El clamor generalizado contra la Ley Trole II exhibe buenas razones:
los procedimientos antidemocráticos para su promulgación, las
inobservancias a la Constitución, los afanes privatizadores sin
transparencia ni visión estratégica, las implicaciones para la
soberanía y el ambiente, los perjuicios económicos para el Estado, el
uso arbitrario de "participación ciudadana", entre otras. Desde los
ámbitos empresarial, político, profesional, pueblos indios,
organizaciones de mujeres, de trabajadores, de ambientalistas,
iglesia católica, y ciudadanía en general, se coincide en señalar como
trasfondo de esta compleja Ley la ambición desmedida de unas cuantas
personas,

Lo que en estos días está en juego no es sólo el acceso a la
presidencia o el control parlamentario, sino este tema estratégico
para el país en tanto compromete sus posibilidades de desarrollo y
equidad. En esta intensa coyuntura tiene especiales connotaciones la
acción de las mujeres congresistas, aunque su protagonismo haya sido
lamentablemente desdibujado.

Así, salvo en un reportaje de este diario que enfoca los ataques hacia
las diputadas (9/08/00), la prensa transmitió los hechos confundiendo
a agresores y agredidas, tratándolos de manera indiferenciada como
causantes de hechos bochornosos, mostrando fotos que inducían a
atribuir a las mujeres un rol conflictivo. Pero no sólo fue un sesgo
de la prensa, el propio Presidente de la República, lejos de condenar
tal proceder violento y antidemocrático de los socialcristianos,
reiteró su alineamiento con ese bloque, y dijo que hacia afuera no
queda la imagen de un pueblo "bueno, digno, aguantón" sino la de
"Cecilia Calderón agarrada de los pelos" (Hoy, 14/08/00, 3A).

Con este tipo de expresiones además se abonó deliberadamente al
descrédito del Congreso, buscando, más allá de toda crítica
justificada, su debilitamiento. En medio del desprestigio
sobredimensionado de esta institución, no se aprecian en su debido
valor los esfuerzos de las mujeres diputadas para impedir la
imposición de la Trole II, desde su compromiso con los intereses
nacionales.

En su tratamiento y en sus contenidos esta Ley ha implicado afectación
de derechos de las mujeres. El primero de agosto en el Congreso se
atentó contra un derecho Constitucional básico, el derecho a la
integridad física, psicológica y sexual de toda persona. Por otro
lado, las políticas públicas en el país han tendido a colocar a las
mujeres en el ámbito de lo social, minimizando así su calidad de
actoras económicas y su derecho de conocer y decidir sobre los asuntos
macroeconómicos. Nada más distante que esta Ley para promover
participación femenina y ciudadana, aunque contra toda coherencia
lleve ese nombre. Ha sido aprobada sin atender planteamientos expresos
de las mujeres, encaminados hacia el Congreso y hacia la Presidencia
de la República, y en ella se prevé concentrar el poder de decisión en
el Presidente, quien podrá disponer de bienes y recursos en un estilo
autoritario y excluyente.

Por estas y otras consideraciones hemos manifestado desacuerdo con la
Ley en su conjunto, subrayando que el empobrecimiento que conlleva
redundará, dadas las injusticias de género prevalecientes, en mayores
perjuicios para las mujeres, y que sus efectos comprometen la vigencia
de derechos económicos, sociales y ambientales, es decir aquellos
asuntos que sí deben constituir eje de una verdadera modernización.