Organización Integrante del CUNGA
Comité Unitario Nacional de Gremios Agrarios

25 y 26 de SETIEMBRE del 2003

¡PARO UNITARIO NACIONAL AGRARIO!

La crisis agraria y la pobreza campesina han puesto en el banquillo a la política neoliberal
que aplica el gobierno de Toledo, que es la principal causa del abandono y marginación de la
agricultura y en particular de la economía campesina comunera.

El Paro Nacional, tiene como objetivo seguir generando las condiciones para abrir la
transición económica que posibilite un entorno favorable para impulsar el desarrollo de las
diferentes agriculturas del país.

El mensaje de la Premier Merino y del Presidente de la República del 28 de julio, poco o nada
han planteado para resolver la dramática situación que vive el agro. Por el contrario, sólo
hemos recibido un mensaje que sobrevalora lo poco que se ha hecho y que en realidad ha sido
resultado de la lucha del movimiento campesino y agrario.

NUESTRAS JUSTAS DEMANDAS

Al no haber el cambio de rumbo que el agro y el país esperaban, los productores agrarios y
campesinos tenemos el derecho de movilizarnos para que nuestras demandas sean atendidas. Por
estas razones, la VII Convención Nacional de CONVEAGRO, aprobó el Paro Unitario Nacional
Agrario para el día 25 de setiembre, así como también la destitución del Ministro de
Agricultura. El CUNGA, en su reunión del 13 de agosto ratificó estas decisiones, extendiendo
el paro a 48 horas, para los días 25 y 26 de setiembre.

Dentro de esta perspectiva la CCP ratifica esta convocatoria y plantea DECLARAR EN EMERGENCIA
EL AGRO, cuyas banderas centrales son los siguientes:

1. Incremento de la inversión pública hasta el 25% del Presupuesto General de la República,
del cual el 70% debe destinarse al agro de manera descentralizada, lo que significa
aproximadamente 1,750 millones de dólares. Esta inversión debe estar dirigida a la
producción agropecuaria que desarrolle las microcuencas, la transformación y
comercialización de los productos de las Comunidades Campesinas y pequeña agricultura. No
al recorte del presupuesto de los programas sociales. Incremento de la inversión pública
dirigida a la salud, educación y transporte del ámbito rural.

2. No a la Privatización del Agua. No a la entrega en concesión a empresas privadas. Por una
Ley que garantice el uso y el justo acceso al agua para los pequeños productores y
comunidades campesinas.

3. Precios justos para la papa, arroz, leche, carne de ovino y vacuno, fibra de alpaca, lana
de ovino y otros; a través de mecanismos de garantía que permitan mejorar los ingresos y
la rentabilidad de la economía campesina. Fondo de estabilización para los precios del
café, con el aporte de los exportadores y del Estado.

Pronta Reglamentación de la Ley de Compra de alimentos para que las instituciones del
Estado adquieran con precios justos los productos de la pequeña agricultura.

4. Rechazo al incremento del 18% al 19% del IGV. Por la reducción del IGV al 16%. En el caso
del agro el IGV debe reducirse al 4%.

5. Transformación de AGROBANCO en Banca de Fomento. Crédito suficiente (600 millones de
dólares) para atender en la primera fase a no menos de 200 mil productores. Establecer
préstamos con una tasa de interés efectiva anual no mayor de las que, en promedio, están
vigentes a nivel internacional y con garantía de la producción y no de la tierra. Crédito
a las Comunidades Campesinas.

6. Defensa de la producción nacional, cuya primera medida es elevar los aranceles de los
alimentos importados subsidiados en sus países de origen: Azúcar (130%), Maíz Amarillo
Duro (47%), Lácteos (87%), Trigo (50%), Carnes (30%), Algodón (67%), Aceite de Oliva
(105%).

7. No a la erradicación forzosa de la hoja de coca promovida por la DEA. Desarrollo integral
de las 14 cuencas cocaleras que garanticen el derecho a producir hoja de coca y el respeto
a la cultura de nuestros pueblos andinos.

8. Seguridad Jurídica que permita fortalecer los derechos a la tierra y territorio de las
Comunidades Campesinas y beneficiarios de la Reforma Agraria. Reglamentación de la Ley Nº
27887, que transfiere la tierra de los proyectos especiales de irrigaciones e
hidroenergéticos. Inmediata reglamentación de la Ley de Rondas Nº 27908 y corte de juicios
a los ronderos.

9. Derogatoria de la Ley de Tierras 26505, en especial el Art. 7º relacionado a la
servidumbre minera; la que promueve el desarrollo primario de la minería e hidrocarburos y
es contrario al desarrollo agrario y a los derechos de las poblaciones campesinas y
nativas

10. Defensa de los Recursos Naturales: No a la concesión de los recursos forestales a las
empresas transnacionales y privadas. No a la Privatización, ni concesión de las
Hidroeléctricas del Mantaro y Macchu Picchu, Gas de Kamisea para el desarrollo de los
pueblos del macro sur.

11. Descentralización en base a un desarrollo agrario y rural con suficientes recursos
económicos y democracia participativa.

12. Respaldo a la Comisión de la Verdad y mecanismos de implementación de sus conclusiones.
Sanción a los culpables y una justa reparación a las víctimas de la violencia política. No
al intento de militarización de las Rondas Campesinas y de los Comités de Autodefensa
Campesina. Levantamiento del Estado de Emergencia de los departamentos de Ayacucho,
Apurimac, Huancavelica.

MODIFICACION DE LA POLITICA ECONOMICA VIGENTE

Para la CCP la atención de estas demandas parten en primer lugar por modificaciones de la
política económica vigente, de la realización de una auténtica Reforma Tributaria y recorte de
privilegios, de la restitución de La Ley del Canon a la producción, y del incremento de los
aranceles. En el corto plazo estos recursos significarían 1,163 millones de dólares que
provendrían:

- 500 millones anuales de la Renegociación del pago de la Deuda Externa.

- 431 millones de dólares del cobro de impuestos que ha acotado la SUNAT y que no han
pagado ni las Empresas Eléctricas (US $ 290 millones ) ni la Empresa Minera Barrick (US
$ 141 millones).

- 72 millones de dólares que provendrían de la restitución de la Ley de Canon Minero.

160 millones de dólares que vendrían de la elevación a los aranceles.

Esta suma puede incrementase sustantivamente si recuperamos los 930 millones que debe el Banco
Latino y de los 300 millones de dólares que debe el Banco Wiesse.

Si hubiera voluntad de cambio de la política económica y no se defendieran los intereses de
los poderosos y los ricos, tendríamos los recursos necesarios, no sólo para atender las
actuales demandas de la población urbana y rural, sino para potenciar el mercado interno
nacional, así como también los mercados regionales y locales

GLOBALIZAR LA JUSTICIA Y LA ESPERANZA

Esta jornada nacional que busca fortalecer la unidad del conjunto de productores y campesinos
del país se inscribe también en la necesidad de que los pueblos agrarios e indígenas de la
Comunidad Andina de Naciones avancemos en nuestra integración política, económica, social y
cultural, que respete la soberanía y derecho de los pueblos. Ello nos permitirá enfrentarnos
con éxito a las políticas anexionistas que impulsa el imperio norteamericano a través del ALCA
y a las políticas militaristas como el Plan Colombia. La CCP, considera que ha llegado el
momento de reiterar nuestro compromiso de globalizar la justicia y la esperanza.

Lima, agosto del 2003

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL CCP

¡POR UN DESARROLLO DESCENTRALIZADO DEL PAIS Y EL AGRO!br
¡VIVA EL PARO UNITARIO NACIONAL AGRARIO!