Ubuntú: Yo soy porque nosotros somos
Bogotá, mayo 21 de 2012
 
DECLARACIÓN FINAL
 
Más de 500 mujeres y hombres de Organizaciones Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales y Consejos Comunitarios reunidos en Bogotá, entre los días 17 y 21 de mayo de 2012,
 
Reconociendo:
 
1.       Que las luchas históricas del Pueblo Negro colombiano han logrado el reconocimiento de nuestros derechos, a pesar de la discriminación racial y el racismo, expresados en exclusión en las decisiones que nos afectan, en el acceso a derechos y en el respeto por nuestra diferencia cultural.
2.       Que resultado de esas luchas son las políticas estatales para las comunidades negras, en especial la Ley 70/93 y las normas internacionales que han representado un avance en la organización y espacios de defensa del territorio, etnoeducación, desarrollo cultural y relación con otros actores, tanto en espacios urbanos como rurales.
3.       Que dichos avances contrastan con una situación de emergencia humanitaria para comunidades afros, en especial las que han liderado procesos de denuncia y exigencia de derechos frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, amenazas de muerte y despojo de territorios), por agentes estatales en connivencia con grupos paramilitares y neo-paramilitares, así como por grupos insurgentes, con especial afectación en las mujeres, la niñez y la juventud, e impactos en las formas organizativas propias y ancestrales.
4.       Que el Gobierno insiste en políticas contrainsurgentes y antidrogas que violan el principio de distinción y han significado una mayor militarización de nuestras comunidades urbanas y rurales, la criminalización de la protesta social, y el uso indiscriminado de fumigaciones a cultivos de uso ilícito, afectando la seguridad alimentaria y la biodiversidad, bombardeos que dejan como resultado extensas zonas rurales sembradas de minas antipersonal y artefactos sin explotar, que han causado muertes y discapacidad permanente entre nuestras comunidades.
5.       Que pese a decisiones de la Corte Constitucional, órganos internacionales de derechos humanos y esfuerzos de las organizaciones afrocolombianas, las acciones estatales siguen sin cumplirse en contravía de los compromisos internacionales ratificados por Colombia.
6.       Que la persecución y represión obedecen a intereses de poderosos sectores económicos de empresas multinacionales (turísticas, extractivas, de agro-negocio), que ven la posibilidad de expandirse a costa de la destrucción de nuestra cultura. Esta nueva colonización niega los requisitos de la consulta previa, libre e informada y el consentimiento que, como comunidades étnicas, nos es reconocido por el OIT 169 vigente en Colombia.
7.       Que los espacios de interlocución con el Estado establecidos por la Ley 70, que crearon las consultivas departamentales y la Consultiva de Alto Nivel se fueron burocratizando y cooptando por el gobierno, impactando la autonomía y la promoción, respeto y protección de derechos.
8.       Que las decisiones de dichos hombres y mujeres consultivos han avalado la aprobación del decreto reglamentario de la ley de víctimas y restitución de tierras que, de manera ilegítima, han sido aprovechados por el Estado para hacer aprobar “consultas” como el Plan Nacional de Desarrollo y la ley sobre acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional.
9.       Que las mujeres Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras continúan careciendo de representación y reconocimiento, tanto en los espacios propios de toma de decisiones dentro del movimiento social afro, como en los espacios de interlocución con el Estado, pese a su papel en la lucha y la resistencia pacífica y a soportar desproporcionadamente los impactos de la violencia, el conflicto armando interno y las diferentes formas de opresión patriarcal.
10.    Que el gobierno no ha adoptado las medidas para otorgar la autonomía y respeto de derechos que corresponden al pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés, que soporta el despojo del territorio, capacidad de decisión y autogobierno por los intereses geoestratégicos y económicos de Colombia respecto habitantes ancestrales de las Islas.
11.    Que a más del despojo por grupos paramilitares, políticos locales, grupos económicos y autoridades, las políticas erráticas gubernamentales, han generado conflictos interétnicos entre comunidades negras, campesinas mestizas, y pueblos indígenas, en que la ausencia de reforma agraria y del cumplimiento de decisiones de órganos internacionales de derechos humanos no puede hacerse en detrimento de los derechos de las comunidades negras.
12.    Que los megaproyectos avalados por el Tratado de “Libre Comercio” entre Estados Unidos y Colombia, generan divisiones entre comunidades, cooptación, falta de transparencia sobre concesiones, expansiones y pago de obligaciones fiscales de las empresas, que desconocen y profundizan los abusos de derechos humanos contra dirigentes sindicales y sociales y la pérdida de territorios.
 
