Trabajadoras y trabajadores de las Américas, representado por su organización continental, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), nos reunimos en Cartagena, Colombia, el día 12 de abril de 2012, para debatir sobre la situación  de nuestros países y hemos adoptado esta Declaración ante la VI Cumbre de las Américas. La misma se produce en el marco de los debates que el movimiento sindical de la región viene manteniendo rumbo a la realización del segundo Congreso de la CSA, que se realiza entre el 17 y el 20 de abril próximo en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, y que reúne a más de 250 delegados de 59 organizaciones sindicales de 27 países del continente representando a más de 50 millones de trabajadores.
 
La coyuntura económica regional desde la visión de las y los trabajadores 
 
La región ha presentado en los últimos años un contexto económico que distingue dos grupos: los países de Sudamérica creciendo a un ritmo más acelerado y los países de América del Norte, Central y Caribe creciendo más lentamente, tal vez con las excepciones de República Dominicana y Panamá. Mientras que la crisis mundial afectó con mucha más fuerza a los Estados Unidos y las economías de la región dependientes de su mercado.
 
La opción de algunos países por políticas de aumentos de los salarios mínimos nacionales, los varios programas de transferencia de ingresos y las inversiones en infraestructura, pueden explicar fundamentalmente los resultados económicos más positivos.
 
Por otra parte, los países que continúan manteniendo políticas fiscales y monetarias restrictivas al crecimiento, priorizando el ajuste fiscal y tasas de interés elevadas, impidieron con ellas que el crecimiento económico combine la reducción de las desigualdades sociales con el montaje de un Estado que asegure servicios públicos universales y de calidad.
 
En este contexto consideramos que el camino acertado es fortalecer el papel del estado con la perspectiva de la inclusión social y profundizar el proceso de integración regional para la superación de la crisis. Y en el caso de los Estados Unidos, pedimos definiciones y medidas más rápidas y la superación del impasse político, que ha trabado el avance más enérgico para superar la crisis social y política. Esto, además, es importante para el futuro de los países latinoamericanos y caribeños más dependientes de la economía estadounidense.
 
Consideramos que existe también una importante agenda de debates y definiciones fundamentales para una nueva estrategia de desarrollo en las Américas. El primer punto fundamental se refiere a la cuestión fiscal pues la carga impositiva en la mayor parte de nuestros países es insuficiente para asumir la inversión en la extensión de los servicios públicos básicos y de calidad para la población. Y cuando ella es suficiente, proviene de un sistema de impuestos centrado en el consumo y no sobre las ganancias, que provoca una carga tributaria fuertemente regresiva, y gran parte de los recursos recaudados son transferidos para el pago de intereses y servicios financieros.
 
Es importante remarcar que, como propulsor de la demanda, el gasto corriente del gobierno también es motor de la actividad económica. Es la garantía de la oferta de servicios como educación, salud, asistencia social, entre otros, de forma universal y de calidad. No alcanza con construir edificios – como escuelas y hospitales, por ejemplo – si al mismo tiempo no se contratan con remuneraciones y condiciones de trabajo dignas, a profesores y auxiliares, médicos y enfermeros, entre otros profesionales.
 
Al mismo tiempo, sólo el crecimiento económico no garantiza desarrollo social y ambiental sustentable. Este debe ser acompañado por políticas de generación de trabajo decente, protección social, distribución justa del ingreso y políticas ambientales.
 
La crisis y la especulación han explicitado también el problema cambiario que vive el continente. Es preciso reconfigurar la cuestión cambiaria en la región, considerando los procesos de integración regional en curso. Es necesario volver a regular las finanzas y los flujos de capital, dejando atrás los años de la liberalización que dejaron expuestos a los países. Este sistema ofrece ventajas a los aplicadores internacionales, volviendo más caros los costos de las inversiones productivas a nivel de los países de la región.
 
La desregulación de la economía, la liberalización financiera y comercial y, en particular, la flexibilización laboral, son la raíz de la actual crisis. Revertir esos mecanismos que nos condujeron a una situación explosiva es fundamental para viabilizar la construcción de alternativas de desarrollo económico en que el dinamismo y la sostenibilidad convivan con el crecimiento, la distribución del ingreso y la generación de trabajo decente.
 
Finalmente denunciamos que en material de inversión extranjera directa en América Latina, se constata la presencia en muchos sectores de innumerables empresas transnacionales en circunstancias que les dan privilegios en materia jurídica, laboral, arancelaria y impositiva. Exigimos a los gobiernos que respeten y hagan respetar nuestros derechos laborales, económicos, sociales y ambientales, las normas nacionales e internacionales ante los abusos y explotación salvaje de nuestros recursos naturales por parte de las transnacionales.  En especial, es urgente disponer la solución a los impactos contra el medio ambiente, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se ven forzadas al desplazamiento y al despojo de sus territorios.
 
La evolución de la política en las Américas
 
Los cambios políticos, económicos y sociales que tuvieron lugar en varios países latinoamericanos representan la oposición a las políticas neoliberales implementadas desde los años 80. Esta transformación fue fundamental para enfrentar la crisis actual. Los que, como Brasil, por ejemplo, lograron resistir al sismo financiero, adoptaron medidas de preservación de la inversión pública, empleo, consumo y producción. Sin embargo, la recesión fue profunda en la mayoría de los países que adoptaron medidas conservadoras de recortes de gastos y reducción de salarios y empleos.
 
