En días pasados hemos asistido a algunos actos de intimidación contra la ciudadana dominicana Sonia Pierre, ya sea destruyendo su fotografía de la exposición pública en el Parque Independencia, donde se la considera entre las 100 mujeres dominicanas representativas de nuestra sociedad, así como la amenaza de nulidad de su condición de nacional dominicana por supuestas irregularidades en la tramitación de la misma hace 43 años.

Estas agresiones se suman a una larga lista de actos cometidos en su contra simple y llanamente porque Sonia Pierre ejerce desde hace varias décadas la defensa de los derechos humanos de la población dominico-haitiana, visibilizando la situación de la inmigración haitiana en República Dominicana y la defensa de las mujeres de los sectores más desfavorecidos del país, trabajo por el que es reconocida a nivel internacional por organismos como Amnistía Internacional y la Robert Kennedy Memorial, quienes han premiado su labor.

Si bien la destrucción de la fotografía en dos oportunidades no puede ser atribuida a alguien en concreto, en el caso de la nacionalidad cuestionada, el organismo de la Junta Central Electoral ha actuado a instancia de la Fuerza Nacional Progresista, partido político de perfil conservador que en muchas de sus actuaciones públicas no hace sino exigir arbitrarios recortes de derechos a las personas.

Ante estos hechos las organizaciones firmantes, manifestamos lo siguiente:

Recordamos al Estado dominicano su ineludible deber de protección a todas las personas que están bajo su jurisdicción. Sobre el particular y conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conviene recordar que el Estado dominicano ha asumido un conjunto de obligaciones jurídicas en torno al derecho a la nacionalidad.

La primera, es la obligación general de protección de todas las personas que se encuentran en su territorio, la misma que debe ser igualitaria, efectiva y sin discriminación. Es decir, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos y libertades, así como la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los mismos a todas las personas que estén bajo su jurisdicción, tal como lo establece el Artículo 1.1 de la Convención Americana y el Artículo 8 de la Constitución dominicana.

La segunda, es la obligación de armonización que requiere que la Constitución y las leyes sean conformes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por ello, todos los órganos constitucionales y en particular la Junta Central Electoral están prohibidos de realizar actos o regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios que vulneren los derechos fundamentales de las personas, en este caso el derecho a la nacionalidad de todos los dominicanos de ascendencia haitiana.

Y por último, la obligación de prevenir y evitar la apatridia, por el cual el Estado dominicano debe otorgar la nacionalidad a todas las personas nacidas en su territorio, que de otro modo quedarían en condición de apátridas, conforme al párrafo 143 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, del 8 de septiembre de 2005.

Rechazamos el uso por parte del Estado de medidas de intimidación incompatibles desde todo punto de vista con las buenas prácticas de un Estado Democrático y de Derecho, más aún cuando las agresiones contra Sonia Pierre tienen un contenido claramente racista, xenófobo y discriminatorio, dirigido a su persona como mujer, como afro descendiente y como dominico haitiana, contraviniendo expresamente las normas de la Convención contra el Racismo, la Discriminación y la Intolerancia y lo estipulado en la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

Hacemos un llamado a todos los Partidos Políticos, recordándoles que deben operar como medios necesarios para el funcionamiento del sistema democrático, expresando el pluralismo político, económico, social y cultural, que posibilite la integración entre gobernantes y gobernados. Deben, por tanto, adecuar su funcionamiento al respeto de los valores y principios constitucionales.

Condenamos y rechazamos la acción política de la Fuerza Nacional Progresista, ya que su actividad busca vulnerar los principios democráticos y los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, quebrantando la paz social.

Afirmamos la imperiosa necesidad y exigibilidad de construir una política migratoria sobre bases justas y respetuosas de los derechos fundamentales de todas las personas, partiendo de acuerdos binacionales de regulación del proceso migratorio a largo plazo, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Demandamos al Estado y a algunos sectores de la sociedad dominicana abandonar el discurso alarmista y excluyente sobre el tema migratorio, dado que imposibilita un planteamiento que aborde realmente el fenómeno de la migración y el problema de la xenofobia, y que incita opiniones carentes de argumentos razonables y totalmente irrespetuosos de la dignidad de las personas.

Finalmente,

Exigimos, al Gobierno tomar inmediatamente las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de Sonia Pierre, su familia y la de las y los integrantes de MUDHA (Movimiento de Mujeres Dominico Haitiano) organización que desde hace más de 20 años lucha por los derechos de las mujeres y su integración en términos de igualdad a la sociedad dominicana.

Santo Domingo, 11 de abril de 2007

Enviar mensajes de adhesión a: ochycuriel@yahoo.com