Desde el 7 de julio recibimos la noticia de posible desalojo en las comunidades EL RENACIMIENTO y LAS FLORES, de 30 y 65 familias q’eq’chí, respectivamente, del municipio de Chaal, Alta Verapaz, buscamos la mediación de las autoridades competentes, sin embargo no hicieron absolutamente nada para detener dicho desalojo.
Desde las 5:45 de la mañana del día 8 de julio, 62 radiopatrullas de la Policía Nacional Civil, se hicieron presentes en la comunidad EL RENACIMIENTO, para esperar la presencia del Ministerio Público para ejecutar el desalojo.
Nuestra sorpresa es que el contingente de las radiopatrullas se dividió en dos partes, el segundo grupo se dirigió hacia la comunidad LAS FLORES, siempre del municipio de Chaal, para su desalojo también.
El desalojo de las dos comunidades es extrajudicial, porque la orden del juez competente señala el desalojo de la finca LA PRADERA número 5,422, folio 69, libro 93 de Alta Verapaz. La comunidad EL RENACIMIENTO, cuentan con documentos de la finca LA PRADERA número 270, folio 68, libro 52 de Alta Verapaz. De esta manera podemos demostrar que los jueces emiten órdenes de desalojos sin previa investigación, simple y sencillamente actúan por intereses económicos o de compadrazgo, corrupción.
A pesar de la contradicción de los documentos de la orden desalojo y los documentos de las comunidades, el representante del Ministerio Público ejecutó el desalojo de las 95 familias, justificando que “es una orden, hay que cumplir”. La injusticia contra los pueblos indígenas y el favorecimiento hacia los finqueros ladinos sigue a la orden del día.
EXIGIMOS LA INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRIARIOS, para la resolución de este conflicto, buscando el diálogo y no la violencia institucional hacia las comunidades mayas y campesinas.
EXIGIMOS A LOS JUECES que actúen con responsabilidad y profesionalismo, porque están