Los cambios señalan el ascenso de fuerzas políticas y sociales que buscan formas de organización y representación distintas al Consenso de Washington. Estas corrientes tienen su origen en el enfrentamiento al neoliberalismo y la conformación de amplias alianzas que reunían sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas, mujeres, organizaciones no gubernamentales y partidos.
 
La polarización política entre lo “nuevo” y lo “viejo” fue evidente en varios de estos países que eligieron gobiernos progresistas. En muchos de ellos, los grupos conservadores apelaron a intentos golpistas y movimientos de secesión, entre otros métodos ilegítimos. Estas campañas articuladas por las derechas contaron con la ayuda de la gran prensa escrita y televisiva, que viene ampliando su papel de principal “partido de oposición” a los gobiernos progresistas del continente.
 
El reto para las y los trabajadores es contribuir para que las transformaciones económicas, políticas y sociales se vuelvan estructurales y permanentes. En lo que se refiere a la democratización de las relaciones de trabajo, hay mucho que hacer. Fueron pocos los gobiernos que realmente promovieron políticas para fortalecer el papel de los sindicatos en la sociedad como actores del desarrollo y de la distribución del ingreso, además de la promoción de la democracia.
 
Existen contradicciones entre los gobiernos progresistas en lo que se refiere al diálogo social. De forma general, la cultura política y de las relaciones laborales en las Américas son autoritarias. No existe una tradición de concertación y las pocas experiencias actuales de promoción de diálogo social son frágiles. La plena libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva todavía son una utopía en muchos países. La actividad sindical implica arriesgar la vida en lugares como Colombia, Honduras y Guatemala. También en los Estados Unidos hay grandes retrocesos, como la ley que prohíbe la sindicalización de los y las trabajadoras del sector público en Missouri.
 
Hay un déficit democrático a ser superado con promoción del respeto a los derechos humanos, libertad de organización y mecanismos de consulta popular. La movilidad social, que se ha ampliado en varios países de la región, presenta también a los sindicatos el desafío organizativo de los grupos sociales que representan factores importantes en la economía y en el mundo del trabajo.
 
Apreciamos y respaldamos el proceso de construcción de diferentes entidades e instancias para facilitar la integración en la región y señala que es fundamental la presencia del movimiento sindical en estas dinámicas. La arquitectura que se adelanta a través de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y la constitución de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) dan cuenta del proceso de búsqueda de una respuesta regional articulada, muy conveniente e importante en tiempos de crisis y turbulencias globales. Expresamos preocupación por el retraimiento de otros procesos tradicionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
 
Deploramos la exclusión de Cuba de estas Cumbres y el veto explicito de los Estados Unidos a que sea invitada. La lógica de la guerra fría ha acabado hace 20 años en el mundo, es inconcebible el mantenimiento del bloqueo a Cuba y la exclusión antidemocrática del país hermano en foros internacionales como esta Cumbre y la OEA.
 
A 30 años de la tragedia de la Guerra de las Malvinas, pedimos a los presidentes de la VI Cumbre de las Américas que se pronuncien por la apertura del diálogo entre Argentina y el Reino Unido, para encontrar una salida diplomática al justo reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, con base al principio de la integridad territorial.
 
En América Latina y Caribe luego de décadas de dictaduras y guerras fratricidas, la mayoría de ellas originadas y alimentadas por la guerra fría, se vive un período de estabilidad con procesos democráticos más establecidos, aunque en algunos países se registran procesos de criminalización de la lucha social.
 
No podemos dejar de señalar el grave atentado a la democracia, los derechos humanos y la estabilidad regional que constituyó el golpe de Estado en Honduras, en junio de 2009. Para el sindicalismo de las Américas se dejó claro que los intereses más retrógrados de nuestros países y sus articulaciones con sus socios trasnacionales, no dudarán en actuar contra la democracia y los pueblos cuando sus intereses se pongan en entredicho. Ese acto vergonzoso todavía no ha sido superado. Los criminales que irrumpieron contra la democracia están libres e impunes y ampliaron su poder e influencia a través del gobierno ilegítimo y cómplice al que dió paso el régimen de facto.
 
Aunque la mayoría de los países del continente ha ratificado los Convenios 87 y 98 de la OIT, en muchos de ellos la libertad sindical y la negociación colectiva son letra muerta, ya sea porque la legislación pertinente distorsiona estos convenios o por la violencia profunda e impune. En estas condiciones, será imposible que la región avance hacia la creación de trabajo decente para todos y todas. El ejercicio pleno y universal de estos derechos sigue siendo una deuda de la mayoría de los gobiernos de la región. Llamamos la atención de los gobiernos que se reivindican de izquierda en América Latina, pero consideran la acción sindical y a los sindicatos como corporativos y desconocen las libertades sindicales. Por otro lado, estos gobiernos buscan cooptar al movimiento sindical o tratan solo con aquellos que los apoyan sin restricciones. La independencia y autonomía del movimiento sindical, es una condición necesaria para el avance de los proyectos progresistas y de izquierda.   
 
La libertad sindical y la negociación colectiva, nuestra prioridad ante el sistema interamericano.
 
Para afianzar la paz social y alcanzar niveles superiores de desarrollo humano, es imprescindible reconocer la legitimidad de las organizaciones sindicales y su participación en la determinación de las condiciones de trabajo e incidencia y en la adopción, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Sin libertad sindical, no hay democracia ni acceso a derechos en el trabajo. Es responsabilidad de cada Estado proteger los derechos de los trabajadores a nivel nacional,  regional y en el marco de instituciones internacionales.
 
Denunciamos que el continente americano sigue