Colombia: campesinos amenazados en sus derechos

2005-06-17 00:00:00

0512ACOL (ARC0506)

10.06.05

En la región del Magdalena Medio está ocurriendo una amplia campaña de agresión estatal y paraestatal en contra de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC. Los dirigentes de la ACVC están siendo criminalizados; contra algunos de ellos se emitieron órdenes de captura y los Srs. Àlvaro Manzano, Reinaldo Restrepo y Hernando Agudelo Rodríguez han sido detenidos. La región sufre con un bloqueo alimentario y sanitario. Las agresiones tienen por objeto impedir que la ACVC siga su lucha por levantar la suspensión de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Cimitarra, creada en diciembre del 2002, y suspendida mediante una resolución expedida sin que fuera aprobada por la junta directiva del INCORA, tal y como lo declararon por escrito las delegada y los otros dos delegados campesinos en ella, en abril de 2003. La ZRC integra a más de 25 mil campesinos en un proceso de desarrollo integral y defensa de los derechos humanos. En las acciones en contra la Asociación están involucrados sectores del Estado Colombiano. Las acciones atienden a intereses de grupos paramilitares, ganaderos y terratenientes del Magdalena Medio, quienes ven en la ZRC un obstáculo al proceso de usurpación violenta de tierras.

Ante esta grave situación de violación de los derechos humanos, es muy importante presionar a las autoridades colombianas para que tomen medidas urgentes para respetar, proteger y garantizar los derechos de las familias campesinas de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Cimitarra. Por favor, envíe cartas al Presidente de la República, con copia para el gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). Informe también a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC.

Antecedentes

En Colombia cerca de tres millones de campesinas y campesinos han sido desplazados violentamente de sus tierras, lo que empeora aún más la injusta distribución de la tierra. Hoy ocurre un proceso de reconcentración de las tierras en áreas mayores a las 2 mil hectáreas. Este proceso ha sido concomitante con el incremento del desaprovechamiento de las tierras aptas para la agricultura y el aumento exorbitante de tierras agrícolas dedicadas a la ganadería extensiva, así como con la imposición de plantaciones de palma africana.

Los campesinos han resistido a esta situación organizándose y proponiendo políticas e instrumentos para garantizar su acceso a la tierra y proteger su forma de producción. Uno de esos instrumentos es la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), reconocida en la legislación colombiana. Para los campesinos, en el actual contexto de desplazamiento forzado, las ZRC son un importante instrumento legal para la protección de su territorialidad, la autogestión comunitaria del territorio, la protección de la economía campesina, la realización efectiva de la reforma agraria y la reconstrucción de la agricultura nacional.

Tras llevarse a cabo todos los procedimientos establecidos por las normas legales, entre ellos una audiencia pública con participación masiva, y activa presencia de entidades y expertos, el 10 de diciembre de 2002 el INCORA (antiguo instituto de reforma agraria) decretó la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra, cumpliendo así con uno de los acuerdos firmados por el presidente Andrés Pastrana durante el Éxodo Campesino de Magdalena Medio de 1998. La ZRC del Valle del Río Cimitarra es un proceso de desarrollo regional y de defensa integral de los derechos humanos, que integra a más de 25 mil campesinos de las áreas rurales de los municipios de Yondó, Remedios, San Pablo y Cantagallo.

En abril de 2003 la ZRC fue suspendida. El gobierno paso a atacar sistemáticamente la ACVC, incluso por medio de la creación de una organización paralela, apoyada por un senador, que representa los intereses de los grandes terratenientes. Los dirigentes están sufriendo persecuciones y encarcelamientos; la región sufre con boqueo alimentario y sanitario por la presencia militar y paramilitar y es afectada por las fumigaciones realizadas por el gobierno en el contexto de su política de combate a las drogas, financiada por el gobierno de Estados Unidos.

Mandato de la Red de Emergencia:

Colombia es Estado Parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y, por ende, está obligado a respetar, proteger y garantizar estos derechos a toda a su población. En virtud de esta obligación de derecho público internacional, el Estado colombiano debe adoptar medidas que aseguren el disfrute del derecho a alimentarse dignamente de los campesinos y las campesinas del país. El respeto y protección de los campesinos y campesinas y sus organizaciones y la garantida de su acceso a la tierra por medio del reconocimiento de la ZRC es obligación del Estado colombiano.

Fin de la acción: 22.07.2005

Direcciones:

Dr. Alvaro Uribe Vélez
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Carrera 8 n. 7-26
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá
Colombia
Fax: 0057 1-337 5890

Copias a:
Arturo Enrique Vega Varón
Gerente General de INCODER
Fax: 0057 1421 2852

ACVC
E-mail: cimitarra@mixmail.com

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Vía Campesina
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FIAN
Secretariado Internacional
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D – 69012 Heidelberg - Germany
Tel + 49 6221 6530
Fax +49 6221 830545
fian@fian.org

Informe a FIAN de cualquier respuesta a sus cartas!

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Dr. Alvaro Uribe Vélez
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá - Colombia

Excelentísimo Señor Presidente,

Recibí informaciones preocupantes sobre la campaña de agresión estatal y paraestatal en contra de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC. Los dirigentes de la ACVC están siendo criminalizados; contra algunos de ellos se emitieron órdenes de captura y los Srs. Àlvaro Manzano, Reinaldo Restrepo y Hernando Agudelo Rodríguez han sido detenidos. La región sufre con un bloqueo alimentario y sanitario. Las agresiones tienen por objeto impedir que la ACVC siga su lucha por levantar la suspensión de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Cimitarra, creada en diciembre del 2002, y suspendida mediante una resolución expedida sin que fuera aprobada por la junta directiva del INCORA, tal y como lo declararon por escrito la delegada y los otros dos delegados campesinos, en abril de 2003. La ZRC integra a más de 25 mil campesinos en un proceso de desarrollo integral y defensa de los derechos humanos. Sectores del Estado Colombiano han sido los responsables de las agresiones, atendiendo a las peticiones de grupos paramilitares, ganaderos y terratenientes del Magdalena Medio, quienes ven en la ZRC un obstáculo al proceso de expropiación violenta de tierras.

Colombia es Estado Parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y, por ende, está obligado a respetar, proteger y garantizar estos derechos a toda a su población. En virtud de esta obligación de derecho público internacional, el Estado colombiano debe adoptar medidas que aseguren el disfrute pleno de todos los derechos.

Como persona que trabaja a nivel internacional por el derecho humano a alimentarse, quisiera solicitarle que tome todas las medidas necesarias para:

- Levantar la suspensión de la ZRC y garantizar que los campesinos organizados en la ACVC puedan desarrollar la propuesta de ZRC, basada en el desarrollo integral y en los derechos humanos;

- Respetar y proteger a los derechos de los campesinos de la ZRC y los integrantes de la Asociación Campesina del Rio Cimitara – ACVC.

Por favor, manténgame informado de las medidas que tome a este respecto.

Atentamente,