedimos una cobertura responsable de los medios masivos de comunicación, que hasta el momento han invisibilizado la demanda de la me sa de diálogo y han contribuido a la criminalización del movimiento.

 

 

 

¿Por qué luchan los maestros en México?: Una ?Reforma educativa? para dejar al pueblo sin educación.

 

   La Reforma Educativa contra la que se han alzado cientos de miles de docentes y padres y madres de familia, tiene poco de educativa. En verdad es impulsada por sectores empresariales y el gobierno se apega a los lineamientos internacionales de privatización de los servicios públicos; traslada la obligación del Estado de procurar educación laica, gratuita y obligatoria (Artículo 3ero, de la Constitución Mexicana), a los padres de familia, quienes tendrán que financiar desde sus bolsillos el mantenimiento de las escuelas, lo que además abre la puerta para que empresas privadas realicen funciones del Estado en materia educativa.

 

   Se trata de una reforma laboral que pone en entredicho la permanencia en el empleo, cercena el derecho a la jubilación y los derechos del profesorado y sus comunidades escolares a influir en los contenidos de la Educación Pública, reduci& eacute;ndolos a autómatas.

 

   Es una reforma laboral que eleva a principios únicos de la enseñanza los de la ?nueva cultura laboral?,  propuestos por las corporaciones trasnacionales que reducen a las personas a simples medios de producción y a potenciales consumidores compulsivos. Es una reforma que privatiza el derecho a la educación, la convierte en un servicio que debe ser costeado por los padres de familia que ahora deberán cubrir los costos de materiales pedagógicos, de operación y mantenimiento de los edificios escolares; que además, proscribe de los planes de estudios la historia nacional, la educación ciudadana y todo los contenidos relacionados con el desarrollo del pensamiento c rítico.

 

   Además de lo anterior, la reforma tiene como uno de sus objetivos legalizar el despido injustificado de maestros del nivel básico (primaria y secundaria) y para ello existen varios parámetros dentro la nueva ley educativa, entre ellos las evaluaciones punitivas; contempla la realización de exámenes periódicos a los docentes y que de ser reprobados suponen el despido del trabajador, los maestros democráticos han dicho en reiteradas ocasiones que no se oponen a la evaluación, pero que ésta debe ser integral comenzando por evaluar el impacto de las políticas públicas en materia educativa. A esto se suma que la reforma contempla el despido de profesores que acumulen 3 faltas consecutivas, con esta medida el gobierno de Peña Nieto pretende eliminar en la práctica el derecho político a la protesta social del magisterio y el paro laboral como herramienta de los trabajadores; hasta el momento por éste último punto han sido despedidos más de 3000 maestros que se negaron a ser intimidados por la Reforma y participan en el Paro Nacional.

 

   El Gobierno Mexicano no garantiza derechos humanos, por el contrario los viola, reprimiendo y asesinando.

 

    Desde hace varios días miles de trabajadores y trabajadoras del magisterio mexicano organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizan en contra de una reforma educativa que consideran injusta. En respuesta el gobierno de Enrique Peña Nieto no solo NO garantiza sus derechos y evita crear canales de diálogo, sino que por el contrario, ha desatado una ola de represión contra los maestros democráticos en diversos estados, entre ellos la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

 

  El cl ima de violencia y tensión se encuentra en niveles extraordinarios, la posición del Gobierno Mexicano ha sido intransigente, miembros del magisterio, organizaciones y comunidades solidarias con la lucha de los maestros temen nuevas acciones represivas en las próximas horas.

 

   De igual forma se han encarcelado a diversos dirigentes de la CNTE con motivos políticos, entre ellos al Secretario General y al de Organización de la Sección XXII de Oaxaca, y al ex ? Secretario General de la Sección XVIII de Michoacán de la CNTE. En el estado de Oaxaca se ha instalado en los hechos un Estado de excepción y los gobiernos federal y estatal no atienden el llamado de la población al diálogo.

 

   Ni la OEA ni el gobierno de los Estados Unidos se preocupa por los derechos humanos del pueblo mexicano.

 

   Denunciamos también a la OEA como instrumento político del imperialismo yanqui. Mientras hacen campañas durante semanas contra la Venezuela Bolivariana. Ningún organismo internacional se pronuncia preocupado por la crisis humanitaria del pueblo oaxaqueño, ni por la clara violación de derechos humanos por parte del Estado Mexicano,  ni mucho menos por la ausencia de democracia en un país que no solo es de los más violentos del continente sino que además no respeta el derecho a la protesta social. El gobierno de los EEUU es cómplice de este Narco Estado asesino, y en consecuencia, su ?ministerio de las colonias?, la OEA también.

 

   Desde las más de 400 organizaciones de 24 países del Continente y el Caribe que hacemos parte de ALBA Movimientos EXIGIMOS:

 

    Al Gobierno Mexicano que cese de manera inmediata la represión, las agresiones y los asesinatos en con tra del movimiento magisterial.

    Apoyamos la exigencia de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de renuncia de los responsables políticos de esta masacre: el presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer; así como también la del secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y del actual gobernador de Oaxaca, Gabino Cue.

    Instalación de una Mesa de diálogo nacional, entre los miembros del magisterio y las autoridades mexicanas competentes para da una solución a este conflicto.

    Liberación de los presos políticos del magisterio mexicano.

    Alto a la campaña de criminalización mediática y la represión de la protesta social.

    Investigación y castigo a los culpables de los asesinatos de manifestantes.

    A los organismos internacionales, a los gobiernos y pueblos del Continente y del mundo, que no permitamos que se invisibilicen actos tan horrendos como los que están aconteciendo en México, y que exijamos justicia y plenas garantías para el derecho ciudadano a lucha y protesta social.

21 de junio de 2016