La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, expresa su preocupación por la tensa situación que existe en la Amazonía, debido a la negativa de las autoridades estatales a atender las demandas de los indígenas amazónicos. Por ello, exigimos que se dé respuesta a las demandas de los pueblos indígenas amazónicos y cese la represión.
 
Desde el 9 de abril, los indígenas amazónicos vienen protestando contra las normas que afectan sus derechos y contra la política del sector Energía y Minas. Sin embargo, la respuesta del Gobierno Central ha privilegiado la represión, disponiendo el Estado de Emergencia y la intervención de las Fuerzas Armadas. Estamos preocupados por las informaciones recibidas sobre la existencia de 9 indígenas heridos policontusos, 2 con heridas cortantes en el cráneo, de detenidos que en la actualidad se encuentran en libertad y de atentados contra el derecho a la vida, producto de la violenta represión del 10 de mayo, en Puente Corral Quemado de la ciudad de Bagua, Amazonas.  Los hechos ocurridos en la zona de Corral Quemado no conducen al diálogo, sino incrementan el conflicto. 
 
El año pasado, el gobierno emitió una serie de Decretos Legislativos que afectaban los intereses de los pueblos indígenas amazónicos sin llevar a cabo ningún proceso de consulta con ellos. De esta manera, se vulneró el derecho de consulta que contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por el Perú en 1993.  Igualmente, este derecho se encuentra en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, impulsada por el propio gobierno del Perú en el año 2007.
 
Las normas aprobadas por el gobierno coinciden con un acelerado proceso de concesiones mineras y petroleras en los territorios de las comunidades nativas.  De hecho, el Ministerio de Energía y Minas y PeruPetro actúan como si estuvieran ante un territorio deshabitado, generándose así numerosos problemas sociales con los primeros habitantes de la Amazonía. Debe señalarse que el propio Presidente Alan García ha mostrado un serio desprecio hacia la población indígena amazónica, denominándolos “perros del hortelano” y responsabilizándolos por la pobreza del Perú, al oponerse irracionalmente contra la inversión en sus tierras.
 
Por lo tanto, reiteramos nuestra exigencia que el Estado de Emergencia sea levantado y que se investigue los hechos de violencia antes señalados. Pedimos también que se tomen las medidas legislativas para asegurar que las normas aprobadas el año pasado sean derogadas.  La actual crisis amazónica es una oportunidad para que las autoridades peruanas establezcan un diálogo permanente con los indígenas de esta región, logrando que sus demandas legítimas sean escuchadas.