Se presentó públicamente ayer el Juicio Ético al Parlamento paraguayo, una herramienta de poder del pueblo democrático para evaluar el actuar de los legisladores y legisladoras. La ciudadanía podrá acercar sus acusaciones, un grupo de fiscales las estudiará, los legisladores tendrán un periodo de defensa y un tribunal dará un veredicto final.

   En un evento histórico de participación democrática, ayer arrancó el proceso de enjuiciamiento popular y ciudadano sobre los miembros del Poder Legislativo. Si bien hay muchos antecedentes de juicios ciudadanos, es la primera vez que el cuerpo legislativo se sentará en el banquillo de acusados.

   A las 10 de ayer miércoles, en el local de la Central Nacional de Trabajadores(CNT), la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia presentó en qué consistirá el procedimiento, sus plazos y detalles de formalidad.
 
   En la jornada se conoció también a los notables de la sociedad que serán los jueces, en total seis, los historiadores Ignacio Telesca y Margarita Durán, el jurista Luis Lezcano Claude, el educador popular Dionisio Gauto, la politóloga Line Bareiro y el lingüística Bartomeu Meliá.

   Tras el lanzamiento oficial, seis organizaciones sociales presentaron las primeras acusaciones contra el Parlamento, entre las que resaltan la aprobación de leyes contrarias al interés popular, el uso clientelar de sus cargos, la autoasignación de sueldos altísimos y el uso arbitrario de la figura constitucional del juicio político.

¿Cómo será?

  El Juicio Ético tendrá cuatro estapas, la primera empezó ayer al abrirse el periodo para que la ciudadanía presente por escrito las acusaciones que tenga hacia los parlamentarios y parlamentarias. Lo podrá hacer hasta el 8 de octubre del corriente año.

   También arrancó el trabajo del Equipo de Indagación, que estudiará las acusaciones que lleguen y con potestad de agregar otras nuevas. Las investigaciones se realizarán hasta el 22 de octubre de este año.

    Desde ese momento, los miembros del Parlamento podrán ejercer su derecho a la defensa, para lo que contarán con un mes. Si deciden no elegir defensor, el Juicio Ético le proporcionará uno.
   El 22 de noviembre, finalmente, el tribunal de notables evaluará las acusaciones y la argumentación de la defensa, para adoptar un veredicto. De ser acusado como culpable el Parlamento, más que punitiva, la sentencia tendrá un valor simbólico-político.

Antecedentes

   Dionisio Gauto relató ayer la historia de los juicios ciudadanos desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 hasta hoy. El primero fue en 1992 contra la impunidad en el local del colegio Salesianito, el segundo fue en 1995 contra el ex jefe policial estronista Ramón Duarte Vera, en la vieja sede de la Municipalidad de Asunción de la calle Haedo.

   El tercero fue en 1996 contra el dictador Alfredo Stroessner, en el tinglado de la iglesia de La Recoleta, y en los posteriores años las Contralorías Ciudadanas realizaron otros en Ca'aguazú, San Pedro y otras ciudades, contra la corrupción en las administraciones municipales.

   Uno de los últimos juicio populares se hizo contra la empresa de semillas Delta Pine -después adquirida por la Monsanto- por haber arrojado semillas de algodón descompuestas que intoxicaron a dos poblados de la compañía Rincon'i de Ybycu'i y causaron la muerte de 35 personas hasta hoy.

Más información: www.juicioeticoalparlamento.com