Peticiones de CONIC, Marcha del 31 de marzo 2000

2000-10-12 00:00:00

1. Que el Congreso de la República emita LA LEY DE EMERGENCIA ECONOMICA,
que en su contenido regule la prohibición de prácticas de acaparamiento,
especulación, precios excesivos, ganancias inmoderadas de los artículos
de primera necesidad y los elementos de consumo y uso ordinarios, que
incluya víveres, ropa, calzado, medicinas, combustibles, gas propano,
materiales de construcción, herramientas, semillas y elementos agrícolas,
libros y útiles escolares y demás artículos que puedan ser considerados
vitales o primordiales para la vida humana y el normal desenvolvimiento y
desarrollo de las personas. Que el Congreso de la República cite, oiga y
pregunte a los funcionarios y autoridades encargadas de ejecutar las
leyes vigentes que prohíben el acaparamiento y la especulación. El
gobierno central debe coordinarse con las municipalidades ya que dentro
de sus funciones están las de creación, administración y regulación de
mercados locales minoristas y de mayoreo (artículo 40, literal "p", del
código municipal).

2. Dejar sin efecto las órdenes de desalojo, contra comunidades
mencionadas y agilizar la resolución de sus conflictos de manera
negociada o dialogada.

3. Dejar sin efecto las órdenes de captura contra dirigentes mayas y
campesinas, muchas de estas órdenes están basadas en ilegalidades que
produce violaciones gravísimas a los derechos humanos.

4. No criminalizar la lucha por la tierra, es un derecho inalienable de
los pueblos indígenas.

5. Concretar el cumplimiento de los acuerdos de paz, principalmente el
Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, porque es
preocupante el poco avance que tiene, calendarizando su cumplimiento
junto a las organizaciones de los pueblos indígenas. No debe engañarse
con la presencia de algunos indígenas en el gobierno, que no tienen la
representación de su pueblo, sino de su partido. PROMOVER UNA REFORMA A
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA, PARA RECONOCER LOS DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA.

6. Queremos recordar que las propuestas de Desarrollo no pueden seguir
olvidando la problemática de la tierra ni que se siga retrasando la
elaboración de una Estrategia de Desarrollo Rural que nos tome en cuenta
desde el principio, por eso vemos que la LEY AGRARIA viene a ser una
respuesta integral a nuestra problemática.

7. A raíz de la aprobación de la ley del FONDO DE TIERRA en el Congreso
de la República, la ley del INTA queda sin validez, lo que quiere decir
que no hay una LEY AGRARIA en el país. No podemos permitir que un Fondo
de Tierra ni instituciones reguladas sustituyan a una LEY AGRARIA, por lo
que se hace urgente y necesario trabajar una propuesta de ley, con
nuestra participación, pero que tome en cuenta la Cultura Maya y a la
mujer.

8. Que su gobierno defina claramente su política agraria y de
cumplimiento concreto de los ofrecimientos hechos y agilice los trámites
de los conflictos de tierras presentados, principalmente la titulación de
tierras nacionales, donde las comunidades han vivido por décadas.
Dejamos 4 meses para dar soluciones a conflictos en tierras nacionales.

9. Exigimos la ampliación del presupuesto del fondo de tierra a Q500.00
millones como mínimo anualmente.
10. Exigimos la ampliación del mandato de CONTIERRA, para facilitar la
mediación y negociación de conflictos presentados y debe accionar en lo
jurídico en los diferentes tribunales, para que las comunidades en
conflictos tengan un acompañamiento completo.

11. La ELABORACIÓN DE UNA LEY ESPECÍFICA DE SEGUROS Y DE PROTECCIÓN A
LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES frente a las sequías, las inundaciones u otro
tipo de catástrofes naturales, para que no continúen en el abandono y
enfrenten solos las inclemencias del tiempo.

12. Que se implemente una política de estímulo y de subsidio dirigida a
los pequeños productores que cada día trabajan duramente sólo para
subsistir.

13. Que implemente una política provisional de condonación de la deuda,
mientras se define una ley de protección y de seguro para los pequeños
productores que sufren pérdidas provocadas por los desastres naturales.

14. Renegociar la deuda, los intereses y el tiempo de pago con las
comunidades Agrarias de Nueva Cajolá, Santa Inés, Aztlán, San Roque,
Nueva Victoria y San Marcos Nisa.

15. AL FIS, FOGUAVI, FODIGUA Y FONAPAZ, sabemos que ésta es la única
medida que nos han dejado, ya que cualquiera de estos fondos tiene más
dinero que el FONTIERRAS, que bien podría beneficiar más a nuestras
comunidades, pero aún así planteamos la urgencia de que se agilice la
gestión de los proyectos presentados por las comunidades para que podamos
contar lo antes posible los servicios mínimos que merecemos como
ciudadanos de este país.