Resuelven:
 
1.       Declarar nuestra firme decisión de continuar las acciones de formación, organización, movilización y lucha como pueblo afrocolombiano en la defensa de nuestros derechos étnicos, políticos, territoriales y culturales, en el ejercicio de los mandatos ancestrales de dignidad, alegría y convivencia pacífica en la sociedad.
2.       Exigir al Estado la reglamentación de los artículos pendientes de la Ley 70, así como de hacerse parte de las disposiciones del Artículo 14º de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el cumplimiento irrestricto e inmediato de las órdenes de la Corte Constitucional respecto de población Afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, y de medidas de protección efectivas sobre los territorios, las lideresas y los líderes afros que se hallan amenazados de muerte por las partes en el conflicto armado.
3.       Afirmar nuestra decisión de no renunciar a nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación integrales, lo que significa nuestro firme rechazo al procedimiento y el contenido de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y decreto reglamentario, en la medida en que no fueron consultados debidamente con las propias organizaciones y personas victimizadas. 
4.       Declarar que estaremos poniendo a consideración del Gobierno y del país, un Protocolo de Consulta Previa, libre e informada y consentimiento, a toda medida legislativa y administrativa, como los títulos mineros, las decisiones sobre aprobación de informes de impacto ambiental, cuotas de acceso a la educación superior, medidas de reparación, verdad y justicia a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, entre otras.
5.       Ante la degradación y profundización del conflicto armado interno, hacer un llamado a la búsqueda de espacios humanitarios para la protección de nuestras comunidades, la desvinculación y uso de nuestra niñez y juventud por grupos y fuerzas armadas, reafirmando nuestra postura de ser incluidos plenamente en propuestas encaminadas a lograr un proceso de paz integral, más allá de la desmovilización, desarme y reinserción de actores armados y que tome en consideración los factores estructurales del racismo y la discriminación, opresión y represión contra nuestras comunidades étnicas.
6.       Rechazar las pretensiones de empresarios nacionales y extranjeros de continuar el despojo y desplazamiento forzado de comunidades urbanas y rurales, demandar medidas de remedio a los daños ambientales y sociales infligidos por la explotación irracional de nuestros recursos naturales y de la biodiversidad, y exigir la aplicación de procedimientos de consulta previa, libre e informada para la implementación de megaproyectos agrícolas, mineros, petroleros, turísticos, pesqueros, de infraestructura o de otra índole en nuestros territorios.
7.       Llamar la atención para que los Consejos Comunitarios y las organizaciones étnico-políticas asuman la denuncia de actos de violencia y violaciones de los derechos humanos contra las mujeres y las niñas, en especial los abusos sexuales, tales como violación, acoso sexual, embarazos indeseados en niñas menores de 14 años, y se dé visibilidad a estos delitos, cometidos por la fuerza pública y otros actores armados y exigir la investigación y sanción a los perpetradores de estos crímenes de guerra.
8.       Dado que los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos contra nuestras comunidades son mayoritariamente responsabilidad de agentes del Estado, por acción y por omisión, en alianza con grupos paramilitares, acudiremos a nuestro legítimo derecho a la reparación judicial, sin menoscabo de las acciones de reparación administrativa a la que deseen recurrir aquellas víctimas de grupos guerrilleros, como actores ilegales, contemplados en la Ley 1448 y el Decreto 4635, ante las cuales demandaremos espacios de información, orientación y formación dirigida a las personas, familias, comunidades y organizaciones victimizadas, así mismo, decimos que es deber del Estado disponer de funcionarios capacitados para la atención de nuestras demandas.
9.       Demandar el respeto del Estado a los espacios, organizaciones y mecanismos locales, regionales y nacionales, representativos de las comunidades negr